El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó un acuerdo de Disciplina Presupuestaria para 2026, con el que el Poder Judicial de la Federación aplicará medidas de austeridad para todas sus áreas, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral (TEPJF).
El acuerdo fue aprobado desde el 11 de diciembre de 2025 y busca reducir gastos administrativos para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Una de las medidas centrales es la disminución del 10% en el costo total de las estructuras administrativas, ajuste que deberá concretarse antes de que termine enero.
De acuerdo con el documento, en poder del medio La Jornada, el objetivo no es afectar la impartición de justicia, sino ordenar el gasto, evitar duplicidades y priorizar el funcionamiento esencial de los tribunales. Para ello, se establece que durante 2026 se limite al mínimo la creación de nuevas plazas, salvo que exista una justificación clara y autorización expresa del OAJ.
Uno de los aspectos más importantes es que se contemplan ajustes en gastos operativos pues los recursos destinados a viáticos, comisiones y servicios de comedor se reducirán en 50% respecto a 2025, como parte del esfuerzo por racionalizar el gasto cotidiano en todas las instalaciones del Poder Judicial.
En cuanto a la contratación de servicios profesionales por honorarios, el acuerdo establece reglas más claras, ya que solo podrán contratarse cuando se trate de necesidades temporales o extraordinarias, y por periodos cortos. Los contratos serán de máximo tres meses, con un límite total de seis meses por persona durante todo el año, evitando así contrataciones prolongadas o repetidas.
El OAJ informó que en las próximas semanas dará a conocer los lineamientos específicos y la meta de ahorro, una vez que el acuerdo sea publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, momento en el que entrará en vigor.
Con estas medidas, el Poder Judicial se transforma y busca alinearse a una política de austeridad, fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos y asegurar que el presupuesto se destine prioritariamente a su función central que es garantizar el acceso a la justicia, razón por la que se impulsó la Reforma Judicial.
