El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, cuenta con percepciones de 3 millones 764 mil 766.68 anuales, es decir, un promedio de 313 mil 730.56 pesos al mes, según dio a conocer Zósimo Camacho, para Contralínea.
El periodista explica que, de esta manera, Santos Pérez recibe un sueldo 77% superior al que recibe el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún con prestaciones recibe un sueldo integrado de 176 mil 575 pesos.
Pero también indica que, como juez, es recurrentemente buscado por grupos empresariales, miembros de la delincuencia organizada e integrantes del Frente Amplio por México (PAN, PRI, PRD) para emitir fallos que protejan sus intereses.
Este juez fue uno de quienes ordenaron al Presidente AMLO a abstenerse de referirse a la legisladora y pre candidata, Xóchitl Gálvez, tanto en su conferencia de prensa matutina, como en sus cuentas de redes sociales.
Camacho explica que, según la Plataforma Nacional de Transparencia, Santos Pérez recibe una remuneración bruta mensual de 192 mil 157.09 pesos, es decir, 2 millones 305 mil 885.08 pesos anuales.
Además recibe una prima quinquenal por mil 530 pesos (18 mil 360 anuales) y un seguro de separación individualizado por 25 mil 469.99 pesos, es decir, 305 mil 639.88 anuales.
Se suman además algunas otras percepciones anuales, como:
- Aguinaldo – 339 mil 304 pesos
- Prima vacacional – 56 mil 034 pesos
- Bono del Día de la Madre – 1 mil 515 pesos
- Seguro de Gastos Médicos – 71 mil 492.72 pesos
- Seguro de Vida Institucional – 22 mil 189 pesos
- Pago por riesgo – 644 mil 347 pesos
Fallos a modo
El periodista explica en Contralínea que fue Pérez, quien consideró como “discurso de odio” que AMLO difundiera que, en los últimos nueve años, la empresa de Gálvez recibió contratos por mil 400 millones de pesos, de los cuales, 70% se celebraron con la alcaldía Miguel Hidalgo, de donde la panista era titular.
También fue él quien, el 7 de mayo de 2016, frenó la extradición inmediata de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, a Estados Unidos.
El ex líder del Cártel de Sinaloa ya había sido trasladado a una penal federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando el Juez Santos Pérez concedió al capo una suspensión de plano, “con el fin de evitar actos de autoridad que violen sus derechos humanos o que le causen perjuicios de imposible reparación”.
Asimismo Pérez participó en diciembre pasado en el desbloqueo de cuentas del extitular de la demarcación Benito Juárez, Christian Von Roehrich, el panista integrante del Cártel Inmobiliario.
Von Roehrich, ex jefe delegacional de la alcaldía Benito Juárez, ha sido vinculado a proceso en dos ocasiones por el delito de ejercicio ilegal del servicio público; también se le atribuye el posible otorgamiento de permisos ilegales de construcción y desalojos violentos, así como extorsiones a empresarios.
Christian Von Roehrich. Foto: Especial
Este juez fue también quien intentó entorpecer el plan nacional de vacunación contra el Coronavirus en plena pandemia. A mediados de enero de 2021 concedió una serie de suspensiones de plano para que se modificara la política gubernamental según los criterios de un grupo empresarial.
Dos tribunales tuvieron que intervenir para echar abajo la intentona de Santos Pérez, para evitar que se suspendiera la aplicación de vacunas gratuitas de carácter universal, priorizando la edad de las personas y la vulnerabilidad, tal como lo diseñó el Gobierno federal.
En diciembre de 2022, Santos Pérez benefició a las tabacaleras trasnacionales, con un amparo para permitir la venta de cigarros electrónicos y vapeadores entre la población mexicana.
Incluso, menciona Camacho, el amparo de Santos Pérez ordenaba que no aplicara la disposición del decreto que prohibía la circulación de estos productos en territorio nacional.
El juez también benefició a la organización de empresarios que lucran con el sector educativo, Educación con Rumbo, con una suspensión del programa piloto para aplicar el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria, del ciclo 2022 y 2023.
Fue gracias a la impugnación de la Secretaría de Educación Pública (SEO) y la resolución de otras instancias judiciales que pudo seguir adelante el proyecto.
A finales de mayo pasado, el mismo juez otorgó un amparo a trasnacionales de la comida chatarra para que volviera a utilizar personajes infantiles en sus productos que atentan contra la salud del a niñez y la población mexicana.
Y, en su momento, también intentó entorpecer la política de seguridad pública del gobierno federal, saboteando la integración de la Guardia Nacional.
AMLO lo cuestiona
En días pasados, López Obrador leyó en su conferencia matutina una carta que envió al juez Santos Pérez en la que lo confronta por dedicarse a “proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectaban el interés público y dañan al pueblo”.
También anunció que enviaría el escrito al Consejo de la Judicatura Federal, para que se pueda “investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad, propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento”.
