La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de entre 20 y 40 años de prisión para el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sus presuntos cómplices, bajo los cargos de integrar una organización dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante el llamado huachicol fiscal.
Este martes se llevó a cabo la audiencia contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, resolverá esta noche o la mañana del jueves si lo vincula a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
FGR acusa a Ruffo Appel de recibir 18 mdp por huachicol fiscal. FOTO: FGR; RUFFO APPEL, FACEBOOK
De acuerdo con la investigación de la FGR, la red habría realizado al menos nueve embarques de combustible desde la refinería Deer Park, en Texas, utilizando como consignataria a la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es el accionista mayoritario, mientras que la compañía Internacional de Fundentes aparecía como destinataria final en territorio nacional.
Las indagatorias señalan que la organización utilizaba documentación falsa para introducir al país mayores volúmenes de gasolina y diésel que los autorizados, evadiendo el pago de impuestos y las regulaciones aduaneras.
De igual forma, se investiga un esquema mediante el cual, presuntamente en coordinación con funcionarios aduaneros corrompidos, el combustible era declarado como productos que no pagan impuestos.
FOTO: FGR
Entre los señalados en la investigación se encuentran el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta y su colaborador Alexis Aarón Camacho Flores, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por presuntamente declarar el ingreso de aceites lubricantes cuando en realidad transportaban gasolina y diésel.
La FGR recordó que durante los operativos fueron asegurados 129 carrotanques ferroviarios en Coahuila, con más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin documentación legal que acreditara su importación.
Según los datos del Ministerio Público Federal, la presunta organización diseñó un esquema que involucró a 11 empresas para introducir ilegalmente más de 18.2 millones de litros de combustibles, contenidos en 163 carrotanques, ocasionando un daño al erario estimado en 166.4 millones de pesos por evasión de contribuciones fiscales y aduaneras.
FOTO: FGR
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada el 19 de septiembre de 2025 por Petróleos Mexicanos (Pemex), luego del aseguramiento de los primeros cargamentos de combustible. La empresa productiva del Estado señaló que el volumen transportado evidenciaba la operación de una estructura criminal y no de personas actuando de manera aislada.
Mientras avanza el proceso judicial, alrededor de un centenar de simpatizantes y militantes del PAN se manifestaron frente a las oficinas de la FGR en Tijuana para exigir la liberación de Ruffo Appel. A la protesta acudieron exfuncionarios y legisladores panistas, quienes insistieron en que el exgobernador es inocente y reclamaron que el proceso se desarrolle con apego a la ley.
