Gracias a Fox y Calderón, 567 armas entraron diariamente de forma ilegal

Diariamente, a nuestro país ingresan 567 armas, entre las que se encuentran pistolas, rifles y ametralladoras de alto calibre, lo cual significaría un promedio de 22 armas por hora, según indicó el Diputado Federal, Marco Antonio Adame Castillo.

La puerta para el ingreso de armas a nuestro país fue abierta por los gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, según una denuncia hecha por la organización Desarma México.

Mediante el operativo “Receptor Abierto” (Wide Receiver), entre 2006 y 2007 se permitió la entrada ilegal de armas al país. El operativo fue realizado desde la oficina de la Administración contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), en Tucson, Arizona, según documentos revelador por el diario Los Angeles Times.

Así, agentes de la ATF habrían colocado rastreadores electrónicos a las armas, pero los compradores almacenaron las armas hasta que se acabaron las baterías de los rastreadores, mismas que solo duraban 48 horas.

De esa forma, se permitió el paso a cerca de 500 armas de alto poder, vendidas sin control, que terminaron en los grupos de crimen organizado localizados en México.

En 2009, la ATF nuevamente ingresó a nuestro país, de manera ilegal, cerca de 2 mil 800 armas largas que terminaron en manos de los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana y una célula de los hermanos Beltrán Leyva.

Luego, en 2010 salió a la luz el operativo “Rápido y Furioso”, cuando un agente fronterizo fue asesinado en Arizona, con una de las armas ilegales; un año después, un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas fue asesinado en condiciones similares.

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A decir de la organización Desarma México, las autoridades planeaban vigilar y seguir a los narcotraficantes una vez que cruzaran la frontera, hasta el punto de entrega de las armas, pero perdieron todo rastro de ellas.

“Dadas las acusaciones contra Genaro García Luna, cabría preguntarnos si esa desorganización fue voluntaria o involuntaria, es decir, si se permitió la libre distribución de las armas para favorecer a un grupo criminal en particular o si simplemente se debió al endémico problema de la corrupción nacional”, dijo en diciembre pasado la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.

Además, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, sobre el operativo “Rápido y Furioso”, en la que se plantea que, si como apunta la evidencia, el gobierno de Felipe Calderón conocía y autorizó la operación, se habría violado gravemente a la Constitución Mexicana.

Si, por el contrario, el Gobierno de Calderón no supo ni autorizó, entonces las autoridades estadounidenses habrían actuado en México, violando la soberanía nacional.