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Gracias a AMLO, trabajadores recibirán 90 días de utilidades

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación de la Reforma en materia de outsourcing  que incluye ahora un nuevo acuerdo para  el reparto de utilidades.

“Se termina la subcontratación, fue un acuerdo al que llegamos con representantes del sector obrero y sector empresarial”, dijo el mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 22 de abril, el mandatario explicó que la reforma que regula el outsourcing incluye  la modificación de 8 leyes, y  90 días de reparto de utilidades como mínimo.

“Fue muy importante este acuerdo, nos llevó seis meses de diálogo, de debate, para lograr consensos. Por eso todas estas reformas se aprobaron con mayoría de votos en el Congreso, casi por unanimidad y ya nada más corresponde al Ejecutivo publicarlas para empiecen a entrar en vigor.

El tabasqueño dijo que este viernes presentará en su conferencia matutina el informe completo sobre el tema.

El Senado de la República aprobó el pasado martes, el proyecto que reforma diversas leyes para regular la subcontratación laboral o “outsourcing” en el sector privado y en el público, una propuesta legislativa acordada entre el Gobierno, sindicatos y los empresarios tras meses de trabajo.

La aprobación, que se dio con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, modifica las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como el Código Fiscal de la Federación.

El senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena. Foto: Cuartoscuro.

Además, modifica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Artículo 123 de la Constitución mexicana.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal,  señaló que tan sólo en el ámbito fiscal el mal uso de la subcontratación laboral incide en la disminución del pago de los Impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado.

“No se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana”, dijo Monreal.

“Pero tampoco se pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas en diversos aspectos como la antigüedad laboral, la estabilidad en el empleo, el reparto de utilidades, la seguridad social y el derecho a la vivienda”, añadió.

Además, dijo que el proyecto prohíbe la subcontratación de personal, “entendiéndose esta cuando se proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otro”.

Con ello, las empresas no podrán contratar trabajadores a través del llamado “outsourcing” o externalización de la contratación para realizar tareas permanentes o esenciales.

También prohíbe la subcontratación de personal “en beneficio de dependencias e instituciones” y se apuntó que “se permitirá únicamente esta figura laboral para servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público”.

En tanto, Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo señaló que la reforma “no sólo representa un paso en la restitución de los derechos laborales de la clase trabajadora” sino que también consideró “se debe erradicar la precarización del trabajo”.

El pasado 5 de abril, el Gobierno de México, los líderes empresariales y los sindicatos cerraron un acuerdo que limitaba la subcontratación laboral en el país y modificaba el reparto de utilidades para los trabajadores, derecho constitucional que tiene el trabajador a participar en las ganancias que obtiene una empresa de acuerdo con su declaración fiscal, tras tres meses de negociaciones.

El presidente López Obrador desató a finales del año pasado una polémica que lo llevó a enfrentarse  con los empresarios al anunciar su intención de suprimir la subcontratación o “outsourcing” al considerarla un abuso. El mandatario accedió a regular el outsourcing en lugar de prohibirlo.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la existencia de 6.000 empresas que se dedican a la “subcontratación abusiva” y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de “outsourcing”.

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