Un juez federal ordenó la devolución inmediata de una casa asegurada en 2017 a los hijos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, investigado por presuntos actos de corrupción.
La resolución, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado, argumenta que el aseguramiento del inmueble fue “ilegal”, pese a que formaba parte de una indagatoria por delitos cometidos durante el mandato del exmandatario priista.
Esta determinación nuevamente ha generado cuestionamientos en torno a la imparcialidad del Poder Judicial, ya que se ha favorecido con sus decisiones a políticos de la derecha ligados a casos de corrupción.
Por su parte, la defensa legal de Duarte celebró la resolución y señaló que “nunca se probaron los delitos”, calificando la investigación como una “farsa montada” por el exgobernador Javier Corral, hoy Senador de Morena, y el entonces fiscal César Peniche.
“Corral engañó al pueblo de Chihuahua con la llamada ‘Operación Justicia’”, sostuvieron los abogados del exmandatario.
El ex gobernador de Chihhuahua César Duarte. Foto: Especial.
Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad chihuahuense, esta decisión representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.
“El regreso de esta propiedad a los hijos de Duarte no sólo lastima la memoria de quienes exigimos justicia, sino que refuerza la percepción de que el Poder Judicial protege a los poderosos”, expresó un activista local.
La resolución también deja entrever nuevamente la fragilidad de las instituciones judiciales cuando se enfrentan a intereses políticos, razón que propició la elección de las personas juzgadoras.
Algunos activistas advierten que decisiones como la devolución del inmueble “minan la confianza ciudadana y proyectan un sistema donde el castigo por corrupción es selectivo o inexistente”.
A más de siete años de que la propiedad fuera asegurada como parte de las investigaciones contra Duarte, la devolución ordenada no sólo reaviva el escepticismo social, sino que muestra nuevamente la necesidad que hubo de la reforma al Poder Judicial, pues se espera que con la elección popular, los jueces ahora sean capacer de garantizar que la justicia no se dicte desde el privilegio ni la impunidad y vaya acorde a los intereses del pueblo.
Raymundo Pérez Hernández
25 julio, 2025 at 8:31 pm
Infelices jueces corruptos por dinero hacen sus tranzas en perjuicio del gobierno y del pueblo deberían de investigarlos y que ellos paguen lo que devolvieron injustamente
Agallon Mafafas Guerra
25 julio, 2025 at 9:43 pm
Pues luego luego a impugnar esta resolución, y con suerte se turna el caso a algún tribunal colegiado o a la Suprema Corte hasta septiembre, cuando ya entren en funciones nuevos jueces y Corte, y el caso se resuelva con mayor imparcialidad, y sin moches ni intereses de por medio.
Herny
26 julio, 2025 at 2:08 pm
Por si alguien en CHIHUAHUA aún confiaba en el poder judicial, pronto le pedirán perdón de rodillas y Maru lo condecora con la orden de caballero y lo postulará para premio nobel de la paz
Luis luviano A
26 julio, 2025 at 7:50 pm
Es otro expediente que deberá ser reabrierto.
Mauro Buendía Luna
27 julio, 2025 at 9:14 am
X ESO VOTAMOS ALV AL P.J.D LA PIÑA D LA INJUSTICIA Y SUS MINISTR@S MALANDROS