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Acusan de fraude a magistrada que liberó cuentas a esposa de García Luna

La magistrada federal del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amanda Roberta García González, aparece como tesorera de una empresa agropecuaria acusada de defraudar a, al menos, 11 personas, por casi 70 millones de pesos.

Alberto Limón Lasón González, quien es secretario del mismo Tribunal, sería el encargado de captar los recursos estafados a los inversionistas y, además, aparece también como socio y presidente del Consejo de Administración de la empresa agropecuaria.

Lo anterior fue dado a conocer por el periodista Zósimo Camacho en una investigación publicada en Contralínea, quien recuerda que, el pasado 21 de febrero, García González votó, junto a Rolando González Licona y Eduardo Baltazar Robles, a favor del desbloqueo de las cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna.

La empresa agropecuaria lleva el nombre de Corporación Rancho San José, SPR de RL de CV, asentada en 23 hectáreas del poblado y municipio Doctor Mora, en Guanajuato y, dice, dedicarse a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia Estados Unidos.

Según varias demandas penales y mercantiles, al menos 11 personas fueron defraudadas por cerca de 70 millones de pesos, sin contemplar los intereses moratorios y ordinarios que se han generado derivados del incumplimiento de pago.

Zósimo Camacho explica que, según información y documentos recabados, las personas defraudadas habrían entregado a Limón Lasón González sumas que van de los 460 mil a los 22 millones de pesos entre 2017 y 2022.

De acuerdo con un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, con fecha del 8 de octubre de 2018, consigna la realización el 27 de julio del mismo año de una asamblea ordinaria y otra extraordinaria para actualizar la representación de Corporación Rancho San José.

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Según el documento, los integrantes del Consejo de Administración, son:

  • Alberto Limón Lasón González – Presidente
  • José Ramón Martínez Zepeda – Secretario 
  • Julio Ricaud Garca – Tesorero

Y, del Consejo de Vigilancia, son:

  • Alejandra González Fernández – Presidenta
  • Roberto Limón Lasón Roldán – Secretario
  • Amanda Roberta García González – Tesorera

Lo anterior significa que la magistrada García González sería la encargada de vigilar y administrar los recursos que ingresan al Corporativo Rancho San José.

Las personas que se dicen defraudadas habrían concretado contratos con la empresa agropecuaria para invertir en ella, a cambio de recibir rendimientos mensuales de entre el 5 y 9%, además de tasas de hasta el 10% en caso de moratoria.

Magistrada omite información

La magistrada García González, señala el periodista Camacho, no declaró su participación en la empresa en la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses presentada en mayo del año pasado ante el Poder Judicial de la Federación.

El documento únicamente señala su posesión de siete bienes inmuebles que adquirió entre 1985 y 2017 por un total de 24 millones 198 mil pesos, principalmente de contado, así como tres vehículos de lujo.

Mientras tanto, Alberto Limón Lasón González es licenciado en derecho por el ITAM y, según su credencial expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, es “secretario del tribunal del 17mo. Tribunal Colegiado en Mat. Administrativa del 1er Cto.”.

El periodista indica que, en las redes sociales de ambos, “abundan las fotografías de reuniones familiares en las que ambos aparecen festejando cumpleaños o incluso, vacacionando. Y también, por separado, dan cuenta de una vida de lujo y derroche”.

Denuncias y fraude

Los defraudados señalan que Alberto Limón Lasón González se hace pasar por “legítimo propietario” del Rancho, aunque en realidad es socio mayoritario.

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Una de las denuncias, fechada en 2018, establece que el objeto del contrato es “crear una sociedad de inversión para la adquisición y producción de hortalizas”, medio por el cual recibió más de 3 millones de pesos.

El documento también asegura que, como resultado de la asociación, el asociante recibirá un rendimiento del 9% del valor de lo aportado.

Camacho revela que, según el Certificado de Historial Registral de la que posee copia, el predio ubicado en Guanajuato fue adquirido por la Corporación Rancho San José S de PR de RL de CV el 4 de septiembre de 2017.

El documento indica que la empresa estuvo representada en dicha transacción por Alberto Limón Lasón González y José Ramón Martínez Zepeda, y la propiedad fue vendida por Gerardo Gabriel González Fernández.

Lo anterior da cuenta de cómo Limón Lasón no es el propietario del rancho, sino socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración del Corporativo, pero oculta esa información a quienes invita a invertir.

