Riquelme ha cerrado 18 bibliotecas públicas en Coahuila

Con el rechazo del Gobierno de Coahuila a distribuir los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las escuelas públicas, se ha abierto un debate en la entidad sobre la figura del “libro” y su posición en las políticas públicas.

El periodista Christian Luna explica para Reporte Índigo que, por un lado, el Gobierno de Miguel Riquelme Solís dice tener mucho interés hacia este instrumento educativo pero la realidad es que la situación de las bibliotecas públicas está muy lejos de posicionarlo como una prioridad.

Coahuila, recuerda, fue uno de los cinco estados del país que negaron los nuevos libros, junto a Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León.

Lo anterior ocurrió luego de que el Gobierno estatal presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivada de la incertidumbre generada ante la opinión pública sobre el contenido de dichos textos.

En menos de una semana, el ministro Luis María Aguilar Morales firmó la suspensión derivada de la controversia, y entonces el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió interponiendo un reclamo a dicha suspensión.

Pero no se habla de cómo, en tan solo seis años, fueron cerradas 18 bibliotecas públicas y espacios públicos culturales.

Luna menciona que, desde el comienzo del Gobierno de Riquelme, el “Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023” no mencionó a las bibliotecas públicas como una prioridad en ninguna de sus 68 páginas.

El abandono

Esto se vio reflejado en el “abandono evidente de los espacios públicos y en el cierre paulatino de éstos en las zonas rurales de Coahuila”.

Información consultada por Luna vía transparencia, da cuenta de cómo, en 2011, operaban 140 bibliotecas en la entidad; en el siguiente sexenio la cifra aumentó a 147, pero actualmente sólo quedan 129 de ellas.

En la región Sureste del estado hay siete bibliotecas cerradas; en la región Laguna hay seis, en la región Centro, una y el resto se encuentran en la región fronteriza del estado.

El Coordinador General de Bibliotecas Públicas del Estado, Gustavo Cantú, mencionó que el problema está en la redacción de las participaciones hacia los municipios, mismos que se encargan del mantenimiento y, a veces, de la contratación de personal.

“Lo que nos dice el alcalde Arteaga, por ejemplo, es que año con año se reducen las participaciones (…) en este sexenio se ha visto sustancialmente reducido. Si les llega menos, obvio les va a pegar en varias cosas”, indicó.

Añadió que la mayoría de los espacios se ubican en zonas rurales de municipios como Arteaga, Muzquiz, Allende y Ocampo, y factores como el vandalismo y los salarios bajos para el puesto, ocasionan que queden en el abandono.

Como ejemplo se mencionó la biblioteca pública instalada en la capilla de la colonia Landín, misma que ha sido saqueada varias veces, quedando sin servicios públicos por falta de cableado y tuberías.

Sin presupuesto

Luna también menciona que, además de los ayuntamientos públicos, la Ley General de Bibliotecas Públicas menciona que el Gobierno federal, las entidades, municipios y alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas.

Asimismo, menciona que la operación y mantenimiento de la red de bibliotecas es de interés público y social, por lo que los recursos destinados a esa red se consideran, para efectos legales, inversión social.

Pese a esto, Cantú mencionó que la Coordinación de Bibliotecas del estado no cuenta con presupuesto para ese fin.

“El presupuesto no opera con un recurso en específico. Por ley son los municipios quienes deben de responder por el mantenimiento”, indicó.

El funcionario expone que esta instancia está sectorizada a la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (SEPC), y la nómina a los más de 600 trabajadores se reparten entre la SEPC, los ayuntamientos y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Coahuila.

Añadió que es la SEPC quien absorbe la mayor parte de la nómina del personal, con el 60% de los trabajadores.

Pero insistió en que son los ayuntamientos quienes deben destinar recursos para dar mantenimiento a los edificios y otorgar los espacios necesarios si la biblioteca requiere ser reubicada.

Como ejemplo, Cantú mencionó lo que sucedió con la Biblioteca Central del municipio de Piedras Negras, que luego de que las autoridades locales sacaran los libros de las instalaciones para hacer remodelaciones, la alcaldesa se negó a que se instalara de nuevo la biblioteca, y no se asignó un nuevo espacio.

Sin reubicación

Luna expone que desde 2017 comenzó a hacerse más evidente el problema de las bibliotecas en la entidad, pues comenzaron a ser removidas de sus lugares para que otras instancias ocuparan los espacios.

La Biblioteca Pública Central, en Saltillo, desalojó los libros durante el 2017 para dar paso al Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.

Lo mismo ocurrió, menciona, con la Biblioteca Elsa Hernández, que fue desalojada para mudar su colección hacia la colonia Valle de las Flores, al oriente de Saltillo, y dejó el edificio sin utilizarse actualmente.

En el caso de la librería EDUCAL, durante 2018 cerró sus puertas para instalar la Academia Interamericana de Derechos Humanos y nunca fue reubicada.

Otras prioridades

 

No obstante, el periodista hace mención que el hecho de que no haya recurso destinado para las bibliotecas públicas en Coahuila se contradice con los recursos erogados por el Gobierno en conceptos como la promoción de la imagen institucional en medios de comunicación.

Hoy en día, el Gobierno estatal destinan más de 2 millones de pesos al día en promover la imagen del Gobierno y sus logros, según datos de su cuenta pública.

Además, pese a los recortes presupuéstales, el gasto corriente en nómina, servicios personales, viáticos y viajes no se ha modificado como lo indica la Ley de Disciplina Financiera cuando una entidad sufre recortes.

En seis años, tan sólo en viáticos y viajes, se han presupuestado más de 180 millones de pesos para estos fines, concluye el periodista.