Las empresas conocidas como “factureras” han causado un daño de más de 54 mil millones de pesos al erario desde 2022, detalló la Procuraduría Fiscal, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados.
Las factureras fueron por años “la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos” y hasta la fecha “tenemos este fenómeno muy vivo”, reconoció Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación.
Sólo en lo que va de 2025 se ha detectado un quebranto al fisco por 5 mil 600 millones de pesos a través de estos esquemas, detalló.
Durante su comparecencia frente a comisiones de la Cámara de Diputados, la funcionaria detalló que de 2022 a 2025, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó 59 denuncias por un monto defraudado que en conjunto alcanza los 54 mil 698 millones de pesos.
Galeano García desglosó que en 2022 este esquema resultó en un fraude al fisco por 17 mil millones de pesos; en 2023 por más de 21 mil millones de pesos; el año pasado se redujo a 10 mil millones; y sólo en lo que va de 2025 se tiene registro de 5 mil 600 millones de pesos que ya fueron denunciados.
En cuanto al huachicol fiscal, recordó lo informado un día antes al Senado por Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda. Y es que en los últimos dos años, la Procuraduría ha presentado más de 100 querellas por un quebranto de 16 mil millones de pesos, derivado de operaciones en las que gasolinas se hicieron pasar por aditivos para evadir el pago de impuestos.
Galeano García enfatizó que la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación 2026 que Hacienda presentó al Congreso atiende a un “principio irrenunciable de justicia fiscal: que pague más quien más tiene, que nadie puede esconderse en lagunas legales y que la carga tributaria sea equitativa”; y “que nunca más la hacienda pública será saqueada a través de simulaciones”.
Por su parte, el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, subrayó que el aumento del IEPS a cigarros, bebidas azucaradas y con edulcorantes no es meramente recaudatorio, sino una medida de salud pública.
“La salud pública no es una concesión, es un derecho”, aseguró.
A su vez, Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, recordó que en la administración pasada se recaudaron 23 billones de pesos, 24.3% más que en el sexenio previo, y que en 2025 la tendencia de crecimiento se mantiene: de enero a septiembre ya se recaudaron 4 billones de pesos, un 6.9% más en términos reales que en el mismo periodo del año pasado.
Finalmente, en perspectiva, los fraudes detectados por factureras y huachicol fiscal, aún se quedan cortos frente a los 74 mil millones de pesos que Grupo Salinas mantiene en litigio con el SAT. De los cuales 48 mil millones ya esperan resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
