La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, pidió al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) revisar la actuación del juez que otorgó un amparo que impidió ejecutar una orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel en el pasado, al considerar que pudo incurrir en una falta grave al tratarse de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Durante la conferencia “Derecho de Réplica” del pasado miércoles, Alcalde recordó que la investigación por el esquema de huachicol fiscal comenzó hace más de un año, luego del hallazgo de más de 130 ferrotanques abandonados con combustible en Coahuila.
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La funcionaria explicó que, pese a que desde entonces ya existía una orden de aprehensión contra el panista autorizada por un juez, un juzgado de amparo concedió una suspensión que impidió su ejecución, situación que, afirmó, no debió ocurrir por la naturaleza de los delitos investigados.
“Si hay una orden de aprehensión que ya fue avalada por un juez, no debería proceder ninguna suspensión de amparo que prohíba a una autoridad detener”, sostuvo.
Alcalde señaló que este tipo de resoluciones deben ser revisadas por el Tribunal de Disciplina Judicial, ya sea mediante una queja o de oficio, al considerar que podrían constituir responsabilidades graves por parte del juzgador.
Asimismo, contrastó las facultades del nuevo Tribunal con las del desaparecido Consejo de la Judicatura Federal, al que acusó de permitir que jueces actuaran sin consecuencias bajo el argumento de la autonomía jurisdiccional.
La consejera también rechazó que el proceso contra Ruffo Appel responda a una persecución política y aseguró que se trata de una investigación sustentada en un fraude multimillonario relacionado con el contrabando de combustibles.
Explicó que las indagatorias contemplan un daño estimado en 4 mil 600 millones de pesos, más de ocho personas detenidas y alrededor de 20 investigadas, como parte de una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos.
Decomisan tractocamión con huachicol en San José Iturbide. FOTO: @FSPE_Gto, X.COM
Además, reveló que un presunto “pitazo” permitió que los responsables abandonaran los ferrotanques cargados con combustible antes del operativo realizado en Coahuila.
Alcalde también cuestionó la versión del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien aseguró que Ruffo solo poseía el uno por ciento de la empresa investigada. Señaló que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exgobernador aparece como uno de los socios mayoritarios, con alrededor del 30 por ciento de las acciones.
Finalmente, explicó que el esquema investigado consistía en declarar que los cargamentos transportaban productos distintos a combustibles para pagar menores impuestos, lo que, afirmó, constituye un mecanismo de defraudación fiscal y tráfico ilegal de hidrocarburos.
