La empresa de seguridad contratada para resguardar las estaciones migratorias no volverá a operar. Después de lo ocurrido en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes atrapados en un incendio, el Gobierno de la República determinó rescindir su contrato, dijo la tarde de este jueves en conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Se trata de Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., cuyo nombre comercial es Grupo Tank, perteneciente a George McPhail y David Vicente Salazar Gasca. Este último es socio otra empresa del mismo ramo, creada en 2021, denominada Grupo de Seguridad Privada CAMCP JAL, SA de CV, con sede en Jalisco.
Rosa Icela Rodríguez dijo que la empresa cuenta al momento con una autorización vigente a febrero del 2024, pero tras una revisión al contrato, se detectó un incumplimiento a las cláusulas del mismo.
“De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la república”.
La funcionaria precisó que la empresa tampoco entregó los informes mensuales que está obligada a rendir pues “no reportó altas o bajas del personal”.
“Por lo tanto, y paralelamente que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio del proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica, incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana elementos del servicio de protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”, detalló.
Conferencia de prensa de Seguridad https://t.co/AzqkHrWHd8
— Gobierno de México (@GobiernoMX) March 30, 2023
Rosa Icela Rodríguez destacó que a partir de este viernes 31 de marzo, agentes de Protección Federal serán los encargados de vigilar las instalaciones de la estación migratoria de CIudad Juárez, Chihuahua, una vez que sea revocado el contrato con CAMSA S.A. de C.V.
Aseveró que la investigación llegará hasta donde tope.
“Sin importar quien sea, repito, no habrá impunidad. Lo digo de manera coloquial, hasta donde tope”, recalcó.
Por su parte, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que se libraron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y el migrante que inició el fuego por el delito de homicidio doloso.
“Respecto de las órdenes de aprehensión, ya se ejecutaron cinco de ellas, sólo queda una persona y en el transcurso del día es que ya se da la audiencia de imputación y vinculación, eso quiere decir que ya están, ya fueron puestos a disposición del juez”, dijo.
Herrerías Guerra, informó que el proceso legal no concluye con la aprehensión de las personas mencionas, pues la FGR aun analiza la detención de otras más. La funcionaria no dio nombres de los presuntos responsables debido a que en el transcurso del día se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación.
En ese sentido, le preguntaron si es verdad que el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), contralmirante Salvador González Guerrero, fue el que ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio. Dijo que por el principio de presunción de inoncencia, no podría informar al respecto.
“Respecto de las órdenes, insisto, voy a respetar el principio de presunción de inocencia, en cuanto cambien la situación jurídica, lo puedo informar, pero no quiero hacer nada que implique algo adverso a los intereses de las víctimas”, dijo
Durante la conferencia de prensa, se presentó la relación de las personas fallecidas y de las que aún se encuentran hospitalizadas: cinco son de origen salvadoreño, diez guatemalteco, ocho hondureño y cinco venezolano. De ellas, 27 permanecen hospitalizadas y una fue dada de alta. Icela Rodríguez dijo que el Gobierno de AMLO busca la manera de reparar el daño las familias de las víctimas y sobrevivientes.
De las 39 personas fallecidas, seis son de nacionalidad hondureña, siete salvadoreña, 18 guatemalteca, una colombiana y siete venezolana.
