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La hotelera disfrazada de “ambientalista” que busca parar al Tren Maya

Una empresaria del ramo hotelero, que se hace pasar por ambientalista, es quien tiene suspendido de momento el tramo 5 del Tren Maya. Esto gracias al amparo que un juez le otorgó a la Asociación Civil de la que es directora: Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS).

Se trata de Antonella Vázquez Cavedon, quien, en el Registro Público de Comercio de Quintana Roo, aparece como apoderada legal de la cadena hotelera Taj Condominus S. de R.L. de C.V., y como accionista en Intikam S.A. de C.V., una empresa que opera un hotel en la isla de Holbox.

De acuerdo con el acta constitutiva de Taj Condominus (que obra en poder de Polemón), el empresario estadounidense Jack Sidney Perlman aparece como el representante legal de esta sociedad que posee los hoteles Taj Oceanfront y Taj Beachside Condominio 306, considerados como de los más lujosos en Playa del Carmen.

En tanto, en Intikam, Vázquez Cavedon aparece como accionista y apoderada legal, sin embargo, llama la atención que, del cien por ciento de acciones, sólo posee una y el resto pertenecen a la empresa estadounidense Intikam US LLC.

La misma situación ocurre con otra sociedad denominada TUPAI S.A. de C.V., donde nuevamente Vázquez Cavedon asume el rol de apoderada legal y accionista, con tan sólo una acción y el resto lo posee el empresario italiano Massimo Varini Cavedon, originario de Reggio Emilia, Italia.

Aunque comparten el mismo apellido, en el acta constitutiva de esta sociedad no se aclara si existe un vínculo parental entre Massimo y Antonella. Lo que sí llama la atención es que la directora de DMAS sea propietaria de sólo una acción en cada una de esas sociedades, lo que podría sugerir que es traficante de influencias y se le incluyó únicamente para cumplir una formalidad, debido a que los extranjeros no pueden tener propiedades en zonas limítrofes con el mar, tal como lo expresa el artículo 27 de la Constitución Política de México.

“En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”, refiere un fragmento del citado artículo.

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Pese a lo anterior, en marzo del 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la sociedad de Intikam logró apoderarse -mediante una cesión de derechos- de la concesión de 1,642.76 metros cuadrados de playa que colindaban con el Hotel Faro Viejo, en la Isla de Holbox, con número de control DGZF-031/01. El nombre de Antonella Vázquez Cavedon aparece en el documento en calidad de apoderada legal de Intikam.

La trayectoria profesional de Vázquez Cavedon en los últimos diez años ha estado relacionada con el ramo inmobiliario y de entretenimiento en distintas zonas marítimas de la Riviera Maya, como lo demuestran los documentos oficiales consultados por Polemón.

Por ejemplo, en 2019, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un permiso para ejercer el comercio ambulante en una superficie aproximada de 604.19 metros cuadrados, colindante con los hoteles Taj Condominus, de los que es apoderada legal.

La licencia le fue concedida para operar del 19 de diciembre de ese año hasta el 19 de marzo del 2020, por lo que pudo ofrecer el espacio en la zona federal, a pie de playa, para la celebración de eventos sociales como bodas, conciertos, degustaciones, oratoria y simposios.

En esa ocasión, la mujer pidió que se le autorizara el montaje de un pódium, un templete, dos barras de madera y cien sillas plegables de plástico.

Por otro lado, TUPAI S.A. de C.V. e Intikam S.A. de C.V., -las dos fundadas en el 2012 ante el Registro Público de Comercio de Quintana Roo- fueron creadas para el fraccionamiento, lotificación, urbanización y compra venta de terrenos.

En la constitución de ambas sociedades se describe que, entre sus finalidades, está “la construcción de todo tipo de desarrollos inmobiliarios incluyendo casa habitación, hoteles, moteles, condominios, restaurantes, bares, discotecas, apartamentos o cualesquier otra clase de establecimientos”.

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Pero no se queda ahí, también tienen la autorización para construir obras de saneamiento y desecación, así como redes de abastecimiento de agua potable, pavimentación y la explotación de materiales pétreos.

