Ministros son miembros de AC que litiga contra gobierno de AMLO

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, son integrantes activos del Instituto Mexicano del Amparo, una de las asociaciones civiles que litiga en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Según informó la periodista Nancy Flores para Contralínea, la más reciente estrategia de la AC consiste en promover que la ciudadanía presente en forma masiva juicios de amparo contra la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP.

Para ello, ha facilitado la libre descarga de un formato con dicho propósito, en la que únicamente es necesario llenar los espacios en blanco y presentarlo. Dicho documento realiza una denuncia al Presidente AMLO y a la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez.

Flores menciona cómo esta maniobra legaloide llama la atención porque es precisamente Aguilar Morales quien, en forma fast track, otorgó dos suspensiones con esos mismos propósitos a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila.

Pérez Dayán aparece como integrante del Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Amparo, en carácter de vocal. 

Fue él quien, en mayo pasado, declaró en referencia al conflicto de la Corte con el gobierno de AMLO que “estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”. 

Su declaración ocurrió luego de que él, y otros siete ministros, echaran abajo el Plan B electoral, el decreto por el que las obras de infraestructura se declaraban de seguridad nacional y de que el máximo tribunal ordenó dejar sin efector la reforma que transfería a la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aguilar Morales, por su parte, es miembro honorario de la asociación civil que litiga en contra del gobierno federal. 

Flores expone que su visión y la de la AC pareciera la misma no sólo por su actuar en el tema delos libros de texto gratuitos, sino porque ambos buscan destituir de la Presidencia de la República a López Obrador, “bajo argumentos similares a los aplicados en el proceso de desafuero que el ahora primer mandatario enfrentó en 2005, cuando aún era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal”.

En días pasados, fue Aguilar Morales quien presentó ante sus compañeros de la Segunda Sala un proyecto de sentencia que él mismo elaboró, con el que buscaba destituir al Presidente, aunque de última hora lo retiró.

También el Presidente del Instituto Mexicano del Amparo, Hugo Alberto Arriaga Becerra, solicita no sólo que se destituya al primer mandatario, sino que se le finquen responsabilidades de carácter penal.

La periodista agrega que, como titular de la AC, Arriaga Becerra difundió en noviembre pasado un ensayo jurídico de su autoría titulado “Responsabilidad penal del presidente de la República por ordenar que se ignoren las decisiones de los jueces”, en el que sugiere que a AMLO se le pueden cuadrar delitos de corrupción que lo lleven a la cárcel y que su destitución podría ser ejecutada incluso por las Fuerzas Armadas.

El jurista asegura que AMLO incurriría en esos delitos por haber ordenado a sus subordinados a “desobedecer” los mandatos de los jueces, “cuando se pretenda liberar a los delincuentes”, e su conferencia del 25 de noviembre pasado.

“Instruyó a los funcionarios para que contra-argumenten las resoluciones de los juzgadores, respondiendo por escrito a las órdenes de liberación, con el argumento de que ellos tienen ‘otros datos’ sobre los cargos o procesos que se siguen contra el acusado y así evitar que salga de la cárcel”, mencionó.

Justo un día antes, el 24 de noviembre, la mayoría de los ministros invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales.

Dicho proyecto fue elaborado por Luis María Aguilar, argumentando que se deben garantizar los derechos individuales y la presunción de inocencia.

Pero llama la atención, indica la periodista, que desde diciembre de 2022, dicho ministro tiene un expediente de una presunta defraudación fiscal por 25 mil millones de pesos atribuible a una corporación que él solicitó atraer únicamente con el objetivo de no resolverlo, según el procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla.

Hace unos días, el funcionario acusó en la conferencia presidencia que el juzgador ha retrasado “indebidamente la resolución del asunto, (lo que) atenta no solamente contra la Constitución federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos”.

Por otra parte, el 14 de junio, el mismo procurador Medina Padilla dio a conocer que Luis María Aguilar cambió el sentido de su proyecto de sentencia para proponer que la justicia amparara a Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, en un caso de presunta evasión de impuestos por más de 10 mil millones de pesos.

El empresario no recibió el beneficio gracias a esta denuncia, en beneficio de la hacienda pública porque, de lo contrario, otros evasores de impuestos tendrían que recibir el mismo trato, menciona Flores.

Instituo Mexicano del Amparo

El Instituto Mexicano del Amparo AC fue fundado en 1980 bajo el auspicio del abogado Ignacio Burgoa Orihuela y “con la asistencia del entonces presidente de la SCJN, el señor ministro don Agustín Téllez Cruces”.

Además, su propia página web revela que la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, forma parte de la AC desde 2009, lo que la convierte en una de las organizaciones con mayor influencia en el Poder Judicial Federal.

Flores también menciona un ejemplo más de la cercanía del máximo tribunal con la AC, recordando que en marzo de 2009, la edición de Compromiso, el órgano informativo del Poder Judicial de la Federación, explicó en su página 33 la visita de los juzgadores a esa organización:

“Ministros del alto tribunal asistieron a la sede del Instituto Mexicano del Amparo AC, a una ceremonia en la que se protocolizaron los estatutos y el nuevo consejo directivo, que preside Ignacio Burgoa Llano. En el aula Ignacio Burgoa Orihuela, estuvieron el presidente del máximo tribunal, ministro Guillermo i Ortiz Mayagoitia, y los ministros Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo, así como el consejero de la Judicatura Luis María Aguilar”.

 

Hoy en día, además de apoyar la presentación masiva de juicios de amparo contra los libros gratuitos, el Instituto Mexicano del Amparo se ha pronunciado por la destitución de la ministra Yazmín Esquivel Mossa, lo cual constituiría un claro conflicto de interés, pues la doctora es la homóloga de Pérez Dayán y Aguilar Morales.

En noviembre de 2018, recuerda Flores, la AC presentó un recurso legal ante la SCJN para ser amicus curiae (amiga de la Corte) en la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que buscaba dejar sin efectos el precepto constitucional que indica que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente.

Con ese recursos, la asociación civil buscaba evitar que “la Cámara de Diputados afectara los salarios de los trabajadores al servicio de los tres Poderes de la Unión, ya que los mismos se encuentran garantizaos por normas constitucionales y legales”.

Aunado a esto, la AC promovió una demanda de amparo sobre este mismo asunto, y puso a disposición de todos los servidores públicos con remuneraciones superiores a las del Presidente, el formato para presentar ante jueces de distrito en materia de trabajo.

Asimismo se ha opuesto mediante acciones legaloides a las reformas en materia de electricidad, minería, contra el outsourcing y el regreso a clases presenciales luego de la pandemia por Covid-19.