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Opinión

Guatemala se levanta contra régimen de corrupción y la prensa enmudece

La prensa corporativa (nacional e internacional) se empeña desde hace años en imponer la narrativa pública de que los gobiernos de izquierda y antineoliberales provocan pobreza. Siempre recurren a los ejemplos de Cuba y Venezuela, y por supuesto, omiten los embargos y bloqueos económicos criminales que ha impuesto Estados Unidos a esas dos naciones.

La prensa que ha impuesto un cerco de información a los gobiernos de izquierda es la misma que se “olvida” de señalar la pobreza, desigualdad y corrupción que sofoca a la mayoría de los países latinoamericanos bajo el yugo de gobiernos neoliberales.

Uno de estos países olvidados por la narrativa mediática es Guatemala.

El 59.3% de la población de este país centroamericano vive debajo del umbral de la pobreza (cerca de dos terceras partes de la población con menos de dos dólares al día). Según datos del Banco Mundial y del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, casi la mitad de los niños de hasta 5 años sufren retraso en el crecimiento (en algunas comunidades llega hasta el 70% a 90%) debido a la desnutrición (la tasa más alta en América Latina y el Caribe y de las más altas en el mundo).

El pueblo de Guatemala se ha levantado en protestas callejeras desde hace varios años por los escándalos de corrupción y las crisis económicas, de salud y migratoria que azotan al país. Sin embargo, estas protestas contra las políticas corruptas de países con gobiernos neoliberales han sido invisibilizadas mediáticamente.

En Guatemala, las manifestaciones se han agudizado desde el año pasado, pues la pandemia del coronavirus provocó que colapsara el sistema de salud y también más pobreza.

En noviembre del 2020 se difundieron imágenes del Congreso en llamas, tras la aprobación del presupuesto 2021 que beneficiaba a unos cuantos políticos y establecía recortes asesinos en el gasto público. La gente exigía la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.

Meses antes, en marzo, el presidente guatemalteco decretó “estado de calamidad”, y solicitó al Congreso más de 14 mil millones de quetzales (mil 680 millones de euros) para programas de ayudas económicas que hasta agosto de 2020 sólo se habían ejercido en un 22%, según un reportaje de Asier Viera para El Mundo.

El pasado 29 de julio, organizaciones sociales, indígenas, campesinas y estudiantiles de Guatemala se movilizaron en un paro nacional (tanto en la capital guatemalteca como en rutas y caminos del interior del país) en el que nuevamente exigen el cese de la corrupción y la aplicación de políticas públicas integrales para enfrentar la pandemia.

Sin embargo, el detonante de las protestas fue la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval por parte de la jefa del Ministerio Público, el fiscal general Consuelo Porras. A Sandoval se le acusó de ejercer una justicia “selectiva e ideologizada” y de abusar de su prestigio nacional e internacional.

Sandoval indicó que existen investigaciones que apuntan que personas cercanas al círculo del presidente pudieron haber participado en actos de corrupción. Muchos guatemaltecos veían a Sandoval como la única esperanza para combatir la corrupción en su país, y consideran que su destitución elimina por completo los contrapesos al régimen actual.

Autoridades indígenas del país centroamericano, como Martín Toc, presidente de 48 Cantones de Totonicapán (una organización comunitaria indígena, ancestral, con amplia legitimidad social, que existe desde la época de la Colonia), llamaron el miércoles a la población a apoyar la jornada de protestas y salir a las calles para mostrar su rechazo al gobierno.

Toc expresó: “hoy queremos resaltar la importancia de decir ha llegado el momento, ha llegado el momento histórico de que los pueblos se levanten en unidad, esto apenas empieza […] la verdadera propuesta del desarrollo de este país va a salir de los pueblos”.

Al hartazgo de la población se suman los escándalos de corrupción en torno a la compra opaca de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V por un valor de 160 millones de dólares, por la cual también se abrió un proceso de investigación de por parte de la Fiscalía Contra la Corrupción.

Según Our World in Data, hasta el 28 de julio en Guatemala únicamente el 1.76% de personas han sido completamente vacunadas, mientras que el 6.96% de la población ha sido parcialmente vacunada (sólo ha recibido una dosis de las vacunas que se requieren dos).

El mandatario guatemalteco desde el 12 de julio anunció la prohibición de las protestas que exigen su renuncia, con la instauración de un estado de prevención que permite al gobierno el uso de la fuerza para disolver manifestaciones y reuniones. Su justificación es que las protestas “alborotan” los contagios de Covid-19. En tono autoritario, dijo: “… vamos a emitir un estado de prevención a todo el país, donde vamos a limitar ese tipo de cosas [manifestaciones]. Yo creo que ya basta, ya fue suficiente”.

Curiosamente, la llamada comunidad internacional no se pronunció sobre el autoritarismo del presidente guatemalteco. Parecería que sólo se está pendiente de los países con gobiernos de izquierda.

Nuestra solidaridad y respeto al pueblo de Guatemala.

Celeste Sánchez Romero

Nacida en Durango, México. Investigadora con Maestría y Doctorado en Patología Bucal (UNICAMP-Brasil). Con una vocación que vincula las ciencias de la salud con las humanidades. Autora del libro “Semillero, antología periodística” y de 47 artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas. De izquierda, comprometida con la transformación que vive el país para sepultar el viejo régimen de corrupción y privilegios.

2 Comentarios

2 Comentarios

  1. Avatar

    Felipe Báez

    6 agosto, 2021 at 7:45 pm

    Importante estudio, sobre el silencio que guarda la prensa vendida.

  2. Avatar

    Ignacio Hernández Saldívar

    6 agosto, 2021 at 9:47 pm

    Muy buen análisis

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