Juzgadores alistan “resistencia” contra la Reforma Judicial

Jueces y Magistrados de México anunciaron que ya preparan tres vías “de defensa” en contra de la Reforma Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que el Congreso la apruebe.

Durante el Foro Nacional Justicia Pronta y Expedita, celebrado este miércoles en la Ciudad de México, Froylan Muñoz Alvarado, secretario de la Organización de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), afirmó que se “está trabajando” en agotar las vías nacionales para prevenir cambios como los que propone la actual propuesta de reforma presidencial. Pero también se ha planteado acudir a instancias internacionales.

Explicó que de no contar con un recurso nacional efectivo, el siguiente paso será acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y si no prospera la demanda, se acudiría a la instancia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Si esto no funcionara, dijo que se recurriría al “paro nacional” porque “es lo que se desarrolla en el ámbito político”. Y en tercer lugar, se apostaría a una “resistencia”.

“Solamente tenemos tres (escenarios): la primera, no tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional, debemos agotar recursos; la segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Pareciera que el paro nacional es inminente, porque es lo que se desarrolla en el ámbito político, en el ámbito político. No es una circunstancia de discurso jurídico, porque son razones diferentes; y una tercera, que sería no solamente el paro, sino también la resistencia, el cómo mantener esto”, dijo en el foro organizado por la ANDD y otras organizaciones de abogados y juzgadores.

Froylan Muñoz, quien también es exdirector nacional de  la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que la actual propuesta del Presidente López Obrador vulnera principalmente la división de poderes, la independencia judicial y la autonomía judicial.

Por su parte, la magistrada Emilia Molina de la Puente advirtió que si se aprueba la iniciativa de elegir por el voto popular a los más de mil 700 jueces, magistrados y ministros, y esto se replica en los estados sobre los más de 5 mil jueces locales, “desperdiciaríamos a alrededor de 7 mil personas juzgadoras con experiencia”.

Mientras que Ricardo Amezcua Galán, quien fuera  delegado de la Benito Juárez por el PAN y actual consejero de la Judicatura, calculó que las elecciones para elegir a los más 700 juzgadores federales del país y la indemnización para los salientes costaría más de 20 mil millones de pesos. Lo anterior, aclaró, sin contemplar a jueces locales.

“Por qué ese dinero que se va a gastar en la indemnización de sacar a la gente que ya tiene todos estos conocimientos teóricos y prácticos los gastamos mejor en más edificios para que tengamos más jueces y más impartición de justicia y mayor preparación. Es demasiado dinero. Más o menos llegaré a una conclusión de más de 20 mil millones de pesos que se hará entre las elecciones e indemnizaciones”, dijo el panista hoy miembro del Poder Judicial.

Finalmente, Elias Huerta Psihas, presidente de la ANDD, advirtió que “la iniciativa de reforma constitucional para el Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal es incompleta y parcial, y no soluciona los problemas de acceso a la justicia; al contrario, considero que los empeora”.

 

Con información de La Jornada