Rosario Robles Berlanga, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se presentó a comparecer al Reclusorio Sur de la Ciudad de México para responder por las acusaciones del desvío de más de 5 mil millones de pesos de ambas dependencias de las que estuvo al frente.

“Solamente quiero decirles que estoy bien. Lo único que les quiero decir… en este momento voy entrar [a la audiencia] a conocer apenas. Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y estoy muy tranquila”, dijo la ex funcionaria federal a su llegada, antes de entrar a la audiencia.

La ex funcionaria federal, Rosario Robles Berlanga arribó en punto de las 10 de la mañana a los juzgados del Reclusorio Sur. Acompañada de su hija, Mariana Moguel y sus hermanas. Apenas bajó de su camioneta y camino unos pasos, recibió gritos de ¡corrupta!

 

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentaron como pruebas de tal acusación  27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad  de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Teresa Maldonado, Agente del Ministerio Público (MP) federal, dio lectura a las imputaciones directas a Robles, las cuales son  “por el posible ejercicio indebido del servicio público, porque supo por el cargo que ella tenía, de estos actos y no informó al Presidente [Enrique Peña Nieto], y no actuó en contra a pesar de que ambas cosas están estipuladas en los reglamentos de Sedesol y Sedatu”.

“Usted, señora María del Rosario, estando en la Sedesol y Sedatu, de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018, respectivamente, sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era Secretaria de Estado (…) En junio de 2014, usted tuvo conocimiento de los actos, por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación, y volvió a tener conocimiento en septiembre de 2014 y junio de 2015”, dijo Maldonado.

Maldonado enumeró las acusaciones y dijo que lo hecho en  Sedesol se repitió en la Sedatu, por lo que pidió “el auto de vinculación a proceso por los hechos conocidos como la “Estafa Maestra”; por las irregularidades de las que tuvo conocimiento de manera interna y por la ASF, por hechos cometidos por servidores públicos de sus secretarías”.

Según la información dada a conocer por diversos medios de comunicación, los abogados defensores de Robles Berlanga, intentaron desacreditar a la ASF para que no participara en la audiencia, pues argumentaron que éste órgano de fiscalización no se puede considerar como parte ofendida, ya que  sólo se limita a regular bienes jurídicos y el patrimonio es “derecho del pueblo”.

Dijeron que se trata de un órgano técnico designado por la Cámara de Diputados y que entre sus facultades no estaba la regulación.

Sin embargo, la Fiscalía y el representante de la ASF expusieron  que a pesar de que se trata de un órgano técnico, este tiene como objetivo la fiscalización de las cuentas públicas del erario federal, además de ser el órgano encargado de salvaguardar la Hacienda Pública Federal.

Argumentaron también que dentro de sus atribuciones está la facultad de coadyuvancia con el Ministerio Público y que por lo tanto su participación es aplicable en ese caso concreto.

Después de  15 minutos de análisis, el juez determinó que  la ASF tiene  calidad constitucional para  participar en el juicio porque tiene la facultad de velar por los fondos presupuestales y las metas que tengan estos; además de que tiene la capacidad de señalar las fallas y la obligación de coadyuvar con el MP.

Los defensores de Robles Berlanga intentaron dos veces más para que no se llevara a cabo la audiencia. En el segundo intento argumentaron argumentó que hasta el día de hoy la Fiscalía presentó   pruebas en contra de su cliente, y en el tercer intento, el abogado de la ex funcionaria  habló de un acuerdo realizado en un juicio de amparo en Chiapas a un tercer imputado, del que dijo se reservaría el nombre porque esa podría ser una probable causal de la audiencia.

No obstante, el juez lo recriminó  con un tono enérgico y le dijo que no le permitiría “diferir la audiencia tramposamente por un amparo que se promovió a otra persona”.

Todavía ayer Berlanga mantenía la esperanza de que la audiencia fuera suspendida, pero un juez federal se negó a otorgar una suspensión definitiva para frenar la ejecución de cualquier orden de aprehensión en contra de Rosario Robles debido a que no existe un mandato del cual deba ser protegida.

“Se niega la suspensión definitiva que solicitó, de los actos y autoridades precisados en el considerando Segundo, por lo motivos expuestos en el considerando Tercero de esta interlocutoria”, dijo Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, en su resolución.