El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al partido Morena y al diario La Jornada dejar de contratar y difundir cualquier tipo de inserción alusivas a la Consulta Popular que se celebrara este 1 de agosto de 2021.
“Se ordenó al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y del Senado del Congreso de la Unión; a sus grupos parlamentarios en cualquier Congreso estatal, así como al periódico La Jornada, se abstengan de contratar y difundir cualquier tipo de inserción sobre la Consulta Popular a celebrarse el próximo 1° de agosto del año en curso” según se lee en el comunicado.
A través de su Comisión de Quejas y Denuncias y con los votos a favor de los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Claudia Zavala, el organismo electoral resolvió a favor del diputado del PAN, Federico Döring y dictó la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva para que tanto el partido Morena como La Jornada, dejen de realizar publicaciones para difundir la consulta popular.
La versión de los consejeros es que bajo la apariencia del buen derecho, existe una campaña o “estrategia propagandística auspiciada, contratada o patrocinada” por un grupo de diputadas y diputados de Morena relacionada con la difusión de la Consulta Popular que según ellos, contraviene con el marco constitucional y legal, pues sólo el INE como autoridad del Estado tiene la facultad exclusiva para difundir información relacionada con ese ejercicio ciudadano.
Por si fuera poco, los consejeros argumentan que los hechos y datos que se incluyen en las inserciones en el diario La Jornada, pueden “provocar confusión y desinformación en la ciudadanía, en detrimento de las garantías constitucionales y convencionales que deben observarse en dicho ejercicio de democracia directa, particularmente el del voto u opinión libre e informada”, pues según ellos, el planteamiento se aparta de la pregunta aprobada para la Consulta Popular por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con los consejeros del INE, el Poder Legislativo y los grupos parlamentarios no tienen la atribución para difundir información de las consultas populares, y “menos aún” si se aparta del principio de imparcialidad, neutralidad y busca influir en las preferencias de los ciudadanos.
Sobre la posibilidad de que hayan sido usados recursos públicos para las inserciones de prensa de la consulta, el INE dejó esa decisión en manos de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
