Luego de que diputados aprobaran una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de crédito, varios opositores al gobierno federal entre ellos Lilly Téllez, acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer apropiarse del dinero de cuentas bancarias inactivas, por lo que el mandatario desmintió tal dicho y brindó detalles sobre la reforma.
“Ayer un lío, un escándalo, de que ahora ya queríamos confiscar las cuentas bancarias, de que si nadie reclamaba una cuenta después de seis años venga para acá. Para empezar es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia”, detalló López Obrador.
AMLO, presidente de México. Foto: Presidencia de la República.
López Obrador agregó que en redes sociales circularon mensajes donde lo culpaban por la nueva reforma, pues decían, “el presidente no tiene llenadera”. Ante eso, el mandatario señaló que ahora se tienen finanzas sanas y no hay necesidad de “andar bolseando como hacían antes”.
“Yo puedo decir al pueblo de México, que nosotros tenemos finanzas sanas. No es para presumir, pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos. No es que estemos desesperados, no. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza”, manifestó López Obrador.
En cuanto a la reforma del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el mandatario aclaró que es una iniciativa de los legisladores, quienes tienen facultad de presentar iniciativas por su cuenta y detalló que la reforma se aprobó casi por unanimidad en la Cámara de Diputados .
“Estas iniciativas como la de la obtención de los recursos de estas cuentas, que no son reclamadas por nadie, pues no son iniciativas del Ejecutivo, yo no envié esa iniciativa”, declaró López Obrador.
En este tenor, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó que la iniciativa de los legisladores se trata de una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se modificó el artículo 61 para que los bienes que ya no son reclamados se puedan usar en beneficencia pública, por lo que de ninguna manera significa “apropiarse de ninguna cuenta”. Detalló que el trasfondo de la norma es poder utilizar el dinero de las cuentas que se les congelan o confiscan al crimen organizado, esto para destinarlo a programas sociales.
“Es una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, se modificó un artículo, el 61, que tiene que ver precisamente con estas cuentas que después de un tiempo no son reclamadas y el banco las asumen como suyas, teóricamente para encargarse de temas de beneficencia pública”, explicó Ricardo Mejía Bermeja.
En este sentido, López Obrador invitó a los legisladores para que proporcionen más información sobre la nueva norma, pues al parecer el dinero que se incaute de la cuentas bancarias relacionadas con delitos del crimen organizado se repartirán entre la federación, los estados y la seguridad pública.
Sin embargo, el presidente consideró que un mejor destino para dichos recursos sería usarlos en programas sociales para ayudar a personas con discapacidad, adultos mayores o en el sector de la salud.
“Yo pido con todo respeto al Poder Legislativo que informen y que profundicen más sobre el tema, como todavía tiene que ir al Senado hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la federación y otro porcentaje es para los estados y seguridad pública y yo digo no, que sea para personas con discapacidades, que sea para adultos mayores, que sea para la salud”, dijo López Obrador.
Reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito
La iniciativa para reformar el artículo 61 de la Ley De Instituciones de Crédito, para que los recursos bancarios de cuentas inactivas se destinen a seguridad pública, se presentó por el diputado morenista Ignacio Mier Velazco ante la Cámara de Diputados y fue suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena.
La reforma fue avalada en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones.
La reforma dicta que las instituciones estarán obligadas a entregar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre de este año.
La nueva reforma establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer de manera anual los mecanismos de distribución de los recursos, el cual deberá establecer un porcentaje de 50 por ciento para la Federación, un 30 por ciento para las entidades federativas y un 20 por ciento para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.
El diputado Ignacio Mier señaló que en el sistema financiero existen recursos que no tienen origen lícito y provienen de la delincuencia organizada, por lo que “son recursos que ya prescribieron”.
“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho de ser reclamado ha prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no afectan las garantías constitucionales”, aclaró Mier.
