En los últimos dos años, el Gobierno de los Estados Unidos ha sido el principal donatario de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) al financiarla con 25 millones 700 mil pesos.
El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos totales –134 millones de pesos– de esa asociación civil entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X González Guajardo.
La información es revelada por el medio digital Contralínea en su portal de internet.
Aunque está clasificada como una asociación civil “sin fines de lucro”, la mayor parte de los ingresos de Mexicanos Contra la Corrupción están destinados a cubrir los excesivos salarios de sus directivos. Entre 2018 y 2020, X González se asignó un sueldo de 7 millones 520 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva María Amparo Casar Pérez cobró 11 millones 100 mil pesos, en el mismo periodo.
De acuerdo con las leyes fiscales, las asociaciones civiles “sin fines de lucro”, autorizadas para recibir donaciones, no pueden gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en salarios, pero esto nunca lo ha cumplido Mexicanos Contra la Corrupción: cada año gasta un porcentaje mucho mayor. Así, las autoridades tienen elementos legales para retirarle su autorización y con ello perdería su millonario patrimonio.
Infografía de Contralínea.
La organización se ha aprovechado de su condición para utilizar los donativos como si fueran un patrimonio propio para no pagar impuestos y emplear el dinero donado en lo que quieren.
Esta asociación civil ha sido utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático en contra del Gobierno Federal, y en su página de internet afirma ser subsidiada por más de 1 mil 50 donantes, de los cuales destacan organismos extranjeros, como son el Departamento de Estado a través de la United States Agency International Development (USAID) y el Congreso estadunidense por conducto de la National Endowment for Democracy (NED); así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza Schweizerische Eidgenossenschaft.
Contralínea encontró documentos internos de MCCI que revelan los altos salarios que han devengado sus ejecutivos a través de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priístas y panistas.
Foto: Especial
Por ejemplo, en 2018, el hijo de Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark México– recibió de Mexicanos Contra la Corrupción 4.6 millones de pesos; es decir que ese año cobró mensualmente 383 mil 333 pesos por presidir esa asociación civil que él mismo fundó; en 2019 el ingreso se redujo a 1 millón 900 mil pesos, equivalentes a 158 mil 333 pesos cada mes, y para 2020 obtuvo 1 millón 20 mil pesos, equivalentes a 170 mil pesos por mes, pues el salario correspondió sólo al primer semestre de ese año porque dejó la presidencia de esa asociación civil en julio y fue sustituido por María Amparo Casar, quien fuera coordinadora de asesores del secretario de Gobernación panista Santiago Creel Miranda durante la presidencia de Vicente Fox.
Desde antes de asumir la presidencia de MCCI, que dice operar “sin fines de lucro”, María Amparo Casar Pérez cobró en 2018 un salario de esa asociación civil por 3.5 millones de pesos, que corresponden a 291 mil 666 pesos al mes; en 2019 su ingreso fue de 4 millones 100 mil pesos, por lo que mensualmente se elevó a 341 mil 666 pesos, y en 2020 su sueldo regresó a los 3.5 millones, lo que hace un total en esos 3 años de 11 millones 100 mil pesos.
En los últimos 3 años (2018-2020), MCCI recibió ingresos por 208 millones 400 mil pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales, y además de su principal donante que fue la Embajada de Estados Unidos en México con 27.7 millones; también destacan el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, AC (SOS), que fundó su presidente Alejandro Joaquín Martí García, quien aportó 22 millones 900 mil pesos; la Fundación Maelva, cuyo presidente es el empresario Valentín Diez Morodo, con 15 millones de pesos; Fundación Kaluz, de Antonio del Valle Perochena, con 10 millones, y Claudio Xavier González Laporte, presidente de Kimberly Clark y padre de Claudio X, con 6 millones de pesos.
Claudio X. González padre. Foto: Especial.
Ante las auditorías e investigaciones de los órganos de inteligencia que el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó en 2016 en contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, su presidente fundador Claudio X González Guajardo planeó en ese año que se diera de baja el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación civil y ordenó dar de alta otro RFC con el propósito de borrar cualquier huella de delito de evasión fiscal o lavado de dinero que el SAT pudiera imputarles, por lo que desaparecieron todos los registros de movimientos financieros, transferencias internacionales, el pago de onerosos salarios y el origen de los donativos que recibió MCCI antes de 2017.
