La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que iniciará el proceso para vender 21 de los 39 vehículos blindados que actualmente integran su flotilla, con el objetivo de reducir gastos y generar ahorros.
Tras la polémica generada por la adquisición de camionetas blindadas y de acuerdo con información difundida por la agencia Quadratín México, el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que las nueve camionetas Jeep adquiridas recientemente tuvieron un costo de 2.4 millones de pesos cada una, ya con el blindaje incluido. Señaló que la compra se realizó luego de una revisión mecánica que determinó que varios de los vehículos blindados existentes se encontraban en malas condiciones.
En conferencia de prensa desde la sede del máximo tribunal, siete de las nueve ministras y ministros señalaron que buscan equilibrar los criterios de austeridad con las necesidades de seguridad, dadas las responsabilidades que implica el cargo.
Aguilar Ortiz recordó que desde agosto de 2010, la Suprema Corte determinó que sus integrantes contaran con medidas de protección, entre ellas el uso de vehículos blindados, debido a la naturaleza de sus funciones como representantes del Estado.
El ministro presidente de la SCJN y su equipo de trabajo en conferencia de prensa el día 26 de enero de 2026. FOTO: ESPECIAL
Al 1 de septiembre de 2025, la Corte contaba con 43 vehículos blindados. Al inicio de la actual integración del pleno, la llamada Nueva Corte recibió 39 unidades, mientras que cuatro vehículos fueron adquiridos por ministros salientes como parte de acuerdos vinculados a su retiro.
“Recibimos 30 camionetas Suburban y nueve camionetas Jeep, todas modelos 2019, 2020 y 2021. Desde el inicio de nuestras tareas, cada una de las ministras y ministros decidió no utilizar las Suburban, precisamente por considerarlas vehículos ostentosos”, explicó el ministro presidente.
Añadió que, ante el debate público generado, se tomó la decisión de no usar parte de la flotilla recientemente adquirida y de iniciar un proceso para desincorporar los vehículos o ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos o amenazas en el ejercicio de sus funciones.
