La audiencia de imputación de cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ya supera las 14 horas de duración. Los detenidos enfrentan cargos por peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.
Los imputados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la SSP; y Elizabeth Villegas, exdelegada administrativa de la misma dependencia. Fueron arrestados en la Ciudad de México y Morelia.
La audiencia, que inició a las 21:00 horas del sábado en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ha tenido dos recesos de 15 minutos y se espera que concluya en el transcurso del domingo, de acuerdo con una nota de la periodista Natalia Vitela en el diario Reforma.
Reclusorio Oriente. Foto: Cuartoscuro
Fuentes judiciales indican que la jueza de control Patricia Sánchez Nava, quien ordenó la aprehensión de los exfuncionarios y preside la audiencia, es de reciente designación y este es su primer caso de alto perfil.
Se prevé que este mismo día se determine si los imputados enfrentarán prisión preventiva o si la defensa solicitará la duplicidad del plazo constitucional, lo que prolongaría la definición de su situación jurídica.
Los exfuncionarios están acusados de desviar más de 5 mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil de Michoacán.
Silvano Aureoles.
La Fiscalía General de la República (FGR) también busca la captura de Silvano Aureoles, a quien se le acusa de contratar con sobreprecios el arrendamiento y construcción de siete cuarteles estatales por un monto de 5 mil 186 millones de pesos.
Durante la jornada del sábado circularon versiones sobre la presunta detención del exmandatario perredista. Sin embargo, la FGR desmintió su captura y confirmó que solo se han ejecutado cuatro órdenes de aprehensión contra sus excolaboradores.
Se espera que en los próximos días la FGR continúe con las diligencias para determinar la situación legal de los implicados y el paradero de Aureoles.
