Madrazo y su familia se embolsaron casi 400 millones en el EdoMex

Aprovechando sus influencias, el ex candidato del PRI a la Presidencia, Roberto Madrazo y su familia, han logrado consolidar su negocio en la industria hospitalaria, obteniendo millonarios contratos de gobiernos afines a la oposición. 

De la mano de su hijo, Federico Madrazo Rojas y su yerno, Alexis Nickin Gaxiola, Madrazo y su familia han logrado contratos multimillonarios con los gobiernos de Michoacán y el Estado de México, según lo documentaron los periodistas Óscar y Felipe Olivares Cuarenta, para la revista 4Q.

Además del escándalo en el que se vieron involucrados por ser financiados directos de la plataforma de noticias LatinUs, en la que Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo” aprovechan para difundir propaganda en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las empresas de Madrazo y su familia también enfrentan numerosas observaciones por irregularidades.

En el caso de Michoacán, existen 60 denuncias por irregularidades que son investigadas y, en el Estado de México, han recibido desde marzo de 2022 más de 230 millones de pesos por supuestos trabajos de sanitización en 63 unidades médicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

Según relatan los periodistas, Madrazo opera a diestra y siniestra sus empresas en el Estado de México, incluso mediante empresas con diferentes nombres, como Zdenco SA de CV, relacionada con la empresa Medalfa, de Alexis Nickin.

El nexo anterior es un claro ejemplo de cómo Nickin Gaxiola aprovecha su poder empresarial para financiar a LatinUs, reafirmando la sospecha de que gran parte de la financiación de dicho medio se hace con recursos públicos.

Como prueba, los periodistas presentan un contrato directo en el que se adjudicó la licitación pública nacional presencial número LPN/ISSEMYM/020/2022 a la empresa Zedenco SA de CV por 224 millones 859 mil 684.96 pesos para la sanitización y desinfección de alto nivel grado hospitalario en 63 unidades médicas del instituto bajo la modalidad de contrato abierto.

La empresa comenzó a operar apenas en marzo de 2020, pero ya ha sido denunciada por su inexperiencia y por la mala utilización de los químicos que aplicaron en presencia de los pacientes, causándoles irritación y complicaciones respiratorias.

Asimismo, el contrato demuestra el sobreprecio ofrecido por la empresa, al vender 3800 litros de desinfectante por mil 044.95 pesos por litro, es decir a un total de 3 millones 970 mil 810 pesos, cuando el precio real del producto ascendía en ese entonces a 42.25 pesos por litro, es decir, que el costo real habría sido de 160 mil 550 pesos, por lo que se infló el precio a más de 200%.

También se encontró la adjudicación de la licitación pública nacional por “contratación multianual 2021-2023 del servicio de anestesia para realizarse con personal del instituto, pago por procedimiento realizado y préstamo de equipo de anestesia así como también equipo propio e insumos para diferentes unidades médicas bajo la modalidad de contrato abierto”.

Este contrato fue entregado a Thomasant Group Sa de CV , Zdenco SA de CV, Instrumedical SA de CV por 167 millones 851 mil 762.20 pesos.

Los periodistas indican que las tres empresas están vinculadas con el clan Madrazo.

Sumando tan solo estos dos contratos da un total de 392 millones 711 mil 447.11 pesos, sin ser gestionados de forma transparente.

Pero esta práctica no es nueva. Los periodistas recuerdan que el cártel de salud lleva años saqueando al Issemym, desviando millones de pesos sin castigar a los responsables o sin aceptar que haya casos de corrupción.

Presupuesto y saqueo

En 2023, el Issemym recibió 36 mil 951 millones de pesos, lo que significó 26% más que en 2022, pero ni los trabajadores ni los derechohabientes saben en qué se destina el presupuesto en la institución que, desde 2019, es manejada en su totalidad por Alfredo del Mazo Maza.

“Esto revela que el gobierno del Estado de México ha tejido una red perfecta de corrupción que oculta con murallas la verdad pues no han podido resolver los problemas financieros que enfrentan desde hace varias administraciones y que repercute en los recursos que en realidad le pertenecen a los pensionados y derechohabientes”, indica la publicación de la revista 4Q.

Con ese nivel de corrupción y sobreprecios, no es de sorprender la dura situación que enfrenta el instituto, a través de desabasto de medicamentos, falta de servicios médicos y una deuda a más de 2 mil derechohabientes que llevan esperando hasta cinco años para el pago de sus pensiones y jubilaciones.