Los casinos y apuestas crecieron de manera desmedida durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox, Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto de forma poco transparente gracias a los permisos otorgados por los neoliberales.
El negocio de los casinos en México creció durante dos décadas bajo una dinámica opaca que, según la Secretaría de Gobernación (Segob), derivó en una auténtica “implosión” de permisos otorgados al margen del interés público.
Entre favores políticos, autorizaciones exprés y litigios que aún persisten, los gobiernos federales anteriores abrieron las puertas a la expansión descontrolada de casas de apuestas en todo el país, un entorno que hoy es objeto de fiscalización estricta y bloqueos financieros por parte de las autoridades.
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, bajo la gestión de Santiago Creel al frente de la Segob, se entregaron 340 permisos para operar casinos, la cifra más alta de la historia. Esa avalancha contrasta con los 229 permisos otorgados en los 30 años previos.
La autorización más polémica ocurrió en 2005, cuando Televisa obtuvo permiso para operar 66 establecimientos durante 25 años, un acuerdo señalado como un trato de privilegio hacia grandes grupos mediáticos y que todavía mantiene aristas legales pendientes.
FOTO ALFREDO GUERRERO
La tendencia continuó en el gobierno de Felipe Calderón. Su administración emitió 154 permisos más y cerró su sexenio con un episodio ampliamente criticado: la entrega de autorizaciones en el último día de gobierno, incluso en las últimas horas, a empresas previamente cuestionadas. Además, Calderón modificó el reglamento en 2012 para permitir el funcionamiento de máquinas tragamonedas sin pasar por el Congreso, lo que provocó la intervención de la Suprema Corte ante evidencias de maniobras para evadir la legislación vigente.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se otorgaron 123 permisos adicionales. Aunque su administración impulsó algunos cierres de establecimientos vinculados con irregularidades, fue en octubre de 2018 cuando concedió una autorización a Ganador Azteca SAPI de CV, filial de TV Azteca, hoy bajo investigación por presunto lavado de dinero.
Con la llegada de la 4T al gobierno federal, hoy encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, la política hacia este sector cambió, pues se han frenado nuevas autorizaciones —salvo tres obligadas por órdenes judiciales— y se abrió una revisión sistemática de los permisos heredados, así como auditorías fiscales vinculadas con los sexenios previos. Las autoridades han insistido en que el objetivo es desmontar la red de concesiones otorgadas sin control y cerrar espacios al lavado de dinero.
Ese enfoque permitió detectar el episodio más reciente: una investigación de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que llevó al bloqueo de operaciones de 13 casinos en ocho estados por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con la delincuencia organizada. Las autoridades identificaron transferencias internacionales a destinos como Malta, Panamá y Emiratos Árabes Unidos, así como operaciones millonarias en efectivo y el uso de plataformas digitales no supervisadas. El esquema recurría a personas sin perfil económico para recibir fondos y transferirlos a los operadores reales, con lo que se buscaba legitimar recursos ilícitos.
Entre los establecimientos investigados se encuentran Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, ambas ligadas a Grupo Salinas. La empresa respondió acusando al gobierno federal de actuar de manera “autoritaria”, aunque las autoridades precisaron que el operativo se realiza con sustento legal y en coordinación con agencias de Estados Unidos para frenar esquemas transnacionales de lavado.
