A iniciativa de los diputados de Morena, las cuentas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) serán revisadas y transparentadas para saber quiénes fueron los beneficiados del rescate financiero de la década de los 90.

La deuda adquirida estaba prevista para pagarse en 30 años, pero según expertos en economía, se pagará hasta el 2076.

Es por ello que los legisladores de Morena han propuesto que toda la información concerniente al caso se deberá poner a disposición de todo público, esto incluye documentos de operaciones y programas de apoyo a los ahorradores y deudores de la banca, para saber a quiénes beneficia la erogación de miles de millones de pesos al año.

Y es que el monto destinado al pago de esta deuda ha ido en aumento en los últimos años. En el 2015, se otorgaron para ello 10 mil 950 millones de pesos; en 2016 fueron 20 mil 566 millones; en 2017, 35 mil 848 millones; y en 2018, 38 mil 168 millones de pesos. Esto representa un aumento del 350 por ciento en solo cuatro ejercicios fiscales.

Guillermo Ortiz, exgobernador del Banco de México, impulsor del Fobaproa. Foto: Especial

La propuesta plantea una modificación a la Ley de Protección al Ahorro Bancario para obligar a que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario transparente el destino de los recursos y cobre los créditos que se hayan pagado indebidamente.

“Esta iniciativa, de aprobarse, permitirá y establecerá como obligación del instituto la transparencia de los expedientes en que se sustentan el Fobaproa y el IPAB. Además, establece la facultad a la Cámara de Diputados para en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se revisen los cálculos enviados por el IPAB a fin de que no se paguen adeudos de particulares y se inicien los procedimientos tendientes a la recuperación de aquellos créditos que no debieron pagarse”, establece el proemio de la iniciativa, la cual fue presentada el diputado por Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Las personas tuvieron que devolver casas, vehículos. El Estado pagó los adeudos de los bancos, asumiendo las pérdidas y adeudos, sin transparentar el origen de los mismos ni explicar los motivos de los créditos que se estaban cubriendo; mucho menos se justificó el sentido social de la medida adoptada”, indica el documento.

El diputado de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, autor de la iniciativa, Foto: Especial.

La iniciativa precisa que los pasivos del Fobaproa se calcularon en 552 mil millones de dólares en 1999 y ese año se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por los economistas en 2006, pronosticó que serían 70 años, siempre y cuando el país tuviera un crecimiento económico anual del 4 por ciento.

“Pero el crecimiento promedio del PIB mexicano en la última década ha sido de tan sólo 2.3 por ciento; por ello el pronóstico de los economistas está desfasado y la deuda podría tardar en pagarse aproximadamente en los siguientes 80 años”, expone el documento.

De acuerdo con el diputado Loera, muchos de los créditos que fueron absorbidos por el gobierno tuvieron como origen las malas prácticas de los bancos, el otorgamiento desmedido de créditos, e incluso el autopréstamo bancario.

Dionisio Meade, padre del excandidato presidencial José Antonio Meade, apoyó la creación del IPAB. Foto: Especial.

En aquel entonces, la cantidad de dinero del Fobaproa representaba el 40 por ciento del PIB en 1997, lo que representaba las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna, pero en 1998 cuando el Congreso aprobó la Ley del Ahorro Bancario, el monto de la deuda que absorbió el Gobierno Federal ascendió a 1 billón de pesos.

El documento de la iniciativa precisa también que al crearse en 1996 la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, —a través de la que se dio el aval para el supuesto rescate bancario— un total de 54 empresas se beneficiaron con un monto cercano a los 9 mil 700 millones de dólares, y además de incluirse el Fobaproa, se agregaron adeudos sin ningún tipo de justificación económica, jurídica y social.

“Solo se benefició a ciertos grupos empresariales, sin que se diera ningún sentido de rescate social”, expone el texto.

El expresidente Zedillo, uno de los autores materiales del Fobaproa. Foto: Especial.

El diputado estima que la deuda adquirida por el Gobierno Federal sigue representando un problema para México, además de que se mantiene en anonimato los nombres de quiénes se beneficiaron con ese rescate.

“Esta iniciativa tiene como fin aclarar la deuda histórica que existe al pueblo de México, ya que nunca se transparentaron los expedientes en los que se basan el pago de los adeudos para el saneamiento de la deuda pública contenida en el Fobaproa e IPAB”, expone.