La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Ismael Gómez Martínez ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.
La denuncia de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V. y del que no habría pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Cabe destacar que la cantante es dueña de la empresa que le realizó el depósito en cuestión.
Deberá comparecer
La también actriz fue citada a comparecer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte el próximo 23 de octubre a una audiencia inicial en la que los fiscales pedirán que sea vinculada a proceso. Trevi y su esposo tienen la opción de presentarse de forma virtual, no obstante, advirtió la autoridad el no conectarse a la diligencia sin justificación alguna, será buscada como una prófuga de la justicia.
Como se mencionó, la imputación en contra de la cantante se desprende de una investigación y denuncia realizada por la UIF desde el 8 de septiembre de 2021.
En dicha investigación, también se le acusó a la cantante de presunto lavado de dinero relacionado con un esquema a través del cual recibieron mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares.
Ese esquema presenta un comportamiento similar al de las “factureras” y comparten domicilio con otras compañías incluidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.
Las empresas en cuestión y que pertenecen a Trevi y su esposo son Fiona Inmobiliaria, S.A. de C.V., y Fuego con Fuego Representaciones.
Antecedentes
Tanto Gloria Trevi como Armando Gómez Martínez tienen antecedentes con la justica, pues la cantante hace años estuvo presa en Brasil y México por abuso de menores pero fue absuelta. Por su parte, el esposo de la interprete de “Cinco Minutos” fue detenido en 1998 cuando pretendía ingresar por Hidalgo, Texas, con una suma de 400 mil dólares sin declarar.
Tras declararse culpable por los delitos de conspiración e introducción ilegal de divisas, en 2005 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por la Corte Federal de McAllen.
