Los conservadores que se la pasan quejándose porque (según ellos) tenemos un gobierno autoritario encabezado por un supuesto dictador, paradójicamente, están en contra de uno de los ejercicios más democráticos que existen: la consulta popular ciudadana.

Para cada uno de sus “argumentos” saltan a la vista las contradicciones y, en los hechos, estos grupos reaccionarios buscan el regreso del anterior régimen de corrupción que les brindaba sustanciosos privilegios.

Dicen los conservadores que “la consulta no servirá para nada”. Esto es falso, pues está legalmente establecido que, si en la consulta vota el 40% de la lista nominal, será vinculante a los poderes y autoridades correspondientes. Y en caso de no alcanzar dicho porcentaje, será un parteaguas en nuestra incipiente democracia, un ejercicio sin precedentes de participación del pueblo en la toma de decisiones políticas y de justicia.

Por primera vez en un gobierno la gente votará no por candidatos que esperan los representen, sino para expresar su voluntad directamente sobre un tema trascendental, en este caso, si se deben investigar y juzgar los crímenes cometidos en gobiernos anteriores.

La derecha hipócritamente afirma que “la ley no se consulta, se aplica”, pero para ellos, los conservadores, depende de a quien se le aplique. Por ejemplo, cuando se trata de los delincuentes favorecidos en el periodo neoliberal como Felipe Calderón y sus narcopolicías García Luna y Cárdenas Palomino, o el narco-gobernador Cabeza de Vaca, entre muchos otros especialistas en desfalcar a la nación mediante sobornos y desvíos millonarios (como Emilio Lozoya, Rosario Robles, César Duarte, Ricardo Anaya, etc…) ya no es justicia, es venganza o persecución política. ¿Entonces, cuándo se debe aplicar la ley? ¿Cuándo no es uno de los suyos?

Los partidarios del antiguo régimen de corrupción dicen que “no es necesaria la consulta, pues es obligación del Poder Judicial juzgar”. Pero, ¿alguna vez el poder judicial, por iniciativa propia, ha juzgado a un expresidente?

La consulta nace para enjuiciar a todos aquellos funcionarios, principalmente a los expresidentes y a la alta burocracia, que usaron al gobierno como un aparato para facilitar el saqueo, la defraudación fiscal, los contratos leoninos, la entrega de los bienes de la nación a particulares y extranjeros, el cobro sobornos al crimen y un largo etcétera.

Hoy sabemos cómo en los sexenios del pasado se institucionalizó desde el Estado al narcotráfico, y desde entonces seguimos pagando el precio de la violencia, la cual parece que comenzó hace tres años para los conservadores, pues nunca les había preocupado.

También a los opositores les parece que “la consulta popular es muy cara”, sin embargo, los 528 millones de pesos que costará resulta insignificante al lado de los miles de millones de pesos que se han ido por el caño de la corrupción durante las últimas décadas.

A esos que se indignan por el costo de la consulta, no los hemos visto quejarse por el Fobaproa, la Estafa Maestra, los sobornos para aprobar las reformas estructurales. Por supuesto, tampoco les pareció caro el avión presidencial cuando fue comprado.

Tampoco les preocupa que el INE sea uno de los órganos electorales más caros del mundo. Sólo les ofende el costo de esta consulta popular en particular. Además, omiten que para este fin se utilizaría el presupuesto ya aprobado para el Instituto en 2021: no se requerirá presupuesto adicional.

La derecha señala que “la consulta popular polariza a la sociedad”, en este punto rescato una reflexión de la activista de Morena Andrea Chávez: “La consulta ciudadana ayuda a reconciliar a una sociedad rota por los abusos del poder, pues permite hacer justicia y acercar la paz a quienes perdieron a un ser querido o sufrieron carencias por la corrupción… La consulta nunca divide: reconcilia. La memoria nunca polariza, ayuda a curar las heridas abiertas”.

Los conservadores se niegan a aceptar que estamos viviendo una transformación. Repudian el cambio de ánimo y espíritu de un pueblo que cada vez se politiza y participa más: a esto le llaman polarización. No soportan la capacidad de debate, la auténtica libertad de expresión y mucho menos la verdadera democracia. Les repatean las legítimas conquistas del pueblo. Por ello, están en contra de la consulta popular, para nada quieren a un pueblo informado, participativo y empoderado que pueda votar más allá de los cargos de elección popular.

Así que demostremos que esta trasformación se sigue profundizando en nosotros los ciudadanos, que ya no nos van a desalentar con sus mentiras, su hipocresía y su guerra sucia. Difundamos entre nuestros cercanos la relevancia histórica de este ejercicio democrático y salgamos todos a participar, a votar por el Sí en esta consulta popular del próximo 1 de agosto. Para que los expresidentes y altos funcionarios del PRIAN sean enjuiciados por los crímenes que tanto han lastimado a nuestro país.