La Secretaría de la Función Pública de la 4T, ha detectado procesos deficientes en la devolución de impuestos cometidos entre 2013 y 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que han derivado en el pago de millones de pesos por concepto de intereses y actualizaciones.

En seis casos, correspondientes a una muestra de 141 expedientes auditados en 2019, se tuvo que pagar un total de 64 millones 306 mil 481 pesos.

En uno de ellos, en enero de 2013, un contribuyente solicitó 54 millones 393 mil 174 pesos de devolución, por saldo a favor del impuesto sobre la renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

La entonces Subadministración Central de Fiscalización de Empresas que Consolidan Fiscalmente “20”, indicó que no se había aportado en su totalidad la información requerida y desistió del proceso, pero omitió requerir la documentación faltante.

Por esa omisión, el contribuyente interpuso una demanda ante la Tercera Sala Regional Metropolitana en mayo de ese año, misma que terminó ganando cinco años después, por lo que en julio de 2018, se autorizó la devolución, aunque sólo por 20 millones 451 mil 504 pesos.

La consecuencia por no “ajustarse al precepto legal antes citado” fue la actualización del monto a 25 millones 282 mil 149 pesos más otros 17 millones 743 mil 12 pesos por concepto de intereses correspondientes a los cinco años transcurridos. Al final, la suma fue de 43 millones 25 mil 161 pesos, es decir el doble de lo que se pudo haber pagado inicialmente.

Otro caso, tuvo la negativa de la Subadministración de la Fiscalización a Grupos de Sociedades “7” del pago de devolución a un contribuyente, argumentando que le faltaba un archivo, cuando sí lo habían entregado.

Al recibir el recurso de revocación, la Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes demoró más de un año nueve meses en resolverlo, excediendo el plazo legal de tres meses previstos.

El error y la demora hicieron que se tuviera que actualizar el monto original de 110 mil 296 pesos a 145 mil 712 pesos, es decir, 36 mil 416 más.

En un tercer caso, se terminó pagando diez veces más por no incluir en un inicio los intereses en una devolución; y en otro caso, por hacer devoluciones en un plazo fuera de lo legal, el SAT tuvo que pagar 6 millones 52 mil 532 pesos de intereses.

En el quinto caso, no se tomó en cuenta que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) había cambiado, por lo que se tuvo que pagar 41 mil 511 pesos de intereses y cubrir otros 15 mil 909 pesos, el costo de la actualización.

Finalmente, el sexto caso detalla que “se compensó de oficio el saldo a favor de un contribuyente contra un crédito determinado a cargo de un contribuyente distinto”, lo que tuvo un costo de 10 mil 961 pesos por intereses y 3 mil 750 pesos por concepto de actualización.

Por tratarse de una muestra, la auditoría no registra la totalidad de irregularidades del SAT en materia de devoluciones y se limita a examinar los trámites realizados por la Administración General de Grandes Contribuyentes.

Trabajo y herramientas deficientes

Cuando se recibe un trámite de solicitud a través del portal de internet, se asigna a los dictaminadores de las Administraciones Centrales de Fiscalización de forma “no equitativa”.

Sin embargo, según la auditoría interna, mientras algunos dictaminadores tienen asignados más de 200 o 300 casos, otros atendieron menos de 10.

Además, la auditoría revela que “la supervisión no se hizo presente en el proceso de notificación, así como en la distribución del inventario de trámites por dictaminador”.

Al analizar una muestra de 141 expedientes, se identificó que en 43 casos “el proceso de notificación (…) no funcionó conforme a la programación diseñada para tales efectos, por lo que las áreas operativas tuvieron que generar en algunos casos nuevamente la resolución a efecto de poder notificarla (…) provocando un desfase que va de 8 a 333 días posteriores”.

Edificio del SAT. Foto: Especial

Incluso hay casos donde se señala que “aún no se ha concluido el proceso de notificación de las resoluciones de devolución, contabilizando un desfase que va de 38 a 217 días, contados a partir de la fecha de resolución al 5 de julio de 2019, fecha de conclusión en campo de esta revisión”.