La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encabezada por Santiago Nieto Castillo, bloqueó las cuentas bancarias de una universidad estatal mexicana tras detectar una serie de movimientos financieros poco comunes a nombre de dicha institución.

A través de un comunicado, la SHCP dio a conocer que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el cual se percató que la institución educativa recibió depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países como Suiza, España y Reino Unido.

“Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza“, precisó la dependencia del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

De acuerdo con la UIF, estas acciones forman parte de las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por la presunción de inocencia y hasta que no se realicen las investigaciones correspondientes, la UIF no puede revelar el nombre de la institución educativa contra la cual se tomó la decisión de congelar sus cuentas bancarias.

Esta no es la primera vez que la UIF interviene en un caso así. El pasado 6 de diciembre de 2018, presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de lavado de dinero en contra de miembros de la delincuencia organizada. 

Tras tomar esta determinación, la UIF indicó en un comunicado: “La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras de crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación”.

Luego, la UIF denunció una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos, comúnmente llamado ‘huachicol’”.

Fue vía una investigación donde se detectaron depósitos en efectivo por ochenta millones de pesos, “de los cuales, se presume que veintisiete millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular”, se menciona en un comunicado de prensa que difundió vía Twitter el titular de la UIF, Santiago Nieto.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Foto: Especial

Cabe resaltar que de enero a noviembre de 2018 (bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto), la UIF solamente presentó 70 denuncia ante la PGR y se bloquearon la cuenta de 14 individuos por presunto lavado de dinero, lo que representó solamente 198 millones de pesos.

En contraste, durante el primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la UIF ordenó el bloqueo de por lo menos tres cuentas bancarias (una vinculada al crimen organizado, otra a corrupción política, y una más al robo de combustible).

Según lo enunciado por el propio Santiago Nieto, el propósito de estas acciones es incrementar el número de denuncia penales por lavador de dinero. Uno de los objetivos es “golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias”.

La ex titular de la Sedesol, Rosario Robles, involucrada en la Estafa Maestra. Foto: Especial

Universidades en la mira tras la Estafa Maestra

Uno de los escándalos de corrupción más significativos del sexenio pasado, fue el de la Estafa Maestra. A través de este esquema, dos de las secretarias del gobierno de Enrique Peña Nieto desviaron más de  7 mil 670 millones de pesos a los mexicanos. 

De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el modus operandi que ocurrió en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) se caracterizó por una serie de acuerdos realizados con un grupo de universidades públicas para hacer supuestos servicios que nunca realizaron pues a su vez subcontrataron a empresas irregulares que simularon el servicio y tampoco hicieron, sin embargo los recursos públicos destinados para ese fin desaparecieron o terminaron en manos de empresas fantasmas.

Esto fue documentado en una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político, dada a conocer bajo el nombre de “La Estafa Maestra”, en la cual se reveló cómo 11 distintas dependencias del gobierno federal habían participado en el desvío del dinero público.