Norma Piña no cumple su palabra; Fideicomisos siguen en el Poder Judicial

Norma Piña ha estado más ocupada en orquestar junto a un grupo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y operadores de Xóchitl Gálvez, una campaña contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar, que en cumplir su promesa de destinar la totalidad de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la reconstrucción del Puerto de Acapulco y otras zonas dañadas en el estado de Guerrero por el paso del huracán Otis, una cantidad estimada en 15 mil millones de pesos.

La actividad de la presidenta de la SCJN se ha concentrado en golpear al ex ministro, quien forma parte del equipo de la virtual Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La negativa de Norma Piña para entregar los fondos a los damnificados de Acapulco está respaldada por suspensiones concedidas por el ministro Javier Laynez Potisek y por la jueza de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, para frenar por tiempo indefinido la transferencia de esos recursos a la Tesorería de la Federación, a pesar de que la Cámara de Diputados ya había aprobado la extinción de los mismos.

Mientras eso sucede, los recursos de los fideicomisos continúan en las arcas del Poder Judicial de la Federación (PJF) y siguen abultando su monto de forma notoria. Esto lo pudo comprobar Polemón tras hacer una revisión al último informe trimestral de los saldos que publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de abril en los que se muestran las cantidades de cada fideicomiso al último día del mes de marzo.

El DOF sólo incluye los seis fideicomisos que pertenecen a la SCJN, pues además de estos, se encuentran cinco que corresponden al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y dos al Tribunal Electoral (TEPJF).

La publicación del DOF revela un aumento sustancial en los ingresos de los fideicomisos entre el 31 de diciembre del 2023 y el 31 de marzo del 2024, fecha en la que se hace entrega del informe. Por ejemplo, el Fideicomiso 80691 de Pensiones Complementarias para M.S. tenía un saldo de 880 millones 187 mil 632 pesos y hacia el último día de marzo su fondo incrementó a 903 millones 825 mil 778 pesos.

El Fideicomiso 80690 de Pensiones Complementarias para M.M. y P.O. también tuvo un incremento al pasar de 3 mil 144 millones 452 mil 349 pesos a 3 mil 230 millones 579 mil 895 pesos. Este se destina para el pago de pensiones complementarias a mandos medios y personal operativo únicamente de la Corte. Tiene 190 beneficiarios y de él se extraen cerca de 1 millón 419 mil pesos mensuales, equivalentes cada año a 17 millones 28 mil pesos.

El Fideicomiso 80688 de Plan de Prestaciones Médicas pasó de los 153 millones 229 mil 200 pesos a los 157 millones 252 mil 607 pesos. Está destinado para los servidores públicos operativos en casos médicos de extrema urgencia cuando no pueden recibir una atención adecuada en el ISSSTE. Cuando esto sucede, el trabajador recibe un apoyo que “puede ser reembolsable según las circunstancias”.

Al cierre de octubre del 2023 tenía solo una persona beneficiaria y se habían extraído hasta el tercer trimestre de ese año 93 mil 411 pesos.

El 80689 que corresponde al Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD’S y Otros Proyectos, ascendió su fondo de los 188 millones 582 mil 930 pesos a los 199 millones 120 mil 727 pesos. A través de este fideicomiso, la SCJN administra una tienda física y virtual en la que vende toda clase de artículos personales, además de una librería con publicaciones oficiales.

El Fideicomiso 80687 de Remanentes Presupuestales pasó de los mil 467 millones 963 mil 623 pesos a los mil 508 millones 742 mil 819 pesos, y finalmente el 2125 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia creció de los 770 millones de pesos a los 791 millones 939 mil 194 pesos.

Ministros retrasan discusión

La negativa de Norma Piña para entregar los fondos a los damnificados de Acapulco está respaldada por suspensiones concedidas por el ministro Javier Laynez Potisek y por la jueza de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, para frenar por tiempo indefinido la transferencia de esos recursos a la Tesorería de la Federación, a pesar de que la Cámara de Diputados ya había aprobado la extinción de los mismos.

Sin embargo, desde marzo pasado, Laynez Potizek debió entregar a sus compañeros el proyecto de sentencia, una vez que concluyó el periodo en el que el Congreso y el Poder Ejecutivo hicieron llegar argumentos en contra o favor de la extinción de los fideicomisos, pero no lo ha hecho.

El diario La Jornada consigna que los integrantes de la segunda sala se reunieron a puerta cerrada para discutir el proyecto de la ministra Lenia Batres, el cual propone negar un amparo al ex magistrado en retiro Filiberto Javier Mijangos Navarro y permitir la extinción de los fideicomisos. El acuerdo sostenido en esa reunión es que los ministros votarán en contra de esa propuesta.

Según el rotativo, actualmente hay más de mil 500 juicios de amparo interpuestos por jueces, magistrados y trabajadores sindicalizados del PJF en contra de la extinción de los fideicomisos que están en espera de que se dicte una sentencia definitiva a favor o en contra de los mismos.