“En general la dirección, supervisión, construcción, promoción y concurso de toda clase de obras civiles, públicas o privadas por administración o a precio alzado, con las modalidades que sean necesarias para cada caso, ya sea por cuenta propia o de terceros”, esto de acuerdo con el acta constitutiva, inscrita ante el Registro Público de Comercio de Quintana Roo.

El 9 de diciembre del 2020 acudió nuevamente a esta instancia para registrar una nueva sociedad: Scubablu Cozumel, S. de R.L. de C.V. Dicha empresa estaría relacionada con Scuba Club Cozumel, un hotel de 61 habitaciones diseñado y construido en 1976 “por buceadores para buceadores” que está “situado en el paseo marítimo, a una milla al sur del muelle de ferry del centro de la ciudad, en un atractivo edificio de varios niveles de arquitectura hispano-colonial (…) seguro y aislado de las multitudes”, según se lee en su página de internet.

De ahí que entre sus objetos como sociedad estén la “prestación de servicios turísticos, la organización de tours, arrendamiento temporal de embarcaciones, compra, venta, renta, regularización y explotación comercial de embarcaciones, contratación de personal para operar embarcaciones, la reparación, mantenimiento, fabricación, distribución, importación y exportación de toda clase de artículos marinos, equipo de buceo autónomo y libre, de pesca deportiva o de deportes en general”.

Además de “proporcionar instrucción, capacitación y/o entrenamiento relacionado con actividades recreativas marinas; la construcción, administración, operación, arrendamiento y subarrendamiento de todo tipo de hoteles, tiempos compartidos, casas, departamentos, condominios, villas, inns, agencias de viajes, restaurantes, bares, centros nocturnos, discotecas, complejos turísticos, centros deportivos y de recreo en general, así como la prestación de servicios de administración y operación de todo tipo de empresas en especial las relacionadas con la operación y administración de hoteles, tiempos compartidos, restaurantes, condominios y en general todas las que se relacionan con hospedaje y turismo, así como recibir y efectuar depósitos de dinero en relación con las actividades de la sociedad”.

Cabe señalar que Antonella Vázquez Cavedon es abogada con maestría en derecho en la American University, Washington D.C.; además de que tiene diplomados en el “Sistema Legal Norteamericano”, en la Universidad de Texas, en Estados Unidos y en “Política y Normatividad Migratoria”, otorgado por el Instituto Nacional de Migración y la Universidad La Salle.

Una nueva ambientalista

La incursión de Vázquez Cavedon en el activismo social en pro del medio ambiente es relativamente nueva, pues su organización DMAS fue inscrita el 24 de mayo del 2018, el mismo año en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la Presidencia de la República.

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De acuerdo con un documento que obra en poder de Polemón, las oficinas de DMAS se localizan en la Calle 23 Sur #Mz 28 LT 14, en la Colonia Ejido Sur Solidaridad, en el estado de Quintana Roo. El primero de sus objetivos es la “defensa y promoción de los derechos humanos, en especial aquellos relacionados con el derecho humano al medio ambiente sano”.

También resalta que “el objeto de la asociación es de carácter no lucrativo, sin fines religiosos ni políticos y no dará cabida en su seno ni en su obra de ayuda a discriminación alguna por motivo de raza, religión, ideología o condición económica o social”.

Sin embargo, desde las redes sociales de la organización, es común ver retuits a favor de furibundos opositores al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como Claudio X. González, Max Kaiser, Javier Lozano, Enrique Krauze y León Krauze, entre otros, lo que deja entrever su ideología cercana a la derecha.

Como captadora de fondos y donativos, hasta ahora, DMAS ha demostrado ser un rotundo fracaso. Del Gobierno Federal no han obtenido ninguna clase de apoyo económico, -según se desprende de sus estados financieros-, pero la iniciativa privada y la sociedad civil tampoco se han visto muy animados.

