Por: Candelaria Ochoa (@CandeOchoaA)
12 de septimbre de 2016. El Estado moderno se caracteriza por la separación entre la Iglesia y el Estado, incluso por denominar al Estado como laico. Éste prescinde de la enseñanza religiosa y por extensión de toda influencia religiosa en su Constitución. El laicismo, por tanto, se entiende como la independencia de cualquier influencia eclesiástica o religiosa. Pero el Estado debe garantizar el libre ejercicio del derecho de los individuos a manifestar su creencia religiosa, de tal manera que no se obliga a nadie a practicar una religión, pero tampoco se obliga a no hacerlo
Los límites que se ponen para ello son los relativos a los del orden público y a la no imposición, por lo que el Estado debe garantizar el libre ejercicio del derecho a manifestar la propia creencia religiosa.
En nuestro país la separación entre la Iglesia y el Estado tuvo sus orígenes en las Leyes de Reforma, al secularizar tres funciones importantes: 1) El matrimonio civil; 2) El registro de nacimientos y muertes (registro civil) y 3) La regulación de las propiedades de la iglesia.
En varios Artículos de nuestra Constitución se establece y norma esta separación. En el 24, se especifica que toda persona es libre de profesar la creencia religiosa que mas le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso de la Unión no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. En el artículo 130 se establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados y considera que es obligatorio que todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos, estén registrados, y limita la participación de sacerdotes o ministros religiosos en asuntos políticos y les prohíbe ocupar puestos de elección popular.
Un Estado laico es aquel que garantiza la libertad religiosa en un ámbito estrictamente privado, y que no tiene preferencia por cualquiera de ellas, pero sobre todo, que garantiza que en el espacio público, toda organización social -como las iglesias- respeten las leyes civiles. El Estado laico no reconoce a ninguna religión, son los creyentes, en todo caso, quienes deben realizar ese reconocimiento.
La jerarquía católica reclama libertad religiosa y autonomía plena a su conveniencia, pero se niegan a reconocer los derechos civiles de libertad de expresión y autonomía para decidir sobre las creencias propias y toma de decisiones. Pareciera que en ese campo, las mujeres y hombres no somos libres para tomar decisiones.
El artículo 3o. garantiza que la educación debe sea laica y ajena a cualquier doctrina religiosa y que el criterio que debe orientar esa educación, se basa en los resultados del progreso científico, contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Uno de los debates más importantes entre visiones laicas y confesionales es respecto al matrimonio y la familia. Mientras que el Estado considera y reconoce el matrimonio como un contrato civil, la iglesia católica sigue considerándolo una unión “divina”. Dos visiones distintas por el contenido que ambas le dan.
Para quienes defendemos el estado laico consideramos imprescindible, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, de los hombres, de las familias, de la infancia y de los adultos mayores. Especialmente, porque muchas de las llamadas familias naturales, han significado para las mujeres espacios de reclusión, aislamiento, subordinación, indefensión, depresión y destrucción de su autoestima, que constituyen una violación sistemática de sus derechos humanos.
Es necesario avanzar en el desarrollo de políticas públicas y programas hacia las familias, como parte del desarrollo de la democracia del país, la construcción de un Estado de derecho y la realización de los derechos humanos de todos y todas. La familia se ha convertido en un campo en disputa, entre fuerzas que protagonizan vivencias de cambio y por otro, perspectivas de conservación, que apelan a la familia natural, como una vuelta al pasado.
No se reconoce la inequidad, vulnerabilidad, exclusión, discriminación, pobreza y educación. Quienes dicen defender la vida, han guardado un silencio ominoso y sepulcral sobre las mujeres muertas por violencia familiar, por las mujeres asesinadas, no expresan su repudio al abuso, reprobación y castigo de curas pederastas que han agredido la vida de niños y niñas; no se pronuncian en contra de los grandes poderes económicos que tiene la iglesia y los clérigos de alto rango, cuyas actitudes no son congruentes con las virtudes cristianas. Quienes dicen defender la vida, defienden sus intereses terrenales, aspiran a seguir controlando nuestras vidas.
Hemos construido un marco legal para la convivencia. el respeto, la no discriminación, la tolerancia y el reconocimiento de las diferencias. No se trata de ocultar las creencias, sino de garantizar el respeto y cumplimiento al estado laico y sus principios.
Para evitar que la Iglesia Católica mantenga relaciones privilegiadas con el Estado, se requiere solamente que se pongan en ejecución los principios constitucionales de nuestra carta magna.
Las iglesias pretenden el reino de lo espiritual; el reino de las leyes civiles y su cumplimiento nos corresponde a las y los mortales.
