“No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos y sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento crítico, que impugna, contradice, controvierte, transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural y científica.”
No se engañen las clases dominantes:
somos una Revolución… Esta es nuestra bandera.”
-José Revueltas, 1968.
Antonio Castro
Una consigna permanente de la clase trabajadora es el derecho a la educación pública, gratuita, científica y popular. El acceso a la Universidad a sectores desprotegidos es una conquista histórica que abrió el espacio a hijas e hijos de obreros y asalariados para tener acceso a la educación superior digna y de calidad y mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, al pasar de los años, las luchas dentro de la universidad trascendieron buscando autonomía, de modo que los poderes económicos, políticos y religiosos, no tuvieran injerencia ni penetración en la vida interna de las universidades. Esto, para que existiera una sana libertad orgánica en sus procesos políticos, como sucedió en movimientos por la dignificación de la autonomía en los años 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado en las universidades estatales como nacionales. Aunque la verdad es que esta premisa nunca se cumplió a cabalidad, ya que contó con muchas aristas y tropiezos a lo largo de la historia por la constante intervención de la autoridad Estatal o Federal en turno.
El Sistema Capitalista, a través de su estructura que lo sustenta, el Neoliberalismo, colocó todos los derechos conquistados por la clase trabajadora (y los mercantilizó) para ponerlos al servicio del mercado y la competencia, cristalizando los derechos como privilegios, tal como es el caso de la educación superior, tendiendo cada vez más hacia la privatización. Esto ha ido creando una clase política dentro de las universidades “autónomas“, originando actores políticos de clase para escalar a puestos públicos o de representación popular, olvidando el deber ético de la Universidad, que es la universalidad del conocimiento, el pensamiento digno, el fomento al deporte, la cultura y la sensibilidad social y política hacia la comunidad.
La Universidad Autónoma de Coahuila, no es ajena en este proceso de desmantelamiento sistemático, donde grupos de poder o “mafias” dictan su funcionamiento al grado que dos ex rectores son actualmente funcionarios públicos del gobierno de Coahuila; uno, Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, y otro Secretario de Finanzas, Blas Flores, -puestos estratégicos de primer nivel- y el actual rector Salvador Hernández Vélez, ha ocupado diversos cargos en los gobiernos estatal y municipal, representaciones populares a nivel federal y local, y además fue presidente estatal del PRI en Coahuila. A su vez, ha presidido la fundación Colosio -filial Coahuila y Torreón- y se desempeñó como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC. Curiosamente todos los ex rectores tienen -o han tenido- mucha afinidad al partido hegemónico de Coahuila: el Revolucionario Institucional, dejando atrás el propósito de la Universidad, que es la educación.
La UAdeC está posicionada “orgullosamente” en el lugar 41 del ranking de calidad educativa de 59 Universidades públicas del país, según Qs México Ranking 2020.
Pareciera más un hervidero de luchas políticas de las “mafias” y sus grillas, que un espacio para el debate de las ideas, el aprendizaje y el conocimiento científico; un espacio para comprender los procesos concretos histórico-políticos que vive el estado de Coahuila y las distintas realidades que se presentan constantemente a su alrededor. La UAdeC se ha convertido en un centro educativo de privilegios, olvidando su carácter público con cuotas excesivas. Por años se ha manifestado que la Universidad es la “tapadera y el encubrimiento de la corrupción” del gobernador en turno, con presuntos desvíos de recursos con “empresas fantasmas” por más de 400 millones de pesos, señalados por presunto maquillaje en las cuentas y falta de trasparencia; con denuncias de maestros y funcionarios que cobran doble plaza.
Hace unos meses, una alumna señaló el mal manejo de los ingresos de la institución. Lo que denunció en redes sociales, una anomalía en su beca de movilidad, donde lo que manifestaba el portal de trasparencia de la Universidad no era la cantidad recibida, puso en evidencia la opacidad de este portal, el descubrimiento escaló a los medios de comunicación por lo que un “comentócrata” orgánico de cabecera de Coahuila desprestigió, calumnió y humilló tajantemente a la alumna por su denuncia solo por tratar de trasparentar los recursos en la Universidad, abriendo una cloaca de presunta corrupción y mal manejo de los recursos públicos. Por otra parte, la casa de estudios no respaldó a la alumna por el ataque del opinólogo.
El presupuesto de la Universidad para 2020 ascendió a 3 mil 223 millones 214 mil 771.17 pesos, con un incremento de 47.6% en comparación al 2015. En suma, el presupuesto de la UAdeC es 14.6% mayor con respecto al presupuesto de la ciudad capital Saltillo, que cuenta con mayor población demográfica de la que alberga la Universidad.
El despilfarro en sueldos es terrible, el rector recibe un sueldo neto mensual de 111 mil 248. 74 pesos, es mayor que el sueldo que percibe el presidente de la República -me imagino que los funcionarios de la Universidad tienen mayor responsabilidad-, encubriéndose en su condición de “autonomía” por el libre uso de los recursos.
Ligado a lo anterior y en medio de la peor crisis económica que ha impactado al país desde 1932, con un grado de incertidumbre alto por la pandemia de Covid-19, la UAdeC anuncio un aumento en el costo de la inscripción para alumnos de nuevo ingreso y reinscripción de 4 mil 893 pesos y 4 mil 326 pesos respectivamente, con un aumento de la tarifa de nuevo ingreso de 291.4%, con respecto a 2010, siendo 28% mayor que el salario mínimo mensual. Inaceptable para una Universidad que se autoproclama pública, estudiantes sin clases presenciales, solo virtuales desde que se anunció el confinamiento por la Secretaria de Salud federal y por la falta de certeza, ya se anunció que el próximo semestre (ago-nov) será en línea. Por lo tanto, es aberrante un aumento al costo de inscripción en tal situación de emergencia sanitaria y crisis económica.
Ante esto, los estudiantes salieron a manifestarse arriesgando su salud por el entorno actual en contra del incremento en las cuotas. Ante la presión estudiantil, la rectoría otorgo una disminución del 8.3% de cobro de inscripción a diferencia del 80% que exigían los estudiantes. La disminución la acordó el Consejo Universitario en asamblea extraordinaria donde sólo se demostró el corporativismo y el control que se tiene del Consejo -de alumnos y de maestros-, y de los espacios democráticos de la máxima casa de estudios de Coahuila, desnudando su forma más ruin y despiadada del manejo de los procesos internos. Es una falacia la democracia y el voto universal, la Autónoma de Coahuila esconde la perversidad de las viejas prácticas del Partido Revolucionario Institucional: corrupción, manipulación, amenazas a la oposición, hostigamiento a las voces que discrepan de su lógica de funcionamiento a tal grado de violentar su integridad académica, laboral y privada.
Lo acontecido da legalidad y certeza de que la UAdeC roza en lo privilegiado, negando el carácter popular por lo que lucharon muchas y muchos que ahora son funcionarias o funcionarios.
