Hubo una serie de arbitrariedades en la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, quien “arrancó hojas a la Constitución” al dejar sin efectos la totalidad del Plan B electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó el Gobierno de México en un comunicado.
Laynez Potisek no debió tomar solo la determinación de admitir la controversia constitucional que interpuso el el Instituto Nacional Electoral (INE), explicó el Ejecutivo federal:
“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, se lee en el comunicado.
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El contenido del Plan B
La modificación de diversas leyes en materia electoral, aclaró el Gobierno federal, es reducir los costos burocráticos de las elecciones y “afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado”.
Ante la decisión del ministro de la SCJN, Presidencia informó que irán contra la suspensión del Plan B:
“Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto (del Plan B)”.
Javier Laynez. Foto: Senado de la República
Buscarán el equilibrio
Aprobado en el Senado de la República el 22 de febrero, el Plan B del Presidente AMLO entró en vigor el 2 de marzo y de inmediato, el INE y sus allegados de partidos conservadores intentaron impugnarlo, consiguiendo la suspensión que otorgó Javier Laynez y el regreso de Edmundo Jacobo a la secretaría ejecutiva.
“Por estas razones, el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”, informó Presidencia.