No obstante, el del magistrado en retiro Mijangos Navarro le llegó a la ministra Batres Guadarrama, cuya propuesta es negarle el amparo. El diario detalla que la petición de Mijangos Navarro no abarca la totalidad de los fideicomisos, sino únicamente los correspondientes a las pensiones complementarias y el plan de prestaciones médicas.

La ministra Batres explicó que esos fideicomisos están protegidos por el artículo transitorio que ordena que los derechos adquiridos sean respetados y por lo tanto también los recursos que están depositados, pero con el resto de los instrumentos financieros se puede proceder a su extinción.

La información difundida por La Jornada señala que, durante la sesión privada de los integrantes de la segunda sala, el ministro Laynez dijo que votaría en contra del proyecto de Batres Guadarrama y que además tiene una propuesta respecto a la extinción de los 13 fideicomisos que resolverá definitivamente mediante un acto de inconstitucionalidad.

Los ministros sólo esperaban a que pasara el 2 de junio, fecha en que se llevó a cabo la elección para elegir presidente de la República y renovar las Cámaras de Diputados y Senadores.

Mientas eso ocurre, los seis fideicomisos bajo el ámbito de la SCJN continúan incrementando sus ingresos; en marzo del 2023 tenían un total de 6 mil 70 millones 79 mil 447 pesos, y al cierre del primer trimestre de este año, 6 mil 791 millones 461 mil 23 pesos; un incremento real de 721 millones 381 mil 576 pesos.

Los seis fideicomisos que opera el Consejo de la Judicatura Federal tenían en marzo de 2023, 14 mil 841 millones 273 mil 114 pesos, y para marzo de este año el saldo por intereses e ingresos fue de 16 mil 468 millones 116 mil 744 pesos.

Y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía en sus dos fideicomisos 15 millones 521 mil 301 pesos, y para marzo de este año sus fondos aumentaron a 17 millones 287 mil 440 pesos.

Privilegio de unos cuantos

La existencia de esos fideicomisos ha sido cuestionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al considerar que se trata de privilegios que se han asignado ministros, jueces, consejeros y magistrados a lo largo de sus vidas, pues incluso ya retirados siguen obteniendo algunas prestaciones derivadas de esos fondos, que además, se suman a una serie de prebendas establecidas como: prima vacacional, gastos de alimentación en restaurantes, un pago por “riesgo de trabajo”, apoyo para lentes, medicamentos, seguro de vida, de gastos médicos, estímulo por antigüedad, entrega de vehículos blindados, apoyo para combustible y peaje, telefonía celular, pago por defunción y un seguro de separación individualizado para su retiro que puede acumular hasta 20 millones de pesos.

Es por ello que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para acabar con esos derroches y destinar el recurso de los fideicomisos a programas sociales y obras de infraestructura.

Tal es el caso del Fideicomiso 80691 de Pensiones Complementarias para M.S., destinado a pagar las pensiones complementarias de los mandos superiores de la Suprema Corte, es decir, de directores generales a secretarios de estudio. Tiene únicamente 26 beneficiarios y de él se extraen cerca de 647 mil pesos mensuales, equivalentes cada año a 7 millones 764 mil pesos aproximadamente.

Los montos que se les pagan a este reducido número de ex trabajadores de élite, van de los 6 mil 931 pesos a los 36 mil 882 pesos. Mediante este Fideicomiso, los beneficiarios de esta prestación reciben una pensión económica adicional a la que les es otorgada por el ISSSTE al momento de su jubilación.

El equivalente de ese fideicomiso en el CJF es el 80692, destinado al pago de pensiones complementarias de magistrados de Circuito y jueces de Distrito del PJF. No incluye a oficiales judiciales, particulares, secretarios, actuarios, personal operativo y administrativo, pero sí a cónyuges, concubinas, viudas e hijos hasta que cumplan su mayoría de edad.

Al cierre de octubre del 2023, ese fideicomiso contaba con 4 mil 826 millones 16 mil pesos, y sólo 388 beneficiarios. De él se extraen cerca de 12 millones 952 mil pesos mensuales, equivalentes cada año a 155 millones 424 mil pesos aproximadamente.

La mayor pensión complementaria hasta el momento es recibida por Julio Humberto Hernández Fonseca, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien cobra 117,699 pesos mensuales. Entre los beneficiarios también se encuentra un joven de nombre Alonso Saucedo Alatorre, de 18 años de edad, al que se otorgan 36 mil 882 pesos mensuales.

Del total de los fideicomisos que la bancada de Morena pretende eliminar solo uno, llamado “Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia “, está respaldado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Según la ley, este fondo se financia con recursos distintos a los que se incluyen en el presupuesto anual del Poder Judicial de la Federación, y no debe afectar las partidas presupuestarias autorizadas.

Dicho fondo también aumentó al pasar de los 6 mil 634 millones 415 mil 309 pesos a 6 mil 909 millones 882 mil 294 pesos.

Un tema añejo

Aunque la oposición le ha endilgado el tema al presidente López Obrador, la legalidad de los fideicomisos ha sido cuestionada por lo menos desde el 2016 cuando el periodista de La Jornada, Jesús Aranda, puso al descubierto la operatividad de las pensiones complementarias.

