El actual gobierno de Michoacán, a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, interpuso seis denuncias contra el exgobernador Silvano Aureoles.
Entre los actos delictivos que le adjudican a Aureoles está el enriquecimiento ilícito, además del ejercicio indebido de funciones, asociación delictuosa, tráfico de influencias, peculado, delicuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, cuatro de las denuncias fueron interpuestas contra exfuncionarios y el representante legal de una empresa privada, ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que la cantidad de desfalco al erario estatal, asciende a más de 50 mil millones de pesos.
De dicha cantidad, 20 mil millones corresponden a créditos bancarios, más de 5 mil millones en seguros; 13 mil millones de adeudos a proveedores; 9 mil millones de pasivos a instancias gubernamentales, incluida la nómina atrasada de los maestros; así como varios miles de millones correspondientes a presuntos malos manejos detectados en obras y adquisiciones.
Torres Piña precisó que por la naturaleza de las denuncias e investigaciones se mantendrá la secrecía sobre los detalles. Pero sí informó que entre los hallazgos destaca la firma de contratos con una empresa sin capacidad económica y jurídica suficiente para prestar el servicio, además de que realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
A lo anterior se añade la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Aureoles, las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de Michoacán por la realización de obras de deficiente calidad, así como una demanda de juicio político contra el anterior titular del Ejecutivo, interpuesta ante el Congreso del Estado por una organización de productores que denunció anomalías en un programa ganadero.
