En tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una declaratoria de pérdida de registro a los partidos de PES, Fuerza por México y RSP, luego de que no alcanzaron el 3% de la votación válida, emitida el pasado 6 de junio, el propio organismo aún no logra aclarar el destino de poco más de 22 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que corresponden a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.
De acuerdo con un reportaje del medio digital Contralínea, ese monto se habría asignado mediante contratos (aparentemene anómalos) por la renta de vehículos (con un posible daño al erario de 8 millones 557 mil pesos), el pago a supervisores electorales (cuyo mal manejo ascendería a 8 millones 374 mil pesos) y la producción de materiales para el equipamiento, operación y difusión de la consulta infantil y juvenil 2018 (con un monto observado como irregular de 5 millones 125 mil pesos).
Contralínea señala que recibió una notificación del INE, en el sentido de que esa información ya fue turnada a la ASF, pero ésta enfrenta un retraso en el proceso de revisión.
El medio digital explica que en el caso del arrendamiento de automóviles, las anomalías no sólo fueron detectadas por el máximo órgano de fiscalización de México, sino también por la Contraloría General del INE que, incluso, concluyó que “el esquema de adquisición claramente supone una alternativa más económica en comparación con el esquema del servicio de arrendamiento que el Instituto contrató para 1 mil 96 vehículos”.
“El asunto fue tan grave que incluso se discutió en la Cámara de Diputados: el 27 de septiembre de 2017 se presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto a difundir la evidencia que sustentara las observaciones de la Contraloría interna”, señala Contralínea.
“No obstante, en vez de comprarlos y ahorrar recursos públicos, a la fecha, el INE sigue rentándolos, consta en la convocatoria de invitación a cuando menos tres personas IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2021, para el servicio de arrendamiento de vehículos para el traslado de personas, documentación y materiales electorales”, resalta.
Contralínea va más a fondo y precisa que aunque el INE insiste en afirmar que las observaciones ya fueron “solventadas” con documentación enviada entre 2018 y 2020, y que el proceso de revisión está retrasado en la Auditoría, el corte informativo de la ASF de finales de mayo de 2021, apunta que el Instituto Nacional Electoral aún no ha solventado cinco pliegos de observaciones –correspondientes a esas contrataciones–, y que fueron emitidos en las revisiones a las cuentas públicas de 2016, 2017 y 2018.
Van Car Rental. Foto: Especial.
Destaca que es en estos señalamientos donde se identifican probables daños o perjuicios a la hacienda pública federal por 8 millones 374 mil pesos en 2016; 8 millones 557 mil pesos, en 2017; y 5 millones 125 mil pesos, en 2018.
Pero adicionalmente, del contrato y sus dos convenios modificatorios suscritos con la empresa Jet Van Car Rental, la propia Contraloría General del Instituto observó que “en el expediente del proceso de contratación no se localizó documental que acreditara la realización de una detección de necesidades que justificara el número de vehículos considerados en el proyecto de contratación del servicio; ni la existencia de un estudio previo de factibilidad para determinar la conveniencia de la contratación, ni un diagnóstico de las condiciones que presentaban los vehículos propiedad del Instituto”.
La segunda observación más onerosa es la correspondiente a la contratación de funcionarios electorales, y tiene que ver con sobrepagos y contrataciones no contempladas en el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.
Dicho daño al erario estaría compuesto por un monto de 6 millones 88 mil pesos en pagos realizados a 720 técnicos capacitadores electorales (cuyas plazas no forman parte de la normatividad), y por un monto de 42 mil 520 pesos en pagos en exceso a siete supervisores electorales y 14 capacitadores-asistentes electorales.
https://www.ietam.org.mx/PortalN/documentos/Consulta_Infantil_INE/Violencia%20primaria%20baja.pdf
El tercer daño patrimonial corresponde a irregularidades en la producción de materiales para la consulta infantil y juvenil 2018. Sobre este punto, la ASF emitió un pliego de observaciones en el que “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 5 millones 125 mil 504.09 pesos, por la falta de documentación que acredite que los proveedores entregaron los 2 mil cuadernos del contrato INE/082/2017, por 112 mil pesos; así como los 9 millones 390 mil 6 materiales del contrato INE/100/2018 por 5 millones 13 mil 504.09 pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como el Reglamento del IFE en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.
Contralínea destaca que otras irregularidades fueron que el informe pormenorizado de las inspecciones físicas no contiene fecha de emisión, ni nombre, firma y cargo del personal que lo elaboró; y que “en dos requisiciones que amparan 2 mil cuadernos por 112 mil pesos emitidas por el proveedor, no se incluyó el sello de recibido por parte de la Deceyec del INE, por lo que no se acreditó la entrega de los bienes”.
