Cuando en 1994 Ernesto Zedillo Ponce de León llegó a la Presidencia de la República, una de sus primeras acciones fue desmantelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ex mandatario consideró que lejos de ser el tribunal constitucional que se esperaba, se había convertido en un órgano de tráfico de influencias.
Aunque, según los juristas, Alberto Rocha Arrieta y Guillermo Ruiz Morales, esa acción obedeció a que el nuevo presidente no estaba dispuesto a convivir con una serie de ministros que habían sido designados por su predecesor Carlos Salinas de Gortari, y quería influir ampliamente en las decisiones de la Corte.
Para solucionar ese problema, optó por disolver a la SCJN mediante una reforma que en primera instancia redujo el número de ministros, de 26 a 11 y posteriormente envió una lista de 18 candidatos al Senado de la República para que eligieran a los nuevos ministros. La medida fue calificada como un “golpe de Estado”, pero a final de cuentas encontró apoyo unánime dentro y fuera del mundo jurídico del país.
El ex presidente Ernesto Zedillo. Foto: Especial.
Durante su primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 1995, Ernesto Zedillo se refirió así a la reforma impulsada:
“Por primera vez en nuestra historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano genuinamente autónomo, electo por el Senado de la República. Reitero que se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del presidente sobre la Suprema Corte”.
Con esa reforma, la SCJN se revitalizó y comenzó a actuar como un auténtico tribunal constitucional, pero a casi 25 años de esa iniciativa, el máximo órgano de justicia ha vuelto a empantanar su imagen por los altos sueldos de sus funcionarios y el nepotismo que impera en la institución, pues se ha descubierto que algunos ministros tienen a familiares trabajando dentro del Poder Judicial.
La manera en que los ministros deciden las controversias que llegan a sus manos, no ha gustado a la mayoría de la población, y cada vez es más frecuente encontrarse en redes sociales quejas y reclamos a la impartición de justicia. Por ejemplo, a finales de noviembre del año pasado, la SCJN resolvió que las previsiones legales que permiten al Ministerio Público solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) datos sobre las cuentas bancarias de una persona investigada son inconstitucionales, mientras en países como Singapur se investiga el enriquecimiento inexplicable a través de las pesquisas del fiscal.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial
Con esa decisión, la Corte anuló de tajo la posibilidad de investigar a quienes lavan dinero o lo desvían.
Ante ese escenario, la renovación de todos los ministros de la SCJN vuelve a asomarse como una posibilidad, debido a que estos se han negado a reducir sus percepciones salariales, para cumplir el mandato del artículo 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador se fijó un salario mensual de 108 mil pesos, y los ministros perciben casi 600 mil pesos.
El senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, les dejó un mensaje a los ministros a través de su cuenta de Twitter: “si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como virreyes, habré de plantearle al presidente Andrés Manuel López Obrador que los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos ministros. Ernesto Zedillo lo hizo. AMLO también puede hacerlo”.
El senador Félix Salgado Macedonio. Foto: Especial.
Entre los principales cambios de la reforma que impulsó el gobierno de Zedillo a la SCJN se planteó que las propuestas del Ejecutivo para elegir a sus nuevos integrantes no fueran únicas, sino que enviara una terna que debe ser aprobada por las dos terceras partes del Senado, y que se definiera que el periodo en el cargo de los ministros pasara a ser de 15 años, pues antes eran prácticamente “inamovibles”, debido a que la ley no señalaba un periodo específico.
Además, la reforma a la Suprema Corte publicada a finales de 1994 plantea que su estructura se conforma por el pleno, con 10 ministros y un ministro presidente; y por dos salas, integradas cada una por cuatro ministros y un ministro presidente. También se estableció que los propios ministros de la SCJN elegirán, cada cuatro años, al ministro presidente. De hecho, el próximo 2 de enero se elegirá al reemplazo de Luis María Aguilar.
Otra vertiente de la reforma de Zedillo planteó que los 11 integrantes que renovaron por completo a la SCJN en 1995 terminaran su mandato de forma escalonada y que algunos duraran más de 15 años en el cargo. Dos ministros del máximo tribunal terminaron sus periodos en el cargo en 2003, 2006, 2009 y 2012. Los tres ministros restantes terminaron su cargo en 2015.
Entre los ministros que llegaron a la Suprema Corte en 1995 estuvo Olga Sánchez Cordero, quien dejó el cargo en 2015 y actualmente es la secretaria de Gobernación del gobierno de AMLO.
Margarita
2 marzo, 2019 at 11:26 am
Si hay un precedente de disolución con Zedillo, no veo porqué no se pueda volver a hacer con AMLO. Sería excelente jugada de las muchas que sus votantes esperan con ansiedad. Desafortunadamente en estos asuntos de poner orden de tajo, veo el actuar de Andrés Manuel muy similar al de Madero, cuando tuvo oportunidad de elegir a Felipe Ángeles en vez de Huerta como secretario de Guerra. Eligió a una persona corrupta pero para él era importante no moverle el tapete al ejército. En el caso de AMLO es pronto decirlo pero urgen acciones de tajo con muchos rufianes, entre ellos, la SCJN y a todas las familias y amigos bien acomodados en la capital y en los estados de la República. Ojalá no se le haga tarde.
Juan Ec Oc
29 agosto, 2023 at 12:56 pm
El ex ministro en retiro de la (SCJN), José Ramón Cossío, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador denueste y generalice negativamente sobre el Poder Judicial y consideró que si hay desviaciones y malos manejos del recurso, existe la posibilidad de denunciarlos y llevarlos ante la justicia o sea a una juzgado que depende de la SCJN. Es como decir que al ladrón sea juzgado por el mismo ladrón, ¿alguien piensa que se darán un balazo en el pie ellos mismos?, la solución es más a fondo y debería de invitarse a organismos internacionales especializados a que hagan una investigación independiente y si hay responsables, los pongan en la carcel. Lo que no admite duad son sus salarios y excesivas prestaciones que mientras más del 50% de los trabajadores ganan un salario minimo o menos ellos perciben salarios que alcanzan alrededor de 700 mil pesos mensuales más otras prestaciones como seguro médico, prima vacacional etc. Al margen de lo anterior en México la justicia no se imparte se compra, ejemplo el caso Salinas, evasor fiscal por 25 mil millones.