El Gabinete de Seguridad de México desarticuló una red dedicada al contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, que operaba mediante la importación irregular de derivados del petróleo desde Estados Unidos. La investigación, que duró más de un año, derivó en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, identificado como socio mayoritario de la empresa importadora involucrada.
“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, un año, en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, comentó la presidenta Sheinbaum en la mañanera.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la red declaraba únicamente el 10% de la capacidad real de cada ferrotanque, evadiendo así el pago del impuesto correspondiente. El 16 de julio se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión, aunque la Fiscalía General de la República mantiene la investigación abierta con más personas bajo escrutinio. En total, la red vinculó a 25 objetivos, entre socios de empresas, operadores y personal de agencias aduanales.
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La estructura operaba en distintas fases: importación desde Estados Unidos con declaraciones falsas sobre el contenido de los tanques, traslado por ferrocarril y distribución final a través de 17 empresas de transporte terrestre.
Las autoridades verificaron domicilios y centros de operación en nueve entidades: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México. En la investigación participaron la Sedena, la SSPC, la FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este caso forma parte de una estrategia más amplia contra el contrabando de combustible, además, ha disminuido de forma significativa gracias al trabajo coordinado entre dependencias federales. La mandataria subrayó que se trata de un proceso judicial imparcial, sin motivaciones políticas, y recordó que investigaciones similares han alcanzado a funcionarios de distintos partidos, incluidos Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