El periodista menciona que, según algunos audios a los que tiene acceso, se escucha a Limón Lasón reconocer que ha recibido millones de pesos y asume que no tiene ya ese dinero. “¡Déjense venir…!” “¡Háganle como quieran, yo no voy a pagar nada!”, argumenta.

Señalamientos a García González

La magistrada ha estado envuelta en escándalos y polémicas a lo largo de su carrera en el Poder Judicial.

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En febrero pasado votó a favor del desbloqueo de las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, pese a que el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón ya había sido encontrado culpable en Estados Unidos por tráfico de droga y participación en una organización delictiva.

Linda Cristina Pereyra

El voto de la magistrada permitió a Pereyra Gálvez acceder a sus recursos y disponer de ellos, sin importar que estuviera denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, la esposa de García Luna cuenta con una demanda en su contra ante una corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, por una supuesta sustracción del erario en México de 745.8 millones de dólares y luego trasladarlos a Miami.

Además, en el 2000 amparó a los giros negros que habían sido cerrados por las autoridades del entonces Distrito Federal.

Como jueza sexta administrativa, concedió suspensiones provisionales y definitivas a favor de establecimientos que no cumplían con las leyes y en los que, se presumía, se venden drogas ilícitas y se cometen delitos como la trata de personas.

Por dicha polémica, la entonces delegada en Iztacalco, Diana Bernal, interpuso cuatro quejas administrativas en contra de García González ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero cuando la instancia desechó las acusaciones, la jueza fue promovida como magistrada.

García González recibe al año 5 millones 670 mil 717.48 pesos como magistrada, es decir, un promedio de 472 mil 559.79 pesos al mes. Por su parte, Limón Lasón González recibe 1 millón 786 mil 491.8 pesos, o 156 mil 374.32 pesos al mes.

A decir del periodista Zósimo Camacho, García González, como magistrada del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado, cuenta con un monto mensual bruto de la remuneración de 212 mil 340.29 pesos, lo que suma anualmente 2 millones 548 mil 83.48 pesos.

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Además, recibe un aguinaldo anual de 379 mil 572 pesos, una prima vacacional semestral por 62 mil 414 pesos, una prima quincenal mensual por mil 530 pesos, un Estímulo del Día de las Madres de mil 515 pesos, un seguro anual de vida institucional por 24 mil 716 pesos, seguro de separación mensual de 28 mil 369.72 pesos, un seguro de gastos médicos anual por 67 mil 129.36 pesos y un pago cuatrimestral por riesgo por 722 mil 259 pesos.

Lasón González, por su parte, recibe 103 mil 262.12 pesos mensuales brutos de la remuneración, aguinaldo anual de 192 mil 527 pesos, prima quincenal mensual de 618.75 pesos, prima vacacional anual de 32 mil 130 pesos, estímulo del Día de la Madre por mil 471 pesos, seguro de vida institucional anual de 12 mil 724 pesos, seguro de gastos médicos anual por 67 mil 129.36 pesos, ayuda de despensa anual de 14 mil 154 pesos y “asignaciones adicionales anuales” por 309 mil 786 pesos.

Polemón
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3 Comentarios

3 Comentarios

  1. Avatar

    Antonio

    7 mayo, 2023 at 3:03 pm

    Lo nuevo. Sería. Que el presidente, cumpliera su promesa de terminar con la corrupcion e impunidad, flagelo. Que continúa y con mayor descaro y cinismo. Lo grave es que la federación no hace nada y el presidente incumple con la ciudadanía, con sus promesas, el poder judicial protector de delincuentes. Y permito que una malechores lo doriga. Señor presidente cuando veremos qué si cumplió con sus promesas

  2. Avatar

    Armando G. Lagos Barba

    7 mayo, 2023 at 7:06 pm

    El sistema judicial mexicano… da asco. Pero no hay que solamente quejarse porque a nada lleva. Hay que hacer una completa reforma en un Constituyente a partir de 2024.

  3. Avatar

    JORGE ALEJANDRO AGUIRRE PARRA

    8 mayo, 2023 at 8:24 am

    Hay llantonio! El presidente es culpable de la mierda que dejó el prian en el poder judicial, ese poder judicial que uds llaman contrapeso, ese poder judicial que desde que llegó Norma Piña ha dejado salir a muchos delincuentes, curiosamente que son del prian, pero como ” anlo ez korructo i ez kulpavle d todo Zin ke tengamus pruevaz, solo xq nozotroz dsims” pues por eso “ganan las elecciones”, por eso la tienen hasta la garganta ahorita y por lo mismo no volverán a ver tus ojos su regreso!

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