Entre 2008 y 2014, tanto Felipe Calderón Hinojosa como Enrique Peña Nieto prometieron reactivar la producción de refinados energéticos en México mediante la construcción de una nueva refinería en Tula Hidalgo, y en ambas ocasiones, sólo se trató de falsas promesas.

Este 2018 se cumplen 10 años de haber iniciado el proyecto y la realidad es que no hay mas que una barda en un lote vacío. No obstante, el presidente electo el pasado 1 de julio,  Andrés Manuel López Obrador, se muestra confiado en que él podrá cumplir y concluir dicho proyecto.

Al respecto, el especialista en temas energéticos, Arturo Carranza, dijo a SinEmbargo que “hay un rezago muy grande en materia de refinación aquí en México. Estamos importando, hoy en día, el 56 por ciento de las gasolinas que consumimos en el mercado interno. Este rezago se debe, principalmente, a que no se han invertido los recursos necesarios para mantener y modernizar las seis plantas con las que cuenta Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

Añadió que para abatir dicho rezago, en el sexenio de Calderón se planteó la posibilidad de construir un nuevo tren de refinación, con el objetivo de incrementar la producción interna y depender en menor cantidad de las importaciones, sin embargo, esto no se pudo concretar debido a la fallida instrumentación del proyecto de nueva refinería.

Felipe Calderón. Foto: Gobierno de la República/Flickr

Efectivamente, fue en marzo de 2008 cuando el ex presidente panista anunció que su gobierno construiría una planta capaz de procesar 250 mil barriles diarios de combustible, en un proyecto que significaba un desembolso total de 12 mil millones de dólares.

En abril de ese año, el entonces titular de Pemex, Jesús Reyes Heroles, dijo que Tula sería la sede de la refinería, mientras que Miguel Ángel Osorio Chong, entonces gobernador de Hidalgo, celebró la contratación de una deuda por mil 500 millones de pesos con Banamex, la cual se suponía que sería saldada en 12 años, pero no ocurrió así.

Los seis años posteriores, el Gobierno federal invirtió 3 mil 435 millones de pesos en contratos de licitación, aunque de acuerdo con la periodista Ana Lilia Pérez -autora de “Pemex RIP. Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana”- dicha cantidad superó los 9 millones de pesos.

Después, en marzo de 2014, Enrique Peña Nieto anunció que se cancelaría el proyecto por no ser “rentable” y que en cambio se comenzaría un proceso de modernización de las refinerías existentes, cuyo costo total sería de 4 mil 600 millones de dólares.

Hasta el 2017 la petrolera admitió un desembolso de 2 mil 600 millones de dólares para la modernización de la refinería Miguel Hidalgo de Tula, que ya cuenta con una torre fraccionadora de la planta de coque -usada para convertir combustóleo en gasolinas con mayor eficacia-.

En estos diez años no ha habido sino múltiples licitaciones marcadas por la opacidad y las irregularidades. De hecho, hasta julio de 2017, Odebrecht estuvo involucrada en el proceso que, en vez de impulsar obras públicas y generar crecimiento económico a favor de los trabajadores mexicanos, sólo benefició a los contratistas, endeudó de manera millonaria el estado de Hidalgo y abandonó 700 hectáreas de terreno que eran de cultivo, según señalaron en un entrevista a SinEmbargo los especialistas en temas energéticos, Miriam Grunstein Dickter y Arturo Carranza.

“En este país no hay políticas públicas sino ocurrencias. Felipe Calderón tuvo una ocurrencia muy mal estudiada de construir una refinería en la misma zona de Tula, en medio de una crisis financiera internacional, financiada por Pemex mismo, que es una de las empresas petroleras más apalancadas”, lamentó la doctora Grunstein.

Arturo Carranza indica que Pemex, al igual que todas las empresas a nivel internacional, tuvo que hacer un gran ajuste en su presupuesto. Este ajuste le dio prioridad, como la mayoría de las empresas petroleras, a la parte de exploración y producción. La parte de refinación quedó rezagada. Y con esto, la refinación cayó en una situación verdaderamente difícil, que nos hace consumidores dependientes, en gran medida, de Estados Unidos.