Con el pasado fiscal borrado, señala Contralínea, las autoridades hacendarias han empezado a revisar la operación de Mexicanos Contra la Corrupción para determinar si opera de acuerdo con las normas que rigen a las asociaciones civiles en cuanto a donativos y su cumplimiento fiscal, en donde fuentes confiables aseguran que esa asociación civil ya entregó varias cajas al SAT con información correspondiente al ejercicio de 2017, por lo que estarían pendientes 2018, 2019 y 2020.
Claudio X gana tiempo con amparos
Esto ha causado preocupación entre socios de MCCI, pues la confrontación abierta que mantiene esa organización con el presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar auditorías fiscales a todos sus aliados para conocer el origen y destino de los donativos que le entregan y que en los últimos 3 años ascendieron a 208.4 millones de pesos.
El gasto en salarios a directivos de MCCI sólo se conoce parcialmente, porque se sabe que hay pagos importantes por servicios prestados, como son los casos de un despacho de abogados y otras consultorías y asesorías que reciben dinero por fuera de esa asociación civil, y de allí se reparte el dinero, todo eso tendrán que investigarlo los auditores y analistas del SAT. En este mecanismo estarían incluidos los periodistas que decidieron colaborar con esa organización.
Claudio X. González. Foto: Especial.
Al quedarse sin padrinos políticos, el consorcio empresarial Kimberly Clark, del magnate Claudio X González Laporte también está en auditoría fiscal, igual que los otros grandes contribuyentes, a fin de que paguen impuestos que antes no les cobraban por su “buena relación” con gobiernos priístas y panistas. En el caso de Kimberly Clark, este grupo ha suministrado cualquier cantidad de papeles para complicar el trabajo de los auditores hacendarios.
Asimismo el presidente fundador de Mexicanos Contra la Corrupción, Claudio X González Guajardo, enfrenta un juicio que viene desde 2014 por presunta evasión fiscal de 19 millones de pesos como persona física, pero igual como hacen otros empresarios ha conseguido el amparo de la justicia federal en contra de las resoluciones del SAT [juicio de nulidad 15836/19-17-08-3 ante la Octava Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa].
Al consultar el proceso en ese Tribunal, se supo que los jueces mandaron al SAT a reponer el acto, por lo que González Guajardo está en nuevo periodo de pruebas en busca de la nulidad lisa y llana del adeudo, pero fuentes judiciales consideran que el empresario tendrá que pagar y lo único que ha logrado hasta ahora es ganar bastante tiempo al retrasar la resolución final mediante amparos.
Contralínea señala que el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribeña, entregó a Ricardo Monreal, en ese momento jefe delegacional en Cuauhtémoc, el expediente fiscal de Mexicanos Contra la Corrupción, lo que le sirvió para acusar en 2017 al empresario Claudio X González Guajardo de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y peculado, por utilizar maliciosamente las asociaciones y fundaciones que presidía.
José Antonio Meade. Foto: Proceso
Sin embargo, gracias a la intervención del papá de X González, se abrió un nuevo RFC para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con lo cual logró desaparecer todo registro del intrincado y comprometido expediente fiscal.
El expediente utilizado por Monreal se archivó en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, actualmente bajo la responsabilidad de Rosalinda López Hernández; sin embargo, en esa área fiscal aseguran que no aparece por ningún lado.
En las actividades económicas inscritas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, están la investigación científica o tecnológica que esa asociación civil presta únicamente a los socios: Claudio X González Guajardo, María Amparo Casar Pérez, María Teresa Aguilar Álvarez Castro, Esteban Patricio González Guajardo, Max Kaiser Aranda –quien fuera subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas con Felipe Calderón, actual opositor del gobierno federal e integrante del proyecto La Lista News, que se nutre con información de The Guardian–, Antonio Mario Prida Peón Del Valle y Ana Macarena Velázquez López. El apoderado legal es Santiago Noriega Farres.
