FGR analiza citar a Calderón por desfalco en construcción de cárceles

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero analiza citar a declarar al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y a varios exsecretarios de Estado que estuvieron involucrados en la construcción y servicios de ocho reclusorios privados que significaron un gasto de 300 mil millones de pesos del erario federal, dinero que el gobierno debe pagar a seis empresas en un periodo de 22 años, es decir, entre 2010 y 2032.

De acuerdo con el medio digital Contralínea, se trata de una de las tramas de corrupción más grandes para el desvío de  miles de millones de pesos del erario público. Entre los involucrados destacan Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y preso por narcotráfico en Estados Unidos; Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, y Salvador Vega Casillas, ex secretario de la Contraloría de la Función Pública, además de otros 30 ex funcionarios responsables de la dirección y administración de penales federales.

Calderón sería procesado por un daño patrimonial que asciende a  41 mil millones de pesos, esto según la  carpeta de investigación de la Fiscalía número 611/2020.

Foto: Especial.

El ex presidente asignó de manera directa la construcción de los reclusorios a seis empresas: ICA, GIA, Prodemex, Arendal, Homex y Tradeco; pero cuatro de ellas vendieron los contratos gubernamentales a otras empresas a pesar de que eso estaba prohibido por tratarse de asignaciones bajo la modalidad de “contratos de seguridad nacional”, por lo cual la Fiscalía General de la República también podría imputar y citar a declarar a los empresarios y representantes legales de las empresas ICA, Arendal, Homex y Tradeco.

Al tomar las riendas del gobierno a finales de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dio cuenta del desfalco y ordenó de manera inmediato que se abriera una investigación sobre dicha asignación de contratos.

Una de sus primeras acciones fue negociar con los empresarios involucrados una reducción del 15 por ciento del monto total que el gobierno federal está obligado a pagar los próximos 22 años. El monto quedó en 235 mil millones de pesos, que corresponden a los primeros diez años (2010-2020), y de los que hasta ahora apenas se han liquidado cerca de 90 mil millones de pesos, por lo que restan por pagar 145 mil millones.

Foto: Especial.

Las empresas y sus representantes legales involucrados en estas operaciones irregulares que causaron un daño patrimonial a la nación cercano a los 50 mil millones de pesos, son ICA, la cual vendió dos contratos a la empresa EXI Cuantum y sus representantes legales son Pablo García Aguilar y Horacio Esparza Pérez; Arendal vendió un contrato que le había asignado Calderón Hinojosa, a la empresa Inbursa, en donde el apoderado legal es Carlos Arturo Alcalá R; Homex también vendió un contrato a Inbursa con el mismo apoderado; y Tradeco vendió un contrato al polémico fondo de inversión BlackRock.

Las dos empresas que no vendieron sus contratos y que también aceptaron la reducción del 15 por ciento son: GIA (Grupo Ingeniería Arquitectura), cuyo fundador y presidente es Hipólito Gerard Rivero, ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y sus representantes legales son Jorge Ibarrola Morlet y Jorge Enrique Morales; y Prodemex, cuyo representante legal es Mario de Jesús Eternod Aguilar.

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En la auditoría número 17GB, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, bajo el título “contrato de prestación de servicios a largo plazo”, correspondiente a la cuenta pública 2017, se determinó que la asignación de contratos a seis empresas privadas para realizar la construcción, equipamiento y puesta en operación de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), tuvo un sobrecosto de 41 mil 26 millones 400 mil pesos, además de múltiples irregularidades en torno a la contratación de los servicios de auditoría técnica, en contravención a los contratos de prestación de servicios.