La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) –ahora de Bienestar– Rosario Robles Berlanga y de quien fuera su oficial mayor en ambas dependencias, Emilio Zebadúa.

Según información confirmada a distintos medios por la UIF, las cuentas bancarias de ambos ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto fueron congeladas ante las sospechas de que Robles Berlanga y Zebadúa, desviaron  recursos durante su estancia en ambas dependencias, en el escándalo conocido como la Estafa Maestra.

La UIF bloqueó las cuentas bancarias para recopilar elementos que en su caso se integrarán a la carpeta de investigación y presentarlos ante un juez federal.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.Foto: Especial.

Las investigaciones y datos que arroje dicho procedimiento se considerarían reservados con motivo de la pesquisa, pero podrían conocerse durante el desarrollo de la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busque imputar a Robles Berlanga.

Los delitos que se imputan en la causa contra Robles y Zebadúa son por desvío de recursos públicos, creación de empresas fachada y lavado de dinero.

El pasado 30 de julio, el titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló que se realizan pesquisas en el sistema financiero para identificar los vínculos del desvío multimillonario relacionado con la Estafa maestra, pero en ese momento refirió que aún no había cuentas congeladas.

Rosario Robles durante comparecencia en la Cámara de Diputados para enfrentar el desvío de miles de millones de pesos. Foto: Especial.

Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron que entre 2013 y 2014 un total de 11 dependencias otorgaron contratos irregulares por siete mil 670 millones de pesos a 186 empresas, 128 de ellas fantasma.

A solicitud de la FGR, Robles está citada a comparecer ante un juez federal el próximo jueves 8 de agosto a las 11:00 de la mañana.

La propia Robles confirmó el citatorio el pasado 30 de julio a través de una publicación en su Twitter, y reveló que en su citatorio no se establecieron ni las causas ni los hechos que se le imputan, y que fue a través de los medios de comunicación donde se enteró que es acusada de ejercicio indebido del servicio público.

Robles Berlanga podría no asistir a comparecer, ya que  el miércoles pasado el juez federal Leopoldo Vargas, titular del juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional que impide ejecutar cualquier orden de presentación o aprehensión en contra de ella, aunque de forma temporal. 

Además, los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva de oficio, por lo que podría llevar su proceso en libertad.

Por la mañana, el conductor Ciro Gómez Leyva, aseguró en su noticiero de Radio Fórmula que las cuentas de Rosario Robles aún no habían sido bloqueadas. 

Sin embargo, el titular de la UIF, precisó que hubo una demora, que se  debe a la naturaleza del procedimiento.

“Se solicitó desde el viernes el congelamiento de cuentas, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tarda en diseminar (la información) en las 549 entidades financieras del país para que se congelen los recursos”, indicó Nieto Castillo.

En una carta enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, Rosario Robles solicitó imparcialidad del Poder Judicial.

Expuso que no cometió desvío de recursos durante su gestión al frente de las dos dependencias. Indicó que todos los convenios con universidades se realizaron en el marco de la Ley de Adquisiciones. Argumentó que la investigación de la “Estafa Maestra” tomó datos de la Auditoría Superior de la Federación en el tiempo que no había concluido el lapso para solventar las observaciones. Por ello, se dijo víctima de persecución política y mediática, y manifestó que se han cometido filtraciones sobre ese procedimiento.

“Lo que sí puedo acreditar, y nadie ha podido demostrar lo contrario, es que tengo la misma casa en propiedad desde 1995, una cuenta personal que acredita cómo he obtenido mis ingresos y que no poseo propiedades o activos que haya adquirido durante estos últimos cinco años”, añadió la ex funcionaria.