La Fiscalía General de la República (FGR) está desmontando la red de corrupción de peces gordos de la élite política y económica que usó a la Caja Libertad como botín para hacerse de jugosos negocios irregulares al amparo del poder.
Algunos de estos “peces gordos” son ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, quienes permitieron que la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) operara con irregularidades bajo el amparo de la Comisión Nacional Bancaria y de Balores (CNBV).
Debido a su posible relación con delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, agentes de la FGR detuvieron el lunes a José Antonio Rico Rico y a José Antonio Vargas Hernández, en Matehuala, San Luis Potosí.
Además, un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte les dictó prisión preventiva oficiosa. Los abogados de ambos solicitaron que se cite a comparecer a otros testigos.
El empresario Sergio Bustamante Figueroa denunció a Rico y a Vargas por la compra-venta “ilegal” del terreno donde está la sociedad financiera popular en Querétaro.
De dicha orden de aprehensión, emitida el 6 de julio pasado, continúan prófugos Roberto Rodríguez Galvez y Tania Patricia García Ortega.
“Es el juicio a toda una época, no solo al peñanietismo, sino a las redes de poder del Grupo Atlacomulco y el salinismo. Si la Fiscalía es valiente, puede llegar a las últimas consecuencias. Juan Collado y estos dos últimos arrestos son piezas de toda esta trama”, dijo a SinEmbargo el analista político Enrique Toussaint, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En la orden de aprehensión, el empresario Sergio Bustamante acusó que “atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros”.
Bustamante se refería al ex Presidente Peña Nieto, al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y el Senador Mauricio Kuri González.
La directora de la Iniciativa de Transparencia y Corrupción de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Ángeles Estrada, dijo a SinEmbargo que:
“De nada nos sirve tener en la cárcel a esta gente si no se recupera nada de lo que desviaron del erario público y si no deshacen las redes de corrupción, si solo se quita a uno de los elementos”.
¿Quién más es señalado?
En la orden de aprehensión también se señala a:
- Jaime González Aguadé, quien fue titular de la CNBV y así eximió a Caja Libertad de posible lavado de dinero en 2014. Posteriormente fue miembro del Consejo de Administración de dicha sociedad financiera.
- Javier Rodríguez Borgio, dueño de la cadena de casinos Big Bola y ex presidente del Grupo Gasolinero Mexicano (GGM)
- Martín Díaz Álvarez, sobrino del ex Secretario de Hacienda, Francisco Gil y ex presidente del Consejo de Administración y accionista de Oceanografía
- Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía
Antonio Díaz
13 septiembre, 2019 at 12:28 pm
Es más fácil si comienzan en las sedes de estas ratototas, en el pri, el pan, el prd y las alimañas que los acompañan
Andrés Yáñez
13 septiembre, 2019 at 2:58 pm
Me congratulo porque al fin, según parece, las ratas recibirán su raticida, sólo reclamamos –la sociedad mexicana– que:
1. La escalera se barra desde el escalón superior.
2. La Fiscalía integre una carpeta de investigación sólida, con un sustento que resulte irrecusable.
3. Efectivamente, amén de encarcelarlos, NOS DEVUELVAN LO QUE INICUAMENTE LE SUSTRAJERON A LA NACIÓN.
Sería una grande decepción que, además, produciría una sensible pérdida de confianza si se aplicara aquello de: “Perdón si, olvido no”
Eso no tiene cabida para estos granujas; exigimos se aplique la ley ¡ SIN EXCEPCIONES !