Este sábado, una jueza federal generó controversia al revocar la prisión preventiva oficiosa impuesta a ocho de los 13 militares señalados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La jueza, Raquel Ivette Duarte Cedillo, argumentó que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados, modificando las condiciones de la medida cautelar impuesta el pasado 22 de junio. Esta decisión ha desatado un fuerte debate sobre la administración de justicia en México.
Los militares podrían abandonar la prisión del Campo Militar 1-A después de pagar una garantía económica de 50 mil pesos, entregar sus pasaportes y comprometerse a firmar periódicamente el libro de procesados. La medida de liberar a los militares fue ordenada en noviembre por un Tribunal colegiado, exigiendo modificar la medida y eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Rodrigo González/Polemón
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) propuso el resguardo domiciliario, la jueza impuso medidas cautelares que incluyen la firma periódica, garantía económica, prohibición de salir del país sin autorización judicial, entrega de pasaportes, prohibición de acercarse a testigos o víctimas, y la prohibición de acercarse al estado de Guerrero.
Los militares liberados fueron identificados como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de medida cautelar, calificándolo como un “sabadazo” y destacando la falta de ponderación del derecho de las víctimas.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, aclaró que la decisión no exonera a los militares de los cargos.
Marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Rodrigo González/Polemón
La CoVAJ anunció su coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la FGR para agotar todas las instancias legales posibles y garantizar el debido proceso. El comunicado enfatizó el compromiso con el principio de cero impunidad.
La decisión ha reavivado la indignación y la exigencia de justicia por parte de los familiares de los desaparecidos.
Este giro en el caso Ayotzinapa resalta la complejidad y la sensibilidad que rodea uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México, marcado por la desaparición de 43 estudiantes que ha conmovido al país y generado cuestionamientos sobre el sistema de justicia y la actuación de las fuerzas armadas.
luis
21 enero, 2024 at 1:10 pm
Urge reforma al poder judicial y leyes…
Por eso voto conjunto Presidenta y Diputados 4T