Grunstein añade que la mejor opción para nuestro país habría sido comprar un “sistema con terminales de almacenamiento y distribución”, y no construir una refinería nueva, pero se tomó una mala decisión.

Este error aún afecta a más de 300 campesinos que vendieron sus tierras porque los gobiernos local y federal les prometieron beneficios y mejores condiciones de vida. Sin embargo, lo único que el Gobierno dejó es un terreno ocioso, con una barda perimetral de 14.7 kilómetros de longitud y dos túneles de desfogue.

Ese terreno, que abarca los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula son un manto verde que nadie puede aprovechar, pues se trata de una propiedad federal. Ahora, los pobladores que vendieron esas tierras carecen de una fuente productiva de trabajo.

Ilusiones rotas

El 17 de mayo de 2012, durante un mitin priísta celebrado en la plaza de toros de Pachuca, Hidalgo, el entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, dijo que se haría realidad la construcción de la Refinería Bicentenario y del aeropuerto de Tizayuca. Nada de eso sucedió.

Un año después de dicho mitin, Pemex avisó al Senado de la República que la obra de la refinería llevaba un 6 por ciento de avance, lo que significaba, además de la limpieza del terreno y la reubicación de algunas líneas eléctricas, la conclusión de la barda perimetral. En diciembre de 2013 fue aprobada la Reforma Energética, que prometía impulsar la producción de hidrocarburos con inversión privada y extranjera.

“Aquí (en Hidalgo) engañaron que iban a construir una refinería en la época de Felipe Calderón y al final se canceló. No sólo eso, han dejado abandonadas las seis refinerías que se tienen, las cuales, trabajan al 30 por ciento de su capacidad por el negocio que tienen los de la mafia del poder de comprar gasolinas al extranjero”, dijo en mayo de este año, López Obrador.

El virtual presidente electo ha dicho en reiteradas ocasiones que buscará modernizar las seis refinerías que existen en el país, incluida la de Tula, para que a mitad del sexenio, México deje de importar gasolinas. Además prometió que en los siguientes tres años construirá una refinería grande o dos medianas.

En junio pasado, la virtual Secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que la refinería de Dos Bocas costaría 6 mil millones de dólares y que, aunque ya han sido ubicados tres terrenos para iniciar su construcción, “todavía se van a analizar los costos, así como las dimensiones y la logística para saber si es un lugar estratégico o no”.

Al respecto, Grunstein recordó que la refinería de la India que AMLO pone como ejemplo, “tuvo un largo proceso de planeación, de más o menos un lustro y se construyó en tres años sin financiamiento estatal. Sólo en planear cómo reconfigurar y darle mantenimiento a lo ya existente, se les puede ir el sexenio entero”.

Ambos expertos indicaron que “tomando en cuenta la experiencia nacional e internacional es muy complicado que una refinería del tamaño que están proponiendo se pueda concluir en tres años”. Aseguran que no es viable hacerlo pues el proceso implica múltiples estudios y cálculos que toman años; como ejemplo, dijeron que tan sólo la adquisición de terrenos y los permisos de uso de suelo podría llevarse todo el tiempo.

Carranza agregó que, con la situación de rezago actual, nuestro país tiene una opción a mediano plazo: modernizar las refinerías y ampliar el sistema nacional de refinación, lo que costaría menos que construir una refinería nueva, y, aunque no nos daría autonomía productiva, nos permitiría producir “un poco más” de gasolinas.

Además, Grunsetin indica que lo más urgente es la infraestructura logística, es decir, los poliductos y las terminales de almacenamiento y distribución.

Rocío Nahle ha dicho que ya se cuentan con los 40 mil millones de pesos necesarios para la modernización de las refinerías, aunque Grunstein afirma que no cuentan con el dinero para ampliar la capacidad de refinación, que estima en 6 mil millones de dólares.

Para obtener el dinero necesario para echar a andar todas las propuestas del proyecto, Carranza dice que sería necesario sacarlo del presupuesto público -lo que tacha de improbable-, endeudarse -lo que sería riesgoso para el mercado financiero- o por medio de una asociación público-privada -que es viable, pero es poco probable que se alcance, a menos que se trate de un largo plazo y de manera transexenal-.