Los tiempos políticos del presidente son realmente impresionantes. Fue capaz, en menos de tres días, de transformar una narrativa política adversa de la oposición y de los medios de comunicación hegemónicos, a un escenario en donde se celebra la aprobación de la reforma a la Ley Minera que busca garantizar la exploración y explotación del litio enteramente por el Estado.
Si bien la oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República buscó caricaturizar la reforma, reduciéndola a un capricho del presidente y a un sin sentido trasnochado de los 70s, la realidad es que había bastantes buenas razones para impulsar esta reforma.
Veamos el contexto. En los últimos 30 años, desde las modificaciones de 1992 a la Ley Minera y sus subsecuentes reformas, en México hubo una creciente desregularización de este sector, la cual acabó entregando el 60% del territorio nacional al sector minero privado, que en su mayor parte está conformado por capital extranjero.
Ello iba acompañando de la contaminación impune del aire, subsuelo, ríos y de los ecosistemas, en donde tristemente muchas y muchos luchadores sociales aparecían muertos después de señalar la lógica rapaz, extractiva y criminal de no pocas de estas empresas.
El pago de las mineras a las comunidades o los municipios muchas veces no sólo es ofensivo, sino inexistente. Por ejemplo, en Caborca y Fresnillo, dos de los mayores centros productores, las autoridades locales no reciben nada.
El gobierno de la 4T heredó un modelo minero con orientación exclusivamente de mercado, que favorece a las empresas a costa de las comunidades y el medio ambiente, y en donde la riqueza no se queda en el país, sino en Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros.
En este contexto, proteger el litio se vuelve fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que, aunque distintos sectores como los ferrocarriles, aerolíneas, teléfonos, petróleo o la electricidad eran del Estado, eso no impidió que fueran trasladándose al sector privado. Ello lo hicieron bajo una lógica ya muy conocida: adelgazamiento de los órganos, fragmentación de sus funciones en distintas dependencias, succión de sus recursos a través de la corrupción, cooptación paulatina de la cadena de valor, discurso de ineficiencia que coloca la idea de que las empresas estatales son ineficientes y representan un gasto, hasta su final disolución.
No somos nuevos las y los mexicanos en esto de cederle la explotación de recursos y mercados estratégicos al sector privado trasnacional, ya sabemos a dónde nos lleva eso. No podíamos caer en la inocencia de confiar en la buena voluntad de las trasnacionales, cuando la tecnocracia que espera volver al poder se relame los labios para volver a entregar nuestros recursos y beneficiarse de ello, como lo hizo con Odebrecht.
En los últimos años la importancia y el precio del litio han subido de manera impresionante. La tonelada pasó de costar 150 mil pesos en el 2020, a 1 millón 150 mil pesos en este año, a lo cual se suma que las estimaciones del Banco Mundial contemplan un aumento del valor en 500% para el 2050. Este aumento de valor estaba ya provocando movimientos financieros y trasnacionales en nuestro país.
Sin ir más lejos, hace unos meses la empresa china Ganfeng, que es la mayor productora de los derivados del litio en el mundo, había pagado la cantidad de 7,800 millones de pesos a Bacanora Lithium por el 50% de la concesión que posee.
Ganfeng es la principal social de Tesla, que es propiedad de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo que, con el fin de hacerse de las reservas del litio, apoyó el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, y declaró en un tuit que lo volvería a hacer. Esto fue tema incluso de una de las mañaneras de AMLO, una en la que participó el presidente de Bolivia Luis Arce.
La realidad, después de aprobada la reforma, es que no se podrán entregar concesiones, contratos, licencias, permisos, asignaciones o autorizaciones al capital privado para la exploración y explotación del litio. El estado mexicano tendrá que desarrollar toda un ingeniería e industria capaz de, en poco tiempo, aprovechar la explotación de este recurso. De entrada, aunque el tiempo que transcurra plantee una ruta a mediano plazo, en mi humilde opinión al aumentar el valor del litio cada año, estaríamos fortaleciendo el futuro del país.
La oposición al respecto ha dicho que nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar esta industria, que sería demasiado caro e inútil hacerlo, que tendríamos que volver a los militares mineros para lograrlo.
Son suposiciones que se anclan en dos ideas: la primera, la poca confianza y reconocimiento de la capacidad que tenemos como nación de desarrollar tecnología y crear valor agregado sobre nuestros recursos naturales. En segundo, la inclinación natural que tienen por ceder los recursos naturales a extranjeros por migajas, siempre y cuando reciban ellos financiamiento para sus campañas y una parte del negocio, lo cual lo justifican hablando que la corrupción del Estado, una corrupción de la cual son responsables ellos.
La meta es que en unos años, si empresarios como Elon Musk quieren litio para sus increíbles automóviles o celulares, ya no tendrán necesariamente que tráelo del otro lado del mundo, pues tendrán la posibilidad en un futuro de comprarlo y transpórtalo desde el norte de nuestro país.
