Murillo Karam habría desviado 3.290 millones de pesos como procurador

Quien fuera procurador General de la República con Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, no solo enfrenta procesos judiciales por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia; también hay nueve expedientes en contra de nueve ex colaboradores suyos por malos manejos de recursos públicos, por 3 mil 290 millones de pesos, según informó el diario español El País.

A decir del periodista Zedrik Raziel, para dicho medio, aunque en ningún caso por corrupción se denuncia directamente a Murillo Karam, la Fiscalía ha cercado a su círculo más cercano, empezando por quien fuera su oficial mayor en la PGR, Judit Aracely Gómez Molano.

En total, explica, han sido denunciado 12 ex funcionarios por el posible desvío de recursos, compras de bienes a sobreprecio, robo de dinero en efectivo y contrataciones manipuladas para beneficiar a empresas favoritas.

En su mayoría, los denunciados han sido vinculados a proceso, pues un juez determinó que existen elementos suficientes de los delitos que les carga la FGR y están en espera de sentencias.

Entre los acusados por corrupción aparece el nombre de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo en Israel y acusado de tortura y desaparición en el caso Ayotzinapa.

Asimismo fueron denunciados por corrupción:

• Vidal Diazleal Ochoa, ex director de la Policía Federal Ministerial
• César Gustavo Ramírez Torralba, ex director adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones 
• José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos
• Humberto Ántimo Rivera, ex director de Seguridad Institucional
• Débora Schlam Epelstein, ex directora de Programación y Presupuesto
• Gustavo Armando Kanaan Brito, ex director de Recursos Materiales
• Rigoberto Gabino García Ocampo, ex director de Información sobre Actividades Delictivas
• José Luis Gutiérrez Ayala, ex director de la Oficina del Procurador
• Zacarías Conzuelo Reza, ex director de la Oficina del Procurador
• Daniel Piña Romo, ex director en la Oficialía Mayor

Lo que se sabe hasta ahora

Raziel expone que las investigaciones que siguen la ruta del dinero están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Uno de los expedientes más llamativos, dice, indaga el desvío de 620 millones de pesos mediante salidas de dinero, supuestamente para pagar viáticos a testigos protegidos y a agentes encubiertos como parte de la Operación Escudo, un programa de combate al crimen organizado.

A decir de la Fiscalía, no existe evidencia de que las salidas de recursos estuvieran relacionadas con alguna investigación criminal.

Los movimientos se habrían hecho a la partida de Gastos de Seguridad Pública Nacional, que era una especie de caja chica que se manejaba en efectivo, con pocos controles, bajo la justificación de la secrecía de las investigaciones criminales y en la necesidad de que se pudiera disponer de los recursos con facilidad.

Los sobres rojos

La FGR llama a la indagatoria sobre esta partida como el “caso de los sobres rojos”, porque era el empaque con el que sacaban los recursos de la bóveda de la PGR.

Según ya había indicado en 2020 el diario español, los gastos no justificados de dicha partida rondaban los 100 millones de pesos, pero las nuevas indagatorias aseguran que la cantidad robada es seis veces mayor.

Además, otras dos carpetas de investigación involucran a Tomás Zerón:

La FGR investiga el pago de 250 millones de pesos a la empresa offshore Duritz Holdings Limited, por la supuesta compra de equipos de intercepción de telecomunicaciones.

La compañía tiene sede en Gibraltar, conocida por ser un paraíso fiscal y el pago se hizo a una cuenta en Suiza.

Además, el periodista señala que los investigadores no encontraron los equipos en el inventario de la PGR, por lo que se presume que Zerón los extrajo de la dependencia para instalar un centro personal de espionaje.

Acumen Telecomunicaciones

La segunda carpeta es por el pago de 852 millones de pesos a la empresa Acumen Telecomunicaciones SA de CV y Jans y Suvs de Lujo Sa de CV para comprar camionetas y sistemas de intercepción de comunicaciones.

Esta compra contemplaba instalar los equipos de espionaje a los vehículos, para tener unidades móviles de escuchas. Y, aunque los bienes se entregaron a la PGR, permanecieron en bodegas y no se utilizaron.

También se habrían comprado siete aviones no tripulados con valor de 615 millones de pesos, vendidos por Balam Seguridad Privada SA de CV, que es proveedora en México del malware de espionaje Pegasus.

Según la FGR, los aviones no tripulados fueron comprados sin la autorización de la Oficialía Mayor de la PGR y con documentación falsa. Esta compra se hizo con recursos de la opaca partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Otras dos investigaciones se vinculan con la compra de dos aeronaves de lujo usadas por el exprocurador Murillo Karam para fines personales.

Uno es un jet Bombardier Challenger, comprado en 2013 por 19.6 millones de dólares y el otro, un helicóptero Eurocopter EC-145 comprado en 2013, a 98.9 millones de pesos.

Pagos a sobreprecio

La Fiscalía indica que la institución no tenía la necesidad de hacer dichas compras, pues ya contaba con una flota de aeronaves, además que la PGR no tenía la necesidad de comprar aviones tan lujosos y caros para cumplir su objetivo de perseguir delitos.

Por si fuera poco, la FGR expone que se pagó un sobreprecio de 4 millones de dólares por encima del valor del mercado, mientras que, para comprar el helicóptero Eurocopter por adjudicación directa se falsificó documentación para brincarse la obligada licitación.

Los fiscales, indica Raziel, presumen que ambas aeronaves se usaban por Murillo Karam como taxis aéreos para traslados personales.

Otras dos carpetas de investigación por contrataciones en la gestión de Murillo Karam son por 112.3 millones de pesos, por supuestas compras de equipo que no fue entregado por los proveedores, lo que sería un desvío de recursos efectuado con cargo a la partida de Seguridad Pública y Nacional.

Pegasus

La Fiscalía ha incluido en estas pesquizas por corrupción la compra de malware Pegasus, por el que la Procuraduría pagó 460 millones de pesos.

Ese expediente involucra a Zerón, a la extesorera Aracely Gómez y a otros dos exfuncionarios en los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones.

El periodista señala que casi todas las acusaciones repiten el nombre de Aracely Gómez Molano, oficial mayor de Murillo Karam en la PGR y su secretaria particular cuando fue senador. Luego, tras el caso Ayotzinapa, el ex procurador fue enviado a la Sedatu, y Gómez Molano se fue con él, también como oficial mayor.