Durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Policía Federal, al mando de Armando Navarrete Prida, simuló la contracción de patrullaje de vigilancia y la compra de equipo de espionaje y monitoreo de redes sociales, para justificar más de mil 500 millones de pesos de presupuesto.

Anteriormente, un reportaje publicado por Univisión y El País había dado a conocer que los desvíos habían ocurrido mediante la firma de contratos a sobreprecios injustificados con posibles empresas fantasma, así como con el Cuerpo de Seguridad Privada del Estado de México CUSAEM.

Varias verificaciones a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivaron en la presentación de tres denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual inició las carpetas de investigación correspondientes.

Estas indagatorias buscan deslindar responsabilidades para proceder penalmente en contra de quien resulte responsable, así como derivar el destino de dicho recurso, del que, hasta ahora no se sabe nada.

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Las autoridades indican que no sólo se estaría tratando de un posible caso de peculado, sino también de lavado de dinero.

“En este momento hay el convencimiento claro de que una buena parte, si no es que la totalidad de los recursos asignados a estas contrataciones se triangularon a otras compañías que no eran las proveedoras de los servicios y que, a su vez, lo transfirieron o retiraron en efectivo”, dijo un funcionario federal a Animal Político.

Dichos recursos desviados habrían provenido de una partida especial llamada “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, que se destina únicamente a operaciones de riesgo, urgentes o de confidencialidad extrema.

De esta forma, se permite que los gastos que de ella provengan, se lleven a cabo sin seguir los requisitos usuales de la ley de adquisiciones, por ejemplo, las licitaciones públicas.

Gracias a estos controles limitados, los involucrados entregaron contratos a empresas irregulares por servicios que no correspondían a esa partida, y a precios alejados de la realidad.

Según las revisiones realizadas, se identificaron comprobantes de servicios posiblemente falsos, así como firmas falsificadas.

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Asimismo, las denuncias indican que las compañías fantasma contratadas habrían actuado en colaboración con los funcionarios para simular la entrega de servicios o bienes inexistentes, o con los que ya se contaba pero se simuló la compra.

En algunos casos, se localizaron equipos “adquiridos”, que en realidad nunca han funcionado.

Según las autoridades se trata de un patrón sistemático de desvío de recursos desde la partida especial para seguridad nacional.

Estos casos se suman a dos hallazgos previos: uno por la suma de 1 mil 102 millones de pesos de dicha partida desviados desde la FGR y en la que ya se ordenó la detención de Tomás Zenón, y otro de la Policía Federal, con 19 funcionario involucrados.

Las nuevas denuncias

Las denuncias hechas ante la ASF por parte de la FGR identifican un posible desfalco de mil 576 millones 550 pesos en la Policía Federal en 2018.

Este monto es producto de la suma de tres casos diferentes: dos que involucran a posibles empresas fantasma y uno vinculado a un patrullaje contratado a la policía auxiliar del Estado de México.

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Por cada uno de los casos, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

Patrullajes fantasma

En abril de 2018 la PF firmó un contrato con el Cuerpo de Seguridad Privada del Estado de México CUSAEM, por 501 millones de pesos que luego se amplió, en mayo, por un extra de 300 millones de pesos.

En total fueron más de 800 millones de pesos entregados a dicha corporación auxiliar.

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El concepto de los pagos era para realizar un servicio de apoyo extraordinario de patrullaje en 20 sedes, 56 infraestructuras y 36 unidades de supervisión, entre otros.

Esto significa que la Policía Federal contrató a otra policía auxiliar y estatal para vigilar instalaciones.

Lo anterior era desde un inicio irregular, según la denuncia de la ASF, pues:

  1. El dinero se extrajo de una partida que es para gastos urgentes de seguridad nacional
  2. Porque la Secretaría de Gobernación contaba también con un cuerpo de seguridad federal del que podrían haberse apoyado para hacer lo mismo sin ningún gasto adicional.

Además no existe evidencia de que esos patrullajes y servicios se hayan llevado a cabo, pese a que el dinero se pago, incluso, de manera anticipada.

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“Se efectuaron pagos por 801 millones de pesos sin haber acreditado que los servicios de patrullaje y vigilancia pactados hubieran sido prestados, toda vez que no se cuenta con evidencia documental como bitácoras, reportes de supervisión, programa de trabajo, etc., que lo prueben. Adicionalmente, se pagó el total de dichos servicios previo a la conclusión de éstos y, por tanto, no estaban devengados”, dijo la ASF.

La Auditoría agregó que existen documentos en donde se señala el estado de fuerza supuestamente entregado para los patrullares y constancias de la supuesta entrega y recepción del servicio y otros oficios, pero que no tienen sustento en los hechos.

A decir de la actual administración de la Guardia Nacional, no existe ninguna documentación sobre el tema.