Meade, Rosario Robles y los millones desaparecidos en Sedesol

Cuando, en 2015, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue encabezada por Rosario Robles Berlanga y José Antonio Meade, fueron desviados al menos mil 787 millones de pesos.

De acuerdo con la reciente revisión a las nueve verificaciones financieras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la Sedesol sobre la cuenta pública de 2015, el desvío de 887 millones de pesos se habría desviado mediante el “esquema de simulación de servicios” con tres universidades del Estado de México.

Parte de ese monto acabó en las cuentas bancarias de tres empresas asentadas en Torreón, Coahuila, y vinculadas entre sí.

Esas empresas además recibieron recursos de otro programa de la dependencia, que consistió en la colocación de baños ecológicos en zonas marginadas, otorgándoles en total 334 millones 55 mil pesos de las dos maniobras, sin que una tuviera nada que ver con la otra.

Estas empresas son:

• Matchser, S.A. de C.V., registrada el 23 de abril de 2014, y que recibió 74 millones 357 mil pesos en ambos movimientos.
• Srevint, S.A de C.V., registrada el 22 de abril de 2014, y la cual se le otorgaron 163 millones 685 mil pesos.
• Factores y Servicios Humanos S.A de C,V, que fue registrada el 17 de abril de 2009 y que que recibió 96 millones 13 mil pesos.

Además, la documentación de las empresas muestra que las tres fueron registradas ante el mismo notario, Gustavo Muñoz Domínguez.

La empresa Factores y Servicios Humanos está controlada por los empresarios Javier Ángel González Colsa, su padre, Javier Ángel González Ruiz y Alejandro Islas González.

Por su parte, Srevint y Manchester tienen como única administradora a Soraya Mexsen Jalife, quien comparte las acciones de la primera con Carlos Luis Alfonso González Ruiz y de la segunda con María del Rosario González Jalife.

El empresario Javier Ángel González Colsa aparece además como socio de tres empresas en Torreón y ocho más en Gómez Palacio, Durango; mientras que en Coahuila fue socio del priísta Antonio Juan Marcos Villarreal en Combustibles Integrales S.A de C.V, ahora cerrada tras su liquidación.

El empresario textilero, dueño del Grupo Denim e hijo de Salomón Juan Marcos Issa -ex alcalde de Torreón, Juan Marcos Villarreal fue secretario de Desarrollo Regional de la Laguna durante la administración de Humberto Moreira.

Desvíos impunes

Los desvíos de recursos ocurridos en la Sedesol quedaron impunes debido a la complicidad de su Órgano Interno de Control (OIC).

En la auditoría 288-DS, la ASF determinó que “en general, no se promueven sanciones a los servidores públicos que han infringido la normativa” y que dicha entidad no supervisa los programas con mayores recursos ni investiga la “causa origen de los problemas”.

De las 18 auditorías que el OIC hizo en 2015, se derivaron 75 observaciones donde se demostraba el mal uso de 938 millones 639 mil pesos.

De la cifra anterior, el organismo apenas pudo reincorporar 98 millones 938 mil pesos, es decir, que nueve de cada 10 pesos desaparecieron.

“Se identificó que en 38 observaciones que implicaron cuantificaciones monetarias, el OIC no promovió el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos que ocasionaron un daño o perjuicio al erario federal”, señaló la ASF.

La ASF también señaló que los programas sociales que distribuyen las mayores cantidades de recursos escaparon al monitoreo del OIC.

Entre estos programas se encuentran:

• Pensión para Adultos Mayores (36 mil 707 millones de pesos)
• Comedores Comunitarios (3 mil 155 millones de pesos)
• Estancias Infantiles (3 mil 641 millones de pesos)

También fueron identificadas deficiencias en el padrón de beneficiaros de programas sociales, sin que hubiera sanción alguna.

Además fueron desechados tres de seis expedientes relacionados con “recursos financieros aplicados a objetivos distintos de su programación” y los tres restantes están aún en investigación.

En 2015, los titulares del OIC de la Sedesol no abordaron las nuevas disposiciones establecidas por el Sistema Nacional Anticorrupción ni propusieron revisar los programas “susceptibles a posibles actos de corrupción, como es el caso de Prospera”.

Millones desaparecidos

A principios de 2015, la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Sedesol entregó tres contratos a universidades para mejorar la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de esta manera:

• Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, 136 millones 85 mil pesos
• Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 319 millones 121 mil pesos
• Universidad Politécnica de Texcoco, 156 millones 478 mil pesos

A su vez, éstas transfirieron 97.7 por ciento de sus recursos a seis personas físicas y 12 personas morales “sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados”, según la ASF.

Las universidades no tienen derecho a subcontratar más de 49 por ciento de los servicios, por lo que esa práctica fue ilegal.

Las principales empresas beneficiadas con estos desvíos, según la ASF, fueron Matchser, Srevint y Servicios Humanos. Al final, los servicios no fueron prestados y dicho dinero se esfumó.

Mediante estos contratos, las universidades estaban obligadas a asumir el pago de los coordinadores técnicos sociales, quienes supervisan las obras realizadas con recursos del FAIS.

Esta tarea no es responsabilidad de la Sedesol, sino de los estados y municipios, según la ASF, por lo que la dependencia usó los recursos de la partida 44101 destinada a “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, sin que esto tuviera relación alguna con los contratos.

Cuando los auditores visitaron en varias ocasiones a los cuatro proveedores, estos “se negaron a proporcionar la información solicitada”. Luego, se percataron de que éstas “tienen actividades diferentes a los servicios solicitados”.

Además, durante la auditoría la Sedesol no encontró los “entregables” de las universidades, ni los supuestos informes de los trabajos de supervisión.

Al final de la cadena, los mil 246 coordinadores técnicos sociales recibieron pagos por un total de 79 millones 410 mil pesos.

Lo anterior refleja que no hay manera de comprobar que los servicios fueron prestados y, aunque así fuera, la Sedesol habría destinado 532 millones 301 mil pesos en exceso.

Pero eso no es todo: en febrero, marzo, septiembre y noviembre de 2015, la Sedesol pagó a los coordinadores técnicos un total de 89 millones 959 mil pesos, una tarea que debían hacer las universidades.

Sumando todas las irregularidades, el fraude alcanza los 887 millones 37 pesos al contribuyente mexicano.

“Los rectores de las universidades manifestaron que el monto asignado a cada convenio y la elección de los proveedores para los supuestos servicios fueron definidos por el entonces titular de la UPRI o por personal dependiente de esa unidad administrativa”, dijo la ASF.