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Padres de los normalistas de Ayotzinapa frente al Antimonumento de Paseo de la Reforma. Foto: Antimonumento/Facebook
Padres de los normalistas de Ayotzinapa frente al Antimonumento de Paseo de la Reforma. Foto: Antimonumento/Facebook
Padres de los normalistas de Ayotzinapa frente al Antimonumento de Paseo de la Reforma. Foto: Antimonumento/Facebook

Taim-Lain

Tribunal ordena abrir cuarteles del Ejército por caso Ayotzinapa

Por: Redacción (@revistapolemon)

05 de junio de 2018.- Un tribunal colegiado ordenó que se creara una Comisión de la Verdad del caso Iguala, el cual tendrá acceso a los cuarteles militares para indagar en el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ya que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue “imparcial” e independiente y hay indicios de que los principales acusados fueron víctimas de tortura.

El fallo señala que los miembros de la Comisión de la Verdad “tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”.

Por unanimidad, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gález, del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, ratificaron el fallo dictado el 19 de mayo del 2017 por el tercer tribunal unitario de la misma entidad.

Esta resolución fue emitida el pasado 1 de junio y es definitiva, aunque funcionarios federales señalaron que la PGR aún puede solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción, sin embargo, por tratarse de un fallo terminal, es difícil que el máximo tribunal acepte.

Precisamente una de las principales peticiones del grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH fue reunirse con militares del 27 Batallón de Infantería para entrevistarlos y obtener sus testimonios sobre la desaparición de los normalistas, pero acusaron de trabas por parte del Gobierno federal.

La resolución del colegiado derivó del amparo que promovieron Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”; Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”; Gildardo López Astudillo, “El Gil” y Miguel Ángel Landa Bahena, “El Chequel”, miembros de Guerreros Unidos, a quienes el tribunal ordenó reponerles el procedimiento y que peritos independientes les practiquen el Protocolo Estambul. Y, aunque el fallo dejó sin efecto los autos de formal prisión dictados en su contra, eso no implica su libertad.

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Al respecto, la sentencia indica que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal”. Señala que tampoco aparece que hayan sido investigados los casos de tortura, lo que refleja que tampoco se ha indagado al personal a quien se le atribuyen dichos actos, entre los que figura personal de la Secretaría de la Marina Armada de México.

Ayotzinapa. Foto: Uriel López/Flickr

Ayotzinapa. Foto: Uriel López/Flickr

El fallo del colegiado apunta que, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados los normalistas de Ayotzinapa, hubo presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y del Ejército. No obstante, la PGR omitió durante meses interrogar a los militares del Batallón adscrito a dicho municipio guerrerense.

Por otra parte, la sentencia del tribunal aconseja dejar fuera de la investigación a los fiscales, peritos y agentes ministeriales y policiales que han participado en el caso hasta ahora. Considera “saludable” que nuevos agentes del Ministerio Público sean quienes participen, pues así se podrán “contrarrestar y vencer los defectos de la investigación precedente, que en general, estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos…”

Además menciona que agentes del Ministerio Público de la Federación, servidores públicos en general, peritos que hayan actuado dentro de la investigación serán impedidos para seguir conociendo o participando en la indagatoria. En el caso de los peritajes, el tribunal recomendó designar forenses independientes, sin importar si pertenecen a instituciones públicas o privadas.

Y aunque el tribunal prevé la participación de organizaciones nacionales o internacionales de derechos humanos en la Comisión de la Verdad, la única excepción será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CISH).

El tribunal colegiado también consideró como factible y recomendable un nuevo periodo de participación del GIEI, así como la solicitud de apoyo a órganos internacionales como la Interpol.

Manifestación por Ayotzinapa en Guadalajara. Foto: Jorge Alberto Mendoza/UdeG

Además, se ordenó a la PGR que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul y advirtieron que, en caso de no presentarlos con la exigencia del protocolo, se tendrán por ciertos los alegatos de tortura y maltrato que han denunciado los acusados.

Por último, en la sentencia el tribunal puso a consideración de las autoridades una indemnización de 500 mil pesos a cada una de las familias de los estudiantes desaparecidos, indicando que se trataría únicamente de un “adelanto parcial para que las víctimas puedan afrontar las dificultades económicas más apremiantes, derivado de la situación a que se han venido enfrentando desde la desaparición de sus familiares”.

Los magistrados aclararon que todas las sugerencias que ellos hicieron quedarán a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el supuesto de que el asunto de sometiera a jurisdicción y el Estado mexicano resultara condenado.

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PGR en desacuerdo

Al respecto, la PGR emitió un comunicado en el que respondió que no comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado y que los magistrados “desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.

También señaló no haber sido notificada hasta el momento, pero que ya realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión que dio a conocer el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones legales que corresponden conforme a derecho.

AMLO y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Especial

Además, replicó que a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas distintas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

Hizo énfasis en que la investigación aún continúa y que son trabajadas diferentes líneas, entre las que se encuentran las que la CIDH sugirió, además de tomar en cuenta las observaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Puntualizó finalmente que continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los Derechos Humanos y el debido proceso.

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