En su artículo, señala que la segunda sala de la SCJN estableció que el monto máximo de pensiones para trabajadores del IMSS y del ISSSTE debe ser el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales (alrededor de 21 mil 900 pesos), pero no aplicó el mismo criterio con los ministros, magistrados y jueces federales.

El periodista destaca que algunos ministros reconocieron que los fidecomisos son ilegales porque provienen de recursos que no son ejercidos al término del año fiscal. Sin embargo, tras preguntarles porqué permiten esa ilegalidad, recibió por respuesta un: ‘‘¿Y quién se mete con la Corte?’’

Los fideicomisos han ido creciendo a lo largo de los años con recursos públicos disponibles de diversos ejercicios fiscales. Estos se originaron en contratos entre el Poder Judicial y bancos comerciales, que posteriormente se trasladaron a la banca de desarrollo, además de acuerdos de administración específicos establecidos por el CJF.

El 3 de marzo de 2008, el Consejo de la Judicatura Federal e Ixe Banco crearon el Fideicomiso Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces jubilados, con el fin de generar un patrimonio autónomo, pero desde el 29 de octubre de 2015, el fideicomiso es administrado por Nacional Financiera.

Cada año la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitan un presupuesto mayor a sus necesidades, lo que les permite administrar los recursos ‘‘sobrantes’’ y destinarlos a fideicomisos, en lugar de regresarlos a Hacienda, como marca la ley.

De acuerdo con la información publicada por Aranda, el pleno de la SCJN inició con este esquema de dobles pensiones en julio del 2003, cuando el entonces presidente del máximo tribunal, Mariano Azuela Güitrón, propuso una homologación de las pensiones previstas exclusivamente para 11 ministros que habían asumido el cargo en 1994, a 25 ministros en retiro. Tiempo después, el CJF implementó el mismo esquema.

ASF tiene en la mira fideicomisos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado repetidamente que los recursos de los fideicomisos apenas se utilizan y carecen de un enfoque de financiamiento interno.

En 2016, la auditoría concluyó que los fideicomisos y fondos del PJF no cumplen con los principios de austeridad y racionalidad debido a la baja utilización de sus recursos, lo que resulta en la acumulación de fondos públicos.

En el 2019, la ASF volvió a hacer observaciones al PJF por no usar los recursos de los fidecomisos y seguir recurriendo al dinero del presupuesto.

“Se considera que la operación de los fideicomisos de la SCJN y del CJF no se ajusta a criterios de racionalidad dada la muy baja utilización de sus recursos, lo cual ha sido una constante, en los últimos 10 años, ya que, en promedio, solo se ha utilizado el 4.8% de sus disponibilidades, destacando los fideicomisos relativos a pensiones complementarias, cuyo financiamiento ha sido efectuado mayormente con recursos de los propios presupuestos de dichos órganos en lugar de hacer uso de los recursos disponibles con los que cuentan dichos instrumentos financieros, originando ello que las disponibilidades se hayan incrementado casi 4 veces en los últimos 10 años, lo cual representa un incremento de 11,538.2 millones de pesos”, señaló la Auditoría.

La ASF también criticó que, en el caso de las pensiones complementarias en la Suprema Corte, los recursos ejercidos para ese fin se financiaran del presupuesto con cargo a la partida de gasto 15301 “Prestaciones de Retiro”, en lugar de utilizar el dinero de los fideicomisos, el cual fue usado únicamente para pagar el 10% de ellas.

La simulación de Piña

Cuando López Obrador le propuso a Norma Piña que cedieran los recursos de los fideicomisos para la reconstrucción del Puerto de Acapulco, la respuesta de la magistrada presidenta fue la siguiente:

“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.

Sin embargo, el tiempo pasó y el recurso no se destinó a las familias damnificadas. En el camino se interpuso el ministro Javier Laynez, por lo que el mandatario consideró que todo había sido un acto de simulación de parte de Norma Piña o que fue sometida a “fuertes presiones de los mandamás”.

“Sólo hay dos explicaciones: una, que ella sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones que no afectan en lo laboral, no dejan sin salarios o prestaciones a los trabajadores. Eso hay que aclararlo: es un fondo para privilegios, y sueldos elevadísimos y otras prestaciones; creo que ella pensó que era un momento de decir que era un recurso, que la Cámara de Diputados decide que se regresen a la Tesorería, y se etiqueten para los damnificados de Acapulco”, expresó.

“Hasta ahí iban bien las cosas, entonces son dos cosas: o ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía… O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás. Una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real”, consideró.

El 14 de diciembre pasado, durante su primer informe de labores, Norma Piña se desdijo de su compromiso con los damnificados de Acapulco y defendió la existencia de los fideicomisos, tras referirse a las marchas de inconformidad que organizaron empleados del Poder Judicial.

“Sepan las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que sus derechos laborales, igual que los de todos los mexicanos y mexicanas serán garantizados en términos del orden legal y constitucional que los ampara”, sentenció Norma Piña, quien hasta el día de hoy no ha cumplido su promesa de entregar los recursos de los fideicomisos a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, Guerrero.