La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso legal llamado incidente de revocación de la suspensión provisional con la cual un juez suspendió la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, acusado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad.
Este recurso legal es un mecanismo jurídico que permite al interesado, en este caso la FGR, solicitar la anulación o modificación de un acto o resolución que considera incorrecta o injusta, como lo fue la protección para el exgobernador.
“Agréguense únicamente para que obren como correspondan el informe previo de cuenta rendido por el Director de Área en la Dirección General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, el oficio remitido por el Fiscal Especial de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, mediante el cual interpone incidente de revocación de la suspensión provisional”, señala el resolutivo.
Sin embargo, el juez de distrito que otorgó la suspensión, puede negar su trámite si no satisface el requisito previsto por el articulo 140 de la Ley de Amparo, el cual establece mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el impartidor de justicia puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.
Y es que pese a las pruebas que hay contra el experredista, un secretario en funciones de un juez federal con sede en la Ciudad de México otorgó el ex gobernador la medida cautelar para que no se le prive de su libertad con motivo de la orden reclamada y su ejecución.
La FGR inmediatamente impugnó la decisión del togado, sin embargo, la semana pasada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México declaró improcedente e infundada la queja.
