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General de la PGR recibe 5 años de prisión por sobrecosto de 1.9 mdd en Eurocopter usado por Murillo Karam

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Avalan falsificación en compra de helicóptero usado por Murillo Karam

Un tribunal federal condenó a 5 años de prisión al General José Antonio Ramos Arévalo, ex director General de Servicios Aéreos de la extinta PGR, por falsificación de documento agravado en la compra de un helicóptero Eurocopter EC-145 realizada en 2013.

La sentencia establece que la institución pagó 7.6 millones de dólares por la aeronave, cuando su valor real era de 5 millones 623 mil 680 dólares, lo que generó un sobrecosto de 1 millón 976 mil 320 dólares en perjuicio del erario, según Reforma.

La resolución, dictada por un tribunal de enjuiciamiento del Reclusorio Oriente, determinó que el ex funcionario asentó hechos falsos para justificar la adquisición sin licitación pública.

En particular, sostuvo que el precio del helicóptero provenía de la guía especializada Aircraft Bluebook; sin embargo, el fallo judicial concluyó que dicha publicación no consignaba el valor señalado y que incluso los modelos comparados en el anexo técnico no aparecían con los precios que citó.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa de 16 mil 190 pesos, la suspensión de derechos políticos y civiles y la obligación de reparar el daño, cuyo monto será definido en la etapa de ejecución de sentencia. La jueza negó beneficios como la condena condicional o la sustitución de la pena, por lo que, si el fallo se confirma en segunda instancia, el General deberá ingresar a prisión. Ramos Arévalo ya impugnó la sentencia.

Modelo del Helicoptero Eurocopter EC145. FOTO: GLOBAL PLANE SEARCH

Este caso resulta relevante no solo por el monto del sobreprecio —casi 2 millones de dólares—, sino porque la aeronave era utilizada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy hospitalizado por un derrame cerebral ocurrido en abril de este año, mientras cumplía con prisión domiciliaria.

La condena marca un precedente en la rendición de cuentas por adquisiciones oficiales y refuerza el principio de que la falsificación documental para justificar gasto público indebido debe tener consecuencias legales.

Cabe recordar que en 2024 el mismo militar fue absuelto en otro proceso relacionado con la compra de aeronaves no tripuladas por 41.4 millones de dólares; sin embargo, ese fallo no guarda relación con la condena ahora impuesta por el caso del Eurocopter. La resolución aún puede ser revisada por un tribunal de apelación, que decidirá si confirma, modifica o revoca la sentencia.

Mijael Mendoza
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