Como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández incumplió la ley en materia de contrataciones públicas e incurrió en probable daño a la Tesorería por 272.4 millones de pesos con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la Judicatura realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acreditara la prestación de diversos servicios.
Fue así cómo la ASF inició 11 procedimientos para investigar y sancionar a los responsables respecto a la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2024.
En ésta, se precisa que el extinto CJF pagó a proveedores:
- 21.4 millones de pesos sin acreditar los servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles.
- 49.4 millones sin justificar trabajos de mantenimiento y limpieza.
- 201 millones sin documentación comprobatoria por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado.
- El órgano que estaba encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial no hizo efectiva una póliza de fianza por 431 mil pesos, derivada de que el servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca fue suspendido dos meses por el proveedor.
El monto pendiente por aclarar en la gestión del penúltimo año de Norma Piña es de 272 millones 437 mil 450 pesos.
Norma Lucía Piña, ex ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante la presentación de Ernesto Velázquez Briseño, como nuevo Director General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación.
La auditoría, que se realizó tras la desaparición del CJF, concluyó que se comprobaron violaciones a distintas normas, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por incumplir los requisitos de comprobación del ejercicio presupuestal.
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Víctor Zamora Rosales
24 octubre, 2025 at 7:16 pm
¿272 millones, nada más?
A como son de voraces los conservadores se me hace muy poquito.
Luis luviano A
24 octubre, 2025 at 8:53 pm
No se debe dar marcha atrás… auditorías exhaustivas y castigar esos robos ..con penas muy severas ya que fueron cometidos por funcionarios que estaban para defender los derechos del pueblo…antes de avancen las investigaciones se debe modificar la ley y reformar el código penal para castigar en forma ejemplar.
Jose Rendón
26 octubre, 2025 at 8:23 am
Estoy de acuerdo por el avuso de estas personas que tienen el poder de la nación y abusaron de de la confianza que se les acreditó
Nikito Nipongo
26 octubre, 2025 at 5:08 am
DOÑA CARA DE SAPO Y CUERPO DE VACA. QUE RESPONDA POR TODO LO QUE LE ROBÓ AL PUEBLO.
Emma
26 octubre, 2025 at 7:52 am
Con razón le tenían tanto “amor” a sus puestos. Bola de corruptos .
Jorge Rosh
29 octubre, 2025 at 3:08 pm
¿Y van a demandar penalmente a esta persona o solo nos mencionan una graciosa anécdota?. Porque como siempre pasa nos enteramos de latrocinios realizados por tal o cuál funcionario y solo queda en eso, en una “graciosa anécdota”..