El 28 de agosto, su presidenta, convocó a través de un video en redes sociales a una campaña de donación para cubrir los sueldos de un abogado y dos asistentes por 6 meses para “dar seguimiento y contestar a todas las demandas que tenemos y que presentaremos en este tiempo para seguir nuestro cometido de defender el derecho a un medio ambiente sano”.

Tenía como meta reunir 150 mil pesos, pero sólo reunió 10 mil 981 pesos.

El lunes pasado, la organización celebró en su cuenta de Facebook la segunda suspensión provisional otorgada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán para frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya que correrá de Cancún hacia Tulúm, en Quintana Roo.

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Detrás de embestida contra el Tren Maya hay inmobiliarias que quieren sacar “raja”

Desde hace unos meses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que detrás de la lluvia de amparos en contra del Tren Maya no están los ejidatarios ni pequeños propietarios, sino que hay “inmobiliarias” y hoteleros que buscan “sacar raja” retrasando la obra.

“Sintieron que iba a pasar el Tren, empezaron a acaparar la tierra, a especular, son empresas inmobiliarias. Hay incluso casos en los que no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción que donde hay esos abusos se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más”, aseveró AMLO durante su conferencia matutina del 29 de abril de este año.

“Son ventajosos, están acostumbrados a robar. Y piensan que como tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared. Pues no, aunque nos lleve tiempo, lo vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible en el caso de que haya amparos por expropiaciones con la justificación de la utilidad publica”, añadió.

Además, acusó a un grupo de organizaciones “ambientalistas”, financiadas por empresarios e incluso por el gobierno de Estados Unidos.

“Hay una serie de intereses. No quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya. No son los ejidatarios”.

El martes 3 de mayo, al enterarse de la obtención del amparo por pare de la organización DMAS, AMLO aseguró en su conferencia matutina que, así como ocurrió con el Aeropuerto Felipe Ángeles, también “se resolverá la lluvia de amparos” que han caído sobre el Tren Maya.

Dijo que su administración tiene tiempo para entregar la obra en diciembre del 2023, tal como prometió y señaló que quienes promueven esos amparos no son ejidatarios sino pseudoambientalistas.

“Cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes”, aseguró.

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El titular del Ejecutivo consideró que los amparos se tramitaron específicamente en contra del tramo 5, porque ahí es “donde está el dinero”.

“Reto a los expertos, economistas, ambientalistas, ¿dónde hay más dinero, de toda la ruta, dónde está el dinero?”, cuestionó.

Dijo que no retrocederá en la construcción del tren y el país volverá a tener trenes de pasajeros.

“Deseo con toda mi alma que volvamos a tener trenes de pasajeros en todo el país, como en Europa y otras partes. Entonces, vamos a enfrentarnos a estos grupos de intereses creados, a sus voceros y achichincles, pero el Tren (Maya) va”, sentenció.

Jorge Covarrubias
Escrito por

Reportero. Estudió sociología. Aún cree que la función del periodismo es eminentemente social y no un simple intercambio de mensajes entre la clase política.

3 Comentarios

3 Comentarios

  1. Avatar

    Ma Eugenia Valerdi

    10 mayo, 2022 at 4:37 pm

    Excelente reportaje. Felicitaciones y gracias por participar también en Sin Censura

  2. Avatar

    Josm

    11 mayo, 2022 at 1:18 pm

    Excelente reportaje. Ojalá asi fueran todos los periodistas, con pruebas en la mano demostrando

  3. Avatar

    Trete

    12 mayo, 2022 at 3:14 am

    ¿Demostrando qué? Además de que no se entiende el argumento. ¿Por qué no quiere esta hotelera “enmascarada” que se dé el tren?
    De lo que habla AMLO es de especuladores que adquieren terrenos en la ruta del tren con la intención de interponer recursos legales que suban el valor de sus terrenos (discurso mal hilado pero al menos lógico).

    Esto no es de lo que se acusa a la empresaria. Bueno, en realidad no se le acusa de nada más que de ser representante legal de dos sociedades que no tienen nada que perder con el tren… que crimen… de “investigación periodística”.

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