El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, solicitó formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, delitos por los que enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia informó que, con base en estos mandamientos judiciales, la Interpol mantiene activa una ficha roja para localizar al empresario chiapaneco en 196 países.
Mientras tanto, en Estados Unidos, un juez migratorio en Florida definirá el 12 de noviembre si Álvarez Puga será deportado a México, luego de que se acreditó que no cuenta con estancia legal en ese país. Sin embargo, la decisión podrá ser apelada por su defensa.
La FGR precisó que su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales ya solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar el trámite formal ante el Gobierno estadounidense para concretar su extradición.
Álvarez Puga, esposo de la ex conductora de TV Azteca, Inés Gómez Mont, fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes migratorios y trasladado al Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, donde él y su esposa, Inés Gómez Mont, han sido propietarios de varias residencias de lujo.
El empresario —señalado como operador de redes de facturación falsa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto— promovió el 2 de octubre un habeas corpus, figura similar al amparo, ante la Corte del Distrito Sur de Florida para intentar obtener su liberación.
En el expediente judicial se detalla que Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021, viajó a las Bahamas el 9 de julio de ese mismo año y regresó en barco al día siguiente, tres días antes del vencimiento de su permiso de estancia.
Sin embargo, no pasó por ningún punto de inspección migratoria, lo que permitió que permaneciera en el país sin control ni registro durante más de tres años. Esa irregularidad fue el motivo legal por el que el ICE ordenó su arresto.
A pesar de los cargos que enfrenta, Álvarez Puga ha solicitado asilo político en Estados Unidos, argumentando —sin pruebas— ser víctima de “persecución” por sus convicciones conservadoras.
Mientras la justicia estadounidense evalúa su situación migratoria, México busca su regreso para que enfrente las acusaciones por corrupción y desvío de recursos públicos que, junto a su esposa, lo convirtieron en uno de los símbolos del fraude y el abuso durante el peñismo.
